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06/12/2015 09:53 CET | Actualizado 06/12/2016 11:12 CET

A vueltas con la reforma de la Constitución

En la celebración de este cumpleaños de la Constitución podemos, tal vez, albergar, con mucho optimismo, alguna esperanza o deseo: que las fuerzas parlamentarias que salgan elegidas de la próxima cita electoral sean capaces de renunciar a parte de la magnificencia de sus ideas para conseguir algo mucho más magnífico: una Constitución reformada que dé respuesta a los retos y desafíos que tenemos que afrontar en los próximos 37 años.

EFE

La pregunta está en el aire: ¿Hay que reformar la Constitución? De ser así, ¿por qué y para qué? Vayamos por partes. Nuestra Constitución, de la que estos días celebramos su aniversario, no es una Constitución vieja, como algunos se empeñan ahora en decirnos en tono despectivo, haciendo gala de un adanismo que rezuma banalidad. No lo es porque, en términos constitucionales, 37 años no son muchos. De hecho, las Constituciones a las que miramos para aprender, la de los Estados Unidos de América, la de la República Federal de Alemania, la de Francia o la de Italia, por ejemplo, fueron aprobadas años atrás, en algún caso, hace un par de siglos. Así que el argumento "gran parte de los ciudadanos de hoy no pudieron votar en 1978 el texto constitucional" no parece muy convincente, aunque tampoco haya que despreciar completamente la idea hacia la que apunta: la importancia de que las generaciones presentes se sientan identificadas con su principal norma de referencia.

Pero el problema auténtico no es el tiempo, sino el contenido. Nuestra Constitución, en términos generales, es una Constitución adecuada para el momento presente. Las grandes decisiones que en se adoptaron cuando se aprobó siguen siendo perfectamente válidas: democracia, división de poderes, monarquía parlamentaria, derechos y libertades fundamentales... Cabría hacer matizaciones, alguna mejora, pero no es fácil detectar una obsolescencia de la materia principal de la que están hechas las Constituciones.

En materia de derechos y libertades se podría dotar de mayor protección y garantías a algún derecho que hoy forma parte de los poco efectivos principios rectores de la política social y económica. Pienso, sobre todo, en el derecho a la salud, sin duda merecedor de un mayor reconocimiento constitucional. O alguno otro que ha adquirido rango legal y que ha sido validado por el Tribunal Constitucional pero que, al afectar al núcleo duro del principio de igualdad, también merecería una indubitada protección constitucional, como sucede con el derecho al matrimonio entre las personas del mismo sexo.

Desde luego, puestos a reformar, sería más que conveniente, imprescindible, incluir en la Constitución, una referencia clara a la integración de España en la Unión Europea, con todos los honores, y no por la puerta de atrás, y de modo un tanto vergonzante, tal y como se hizo con la desdichada reforma del art. 135 CE. No solo porque la Unión Europea hoy en día, desde hace años, a decir verdad, sea una realidad institucional y normativa que determina, en buena medida, las decisiones que los poderes públicos nacionales puedan tomar, afectando incluso muchas de sus decisiones directamente a los ciudadanos, sino porque, además, hay que dar impulso al proyecto europeo, el único verdaderamente esperanzador con el que contamos a fecha de hoy.

Me parece que quien crea que con la reforma constitucional se va a conseguir solucionar el problema catalán, se equivoca, pues en realidad no es un problema constitucional, sino político.

En el imaginario colectivo ha calado profundamente la idea de que hay que reformar las reglas sucesorias en el acceso al trono para evitar la discriminación que hoy padecen las mujeres cuando hay varón. Está bien. Si esa sensibilidad existe, no está de más recogerla en el texto constitucional, aunque eso suponga ignorar la mayor: que la Monarquía es una institución que en Democracia contradice, por definición, todo principio de igualdad, ya que su existencia implica la imposibilidad de concurrencia libre a la Jefatura del Estado de cualquier ciudadano que no forme parte de una determinada familia. La Monarquía, en efecto, responde a otra lógica. Su legitimidad es histórica, pero, sobre todo, de ejercicio. Es decir, en la medida en que quien representa la institución disfrute de elevada aceptación o reconocimiento social, su pervivencia estará garantizada (como parece ser en estos momentos el caso). Si dejase de ser así, veríamos. Pero, como decía, si esa amplia aceptación existe (de hecho, parece que es una de las instituciones mejor valoradas), y la "sensibilidad social" no soporta ya la discriminación derivada de la vieja ley sálica, está bien acabar con ella.

