La protección en el ciberespacio, a estudio en el Senado

Que Internet y, por ende, las redes sociales, son un entorno, un espacio público en el que también se manifiesta la violencia, ya sea de género, a menores o contra el propio sistema -por supuesto, para aquellas personas que padecen esta perversa propensión-, es un hecho constatado y, lo es, por varias razones.

La poca habilidad necesaria para mantener el anonimato, la dificultad actual para dar con la identidad de los malos, así como la facilidad y rapidez para cometer las agresiones virtuales, son algunos ejemplos.

La introducción de las tecnologías en las rutinas sociales ha significado una de las mayores revoluciones para el progreso económico, social y cultural. No obstante, en todo el positivo hay que hallar, por fuerza, a su negativo. Mediante el uso de WhatsApp, Tuenti, Facebook, Skype o cualquier otro tipo de aplicación similar, es posible el control, acoso, intimidación y/o maltrato psicológico de la persona que agrede y/o maltrata.

Además, debido a que los teléfonos inteligentes disponen de cámara y dispositivos de geolocalización integrada, se puede exigir a las víctimas que aporten pruebas, fotos o vídeos de con quién están y de lo que están haciendo. Es decir, las nuevas tecnologías, junto a las redes, permiten a los malos llegar a controlar totalmente a las personas y a realizar, a través de las redes sociales o los servicios de mensajería instantánea, un control que, hasta hace unos años, era impensable.

A modo de ejemplo, en el creciente grupo violentado, menores de entre 13 y 17 años nace el concepto sexting, o envío de fotografías e información de sí mismos a personas especiales, a menudo sin ropa y, a veces, se convierten en objetos de chantaje.

El hecho de que surjan movimientos boicoteando la red social Facebook por no controlar contenidos que atentan e incitan a la violencia contra la mujer o contra los menores y que la compañía se comprometa formalmente a aumentar la seguridad, es tan sólo un ejemplo de la preocupación que se percibe socialmente y que a los representantes políticos no nos puede pasar desapercibido.

Al hilo de ello y para dar respuesta a ésta y a otras cuestiones relacionadas, se está desarrollando en el Senado una Ponencia conjunta de estudio sobre los riesgos derivados del uso de la Red por parte de los menores.

Ante ella, se vienen dando cita expertos, profesores, divulgadores, organizaciones de padres y madres, empresas, unidades especializadas en la materia de la Policía, Guardia Civil, Ertzaintza y Mossos d'Escuadra, que abordan casos reales, con especial atención a situaciones tales como la agresión contra la intimidad de las personas, la pornografía infantil, la pederastia o el acoso de género en la red, especialmente entre nuestros jóvenes. Y, todo ello, con un objetivo definido: formular las estrategias, los procedimientos y las acciones que mejoren la protección de estos colectivos en la red.

Probablemente no será uno de los trabajos que más se conozcan del Senado, a pesar de que cuenta con un nutrido conjunto de senadores y senadoras de todos los grupos, -algunos de ellos, además, padres y madres de adolescentes- que venimos abordando esta materia a lo largo de varios meses y continuaremos con esta tarea en el presente periodo.

Esta es tan sólo una acción contra los fenómenos surgidos recientemente de la aplicación de las tecnologías a la vida diaria pero, en mi opinión, sus conclusiones y recomendaciones serán útiles para todos.