Ha sido un año y medio intenso, por decirlo suavemente. El tiempo de Francisco Serrano como líder de Vox en el Parlamento de Andalucía, desde su aparición “estelar” en la noche de las elecciones, ha dejado una buena lista de polémicas culminadas este miércoles con el anuncio de su salida del partido tras una querella de la Fiscalía.

Sus palabras, dentro y fuera de la Cámara han generado reacciones encendidas incluso dentro de su formación, que en varias ocasiones ha salido al paso de su ‘jefe’ territorial. Hay de todo: machismo, racismo... y ahora, hasta un posible delito por fraude. Las ha tenido de todos los colores.

La ‘kale borroka’ feminista

La cosa empezó pronto. Apenas constituido el Parlamento, Serrano aseguró que las concentraciones feministas a las afueras del edificio contra la investidura de Juanma Moreno en enero de 2019 era ‘kale borroka’.

Tan grave vendió el asunto que aseguró que llegaba muy temprano a la sede parlamentaria “para impedir que pueda ser objeto de una agresión”. “Y cuando un parlamentario tiene miedo a sufrir una agresión es que algo está fallando en este país”, sentenció en su debut.

La sentencia de ‘La Manada’ y la prostitución

El exjuez hizo un combo a raíz del fallo judicial. Primero señaló que la sentencia de 15 años contra los cinco imputados por la violación a una mujer en Pamplona, se basó en una “apreciación”. Como ocurre en muchos casos, quiso aclarar sus palabras y lo enturbió aún más. Apuntó que la decisión estaba dictada por “la turba feminista supremacista” y que, vista la situación, la única relación “segura” entre hombres y mujeres “será a través de la prostitución”.

Pero, y había más, quedaba una tercera versión. Más ‘light’, sí, aunque a su manera. Poco después de su mensaje en Facebook, que borró y que luego dijo que no lo había escrito él sino un colaborador, señaló que los miembros de ‘La Manada’ “son unos machistas”, pero que se debía juzgar a cada uno “por lo que se hace y no por lo que una persona es o por la imagen que proyecta en la sociedad”. 

Y aunque ya no hablaba de “turba feminista supremacista”, mantenía que el fallo se dictó “bajo la presión mediática de grupos de poder que quieren imponer sus prejuicios frente a las garantías del proceso”.

Una baja por “motivos de salud” en plena polémica

Días después de su triple o cuádruple versión del caso de ‘La Manada’ y cuando aún coleaban las protestas en su contra, sorprendió con una noticia el 26 de junio: se cogía una baja médica “superior a 30 días” pero por causas ajenas a esa controversia. Ni siquiera llegó al mes, el 25 de julio, recibió el alta y se reincorporó a su actividad parlamentaria. Por entonces, las aguas estaban más calmadas.

Aprovechar la pandemia para ‘pescar’ clientes

Un grupo de juristas, la Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Madrid (ALA) pidió en abril, durante el pico de la pandemia de coronavirus, que se abriese un expediente disciplinario deontológico contra él por intentar captar clientes de forma “desleal” para su despacho, llamado Serrano Abogados, ofreciendo sus servicios a las víctimas.

En su texto, ALA señalaba que Serrano –magistrado en situación administrativa de servicios especiales– y un socio “ofertan sus servicios profesionales en plena pandemia, para orientar jurídicamente a personal sanitario, miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pymes y autónomos”, algo que prohíbe el Código Deontológico de la Abogacía.

En una entrevista a El Correo de España, el compañero de Serrano, Antonio García-Berbel, admitió que ante la situación de epidemia y dada la respuesta del Gobierno, la iniciativa surgió de manera “natural” en el despacho.

Para la asociación de juristas, en la entrevista se reflejaba que la plataforma “se crea dentro de una crítica política ajena absolutamente a la asistencia jurídica que, torticeramente, dice ofrecer”. Y añadían entonces que la plataforma de afectados remitía al despacho Serrano Abogados, concretamente en el apartado creado expresamente para tal fin denominado plataformacovid@gmail.com a la que se accedía desde la pestaña denominada “COVID-19”.

El aborto, la natalidad y la inmigración

Otro ‘combo’. Serrano acusó a la legalización del aborto como causa principal en el “hundimiento” de la natalidad. Hay más: la “crisis” de la familia, la concepción del amor y la ideología de género son otras de las culpables para el diputado.

Sus palabras no salieron de un entrecomillado mal entendido en una entrevista, sino en una intervención en el pleno del Parlamento con motivo del debate sobre la Estrategia ante el Desafío Demográfico.

Allí, en plena tribuna, llegó a decir que la inmigración masiva no es la solución porque “detraen más de lo que aportan” y que “se habla de que no queda otra solución que dejarse invadir por africanos que todavía se toman las molestias de tener hijos. Les estamos robando además a esos países, si se dice que son los mejores, que no lo son, un capital humano que necesitan para su propio desarrollo”.

Sus palabras formaron un gran escándalo en la Cámara regional, cómo no.

Entra la Fiscalía en escena

En noviembre de 2019, la Fiscalía de Sevilla comenzó a investigar un posible fraude en una empresa suya y de un socio, Bio Wood Niebla por una subvención de 2,5 millones de euros. 

El origen del proceso se sitúa un mes antes, el 10 de octubre, cuando la asociación de consumidores Facua informó que Hacienda reclamaba la devolución de esa cantidad para ejecutar un proyecto que al final no se llevó a cabo.

El procedimiento de la Fiscalía de Sevilla pasó, este miércoles 1 de julio, a la Fiscalía Superior de Andalucía, que ha dado continuidad a la investigación y ha presentado una querella por delito de fraude contra el exjuez y su socio. Una decisión legal que ha sido la gota que ha colmado el vaso para el diputado, que ha reaccionado anunciado su “baja” de Vox para “no manchar al partido”.

‘Bonus track’: antes de ser diputado

El juez Serrano es llamado así porque antes de la política ejerció como Magistrado. En concreto, como titular del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Sevilla, entre 1998 y 2011, cuando un fallo suyo acabó con su inhabilitación por parte del Tribunal Constitucional.

El órgano sentenció que Serrano prevaricó al permitir que un niño, en contra del régimen de visitas establecido por sus padres, separados, pudiese asistir a una procesión de Semana Santa en 2010 junto a su padre, pese a la oposición de su madre. 

Según explicaron fuentes familiares, el hijo quería participar en una procesión durante ‘La Madrugá’ (noche del Jueves al Viernes Santo), pero el régimen de visitas del padre terminaba el Miércoles Santo, 31 de marzo y debía devolver ese día a su madre al menor, que estaría con ella hasta el Domingo de Resurrección. Sin embargo, el juez autorizó al padre a seguir con su pequeño