Argentina, del amor al odio por las empresas españolas

Argentina, del amor al odio por las empresas españolas

El primer daño a la relación histórica y estratégica entre Argentina y España fue la rescisión del contrato a inicios de 2006 de Aguas Argentinas, la firma que daba servicios de agua potable y cloacas en Buenos Aires.

En sus nueve años de Gobierno, Néstor y Cristina Kirchner no titubearon en recurrir a las estatizaciones-expropiaciones para recuperar los activos empresariales que consideraran estratégicos. La expropiación del 51% de Repsol en YPF a principios de abril llevó los montos por la renacionalización de empresas españolas privatizadas a casi US$ 12.000 millones.

España, el principal inversor en Argentina con US$ 23.000 millones, fue el país que más padeció estas decisiones: el 50% de sus activos ya pasaron a manos del Estado. La petrolera YPF es la empresa más grande de Argentina, en facturación y cantidad de empleados. Además es clave desde el punto de vista energético luego de ocho años consecutivos de caída de la producción de gas y petróleo.

Para Antonio Brufau, CEO de Repsol, ese 51% que ya está en manos del Estado argentino vale US$ 10.500 millones. Para el Gobierno argentino, en cambio, ese valor puede ser cero a causa del alto endeudamiento de la empresa y la caída de la producción de gas y petróleo. El proceso previo a un juicio de arbitraje internacional está en marcha.

El primer daño a la relación histórica y estratégica entre Argentina y España fue la rescisión del contrato a inicios de 2006 de Aguas Argentinas, la firma que daba servicios de agua potable y cloacas en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. El 25% del capital de la firma estaba en manos de Aguas de Barcelona, que junto con su socio Suez, decidieron reclamar US$ 1.200 millones ante el tribunal de arbitraje internacional del Banco Mundial (Ciadi). De esa compensación demandada, se deduce que el valor del activo lesionado de los españoles se estima en US$ 300 millones.

En septiembre de 2008, el Congreso argentino aprobó la nacionalización de los fondos privados de pensión (Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión). Entre los afectados figuró Consolidar AFJP, del banco BBVA.

La Ley 26.425, que eliminó el régimen de las AFJP, establecía que los accionistas serían compensados por un monto que no superara el equivalente a su capital social. Hasta ahora, sin embargo, la norma nunca fue reglamentada y ninguna AFJP recibió resarcimientos.

Las empresas afectadas temían algún tipo de represalia oficial a quienes iniciaran acciones legales. Pese a ello, Consolidar presentó una demanda contra el Gobierno argentino en la que reclama 134 millones de pesos argentinos (casi U$S 30 millones, al tipo de cambio actual) en concepto de "daño emergente y lucro cesante".

La medida sorprendió ya que el grupo financiero español tiene desarrollada toda su red de negocios en ese país, donde obtiene el 5% de sus ganancias globales. BBVA es uno de los tres principales bancos de Argentina. Al momento de la estatización, el activo de Consolidar AFJP rondaba los 16.500 millones de pesos argentinos (unos US$ 3.600 millones).

Un año después, Cristina Fernández de Kirchner mandó al Congreso otra ley para expropiar Aerolíneas Argentinas al grupo Marsans, tras diferencias por las tarifas de los pasajes, el deterioro de la calidad del servicio y la salud financiera de la empresa. La compañía española, enfocada en el negocio del turismo, reclama ante el tribunal del Banco Mundial una indemnización de US$ 1.100 millones.

En abril de este año, a los pocos días de la expropiación de YPF, la reacción del gobierno de Mariano Rajoy fue, al menos en el discurso, amenazante. El canciller español José Manuel García Margallo dijo: "Argentina se disparó en el pie". La Unión Europea se alineó con La Moncloa al exigir un castigo comercial al país sudamericano, y España suspendió las importaciones de biodiesel.

En menos de un mes, sin embargo, García Margallo moderó sus palabras. En su última declaración invitó a la Argentina a discutir "entre naciones hermanas" y aclaró que la expropiación de una de las compañías emblemáticas de España no debe dañar la relación histórica de dos "pueblos amigos". Madrid sabe que no puede poner en riesgo a las otras empresas españolas que todavía hacen negocios en Buenos Aires. Las ganancias que allí se generan son vitales para la supervivencia financiera de las casas matrices, en medio de la crisis económica más profunda de España desde su regreso a la democracia.

Obligados por la necesidad, ambos gobiernos avanzan por caminos opuestos a partir de la expropiación de YPF. Argentina, del amor al odio; España, del odio ¿al amor?

Este post estará disponible también en el blog del autor La revancha de Keynes.