El gran desafío está, como ya casi todo el mundo reconoce, en la llamada cuestión territorial. Como en 1978 no se pudo afrontar este problema de otra manera, dadas las distintas sensibilidades en disputa, el constituyente decidió dejar para el futuro legislador la respuesta al mismo. El famoso compromiso apócrifo que nos enseñó un tal Carl Schmitt. El Estado autonómico es, por tanto, consecuencia de unos anclajes constitucionales escasos, pero muy firmes (soberanía de todo el pueblo español, unidad del Estado, reconocimiento de la autonomía de las llamadas nacionalidades y regiones, solidaridad entre todas ellas, etc.), que se ha creado y desarrollado por obra de los sucesivos estatuyentes y del propio legislador estatal y autonómico, con las aportaciones inexcusables y muy frondosas del Tribunal Constitucional. Y pese a ese difícil parto, y a que han sido muchas las manos que lo han posibilitado, lo cierto es que, en mi opinión, que era la opinión de muchos hace años, pero hoy de algunos menos, la historia del Estado autonómico es una historia de éxito.

Naturalmente, eso no significa que todo esté bien. Ni mucho menos. Las cosas territoriales no están nada bien. La crisis política e institucional que padecemos, que tiene diversas causas, no solo una, ha afectado de lleno a nuestra organización territorial. El desafío secesionista catalán ha venido a agravarlo todo. Ignorar o, peor aún, despreciar el Estado de Derecho, es decir, amenazar con no cumplir la ley, complica mucho las cosas, desde luego. Con todo, creo que estos problemas territoriales, que existen, deben de afrontarse seriamente, y eso implica, no queda otra, llevar a cabo una reforma constitucional, pero no para dar una respuesta (federal) a quienes no se van a conformar con ella, sino para organizar mejor lo que tenemos. En efecto, me parece que quien crea que con la reforma constitucional se va a conseguir solucionar el problema catalán, se equivoca. Con la reforma constitucional lo que se puede intentar es dotar a nuestro Estado, a todo él, de una mejor organización y funcionamiento, en tres aspectos fundamentales.

La palabra mágica de la Transición, "consenso", sigue teniendo pleno valor. Pero su simple invocación no tiene efectos taumatúrgicos. El consenso, se dice, es el fin, no el inicio. Es cierto. El consenso hay que trabajárselo

En primer lugar, el reparto de competencias, para que sea más claro, evitando así que se produzcan tantos conflictos entre Estado y Comunidades autónomas, y facilitando además que los ciudadanos puedan saber con más justeza a quién premiar o castigar, cuando llegue el crítico momento electoral, por la realización de las tareas pública (si al Estado central o a la Comunidad autónoma respectiva).

En segundo término, interesaría, a mi juicio, convertir el Senado en una Cámara en la que las Comunidades autónomas pudieran expresar su voluntad política, defender sus intereses, plantear sus necesidades o demandas legislativas. Y, a tal efecto, seguramente el mejor modelo a seguir sea el del Bundesrat o Consejo Federal alemán, dado que en él están presentes, de manera relativamente proporcional a la población, los Gobiernos de cada uno de los Länder que integran la República Federal de Alemania. Los Gobiernos, sí, porque son ellos los que mejor pueden expresar la voluntad (unívoca) de su territorio, al ser los responsables de su dirección política.

También convendría incluir en la Constitución los principios básicos del sistema de financiación de las Comunidades autónomas, basado en dos principios: la corresponsabilidad fiscal y la solidaridad interterritorial.

Habría más, pero creo que estas son las reformas esenciales a nivel constitucional que necesita nuestra organización territorial para mejorar la organización y funcionamiento del Estado todo.

Ya lo he dicho, pero por si quedara alguna duda, lo reitero: ¿Es esta la solución para Cataluña? Entiendo que si es una solución adecuada para que el Estado español esté mejor organizado y funcione mejor, en parte también es la solución que necesita Cataluña. Ahora bien, resulta evidente que esto no es suficiente para abordar el llamado "problema catalán", que, en realidad, no es un problema constitucional, sino político, y que, por tanto, ha de ser afrontado políticamente, cosa que o bien no se ha hecho acertadamente en algún momento, o bien directamente no se ha hecho en los últimos tiempos.

Por último, una reflexión sobre el modo de llevar a cabo la reforma. La palabra mágica de la Transición, "consenso", sigue teniendo pleno valor. Pero su simple invocación no tiene efectos taumatúrgicos. El consenso, se dice, es el fin, no el inicio. Es cierto. El consenso hay que trabajárselo. Las celebraciones son momentos de alegría y optimismo. En la celebración de este cumpleaños de la Constitución podemos, tal vez, albergar, con mucho optimismo, alguna esperanza o deseo: que las fuerzas parlamentarias que salgan elegidas de la próxima cita electoral sean capaces de renunciar a parte de la magnificencia de sus ideas para conseguir algo mucho más magnífico: una Constitución reformada que dé respuesta a los retos y desafíos que tenemos que afrontar en los próximos 37 años.

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