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15/07/2013 07:27 CEST | Actualizado 13/09/2013 11:12 CEST

Derecho a decidir por dos

¿Podemos los catalanes decidir nuestra pertenencia a España mediante un referéndum? Los defensores del "derecho a decidir" plantean, en términos coloquiales, el símil de una pareja: si una de las partes quiere separarse, ¿cómo se va a impedir?

¿Podemos los catalanes decidir nuestra pertenencia a España mediante un referéndum? Los defensores del "derecho a decidir" plantean, en términos coloquiales, el símil de una pareja: si una de las partes quiere separarse, ¿cómo se va a impedir? Desde la política española no se acepta la metáfora, porque supone aceptar que Cataluña y una entidad llamada Resto de España son partes equivalentes. Sin embargo, en el debate popular el símil es imbatible: si una parte no quiere seguir la convivencia, ¿cómo imponérsela? Argumentar que la independencia de Cataluña corresponde decidirla a todos los españoles equivale a negar el divorcio porque el matrimonio es cosa de dos y solo los dos lo pueden romper. Ahora bien, una cosa es plantear la ruptura y otra distinta plantear un "nuevo modelo de relación": difícilmente se le admitirá a una parte la capacidad para decidir unilateralmente las condiciones para una nueva relación.

¿En qué escenario estamos en Cataluña? ¿Ruptura o reformulación de la relación? ¿Amago de ruptura para reformular la relación? ¿Amago de reformulación para propiciar la ruptura? Por razones profesionales (también por afición) sigo bastante de cerca la información política, y no soy capaz de responder a esas preguntas. Además de mis limitaciones, creo que algunos mensajes confusos de la política catalana contribuyen a ello.

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha planteado fórmulas ambiguas para describir sus objetivos: "interdependencia", "instrumentos de Estado", "una independencia no clásica"... Todas ellas sugieren un "nuevo modelo de relación". Josep Antoni Durán i Lleida rechaza la independencia, y reclama un "nuevo modelo de relación". Los socialistas proponen también un "nuevo modelo de relación". En general, organizaciones empresariales, sindicatos, medios de comunicación... sugieren la necesidad de un "nuevo modelo de relación". Solo Esquerra Republicana propugna una independencia sin ambages. Ahora encabeza las encuestas. Lógico, porque a la corriente independentista popular se ha unido, en el último año, una masiva campaña institucional de idealización de la independencia: el único partido que la defiende explícitamente se lleva las simpatías.

La mayoría política y social de Cataluña está planteando el deseo de un "nuevo modelo de relación", pero exige "derecho a decidir". Aquí nos encontramos un nudo: En primer lugar, ¿cómo compatibilizar el "derecho a decidir" con el deseo de una nueva relación, sobre la que parecería razonable que también decidiera la otra parte? Y, en sentido contrario, ¿cómo ignorar que una abrumadora mayoría en Cataluña desea un "nuevo modelo de relación"?

En este juego de sobrentendidos y eufemismos en el que se ha convertido la política, "nuevo modelo de relación" significaría nuevo reparto del dinero de los impuestos y, especialmente, nuevos mecanismos en el proceso de toma de decisiones sobre ese dinero. En suma, un nuevo reparto de poder entre Cataluña y el resto de España, o España. De nuevo, el callejón sin salida: "derecho a decidir" sobre "un nuevo reparto de poder". Aunque sorteáramos el hecho de que Resto de España no se reconoce como parte, aunque se aceptara que la relación actual es injusta, si hubiera una reformulación de la relación, una de dos: o esta nueva relación es decidida y aceptada por todos los españoles, o los catalanes nos estaríamos atribuyendo el "derecho a decidir" sobre la constitución de todos los españoles.

Cosa distinta sería que la "nueva relación" surgiera del hecho de haber ejercido el "derecho a decidir": los catalanes votamos, y con el resultado de lo que votemos, nuestras autoridades proceden a negociar con el Gobierno de España. Suponiendo que eso fuera posible, ya no sería decidir. Sería proponer. Los catalanes votamos una propuesta para negociarla. Y luego volvemos a someter a consulta el resultado de la negociación, rezando para que por fin salga el sí, y rezando también para que, pasados tres o cuatro años, el Tribunal Constitucional (donde habrían permanecido emboscados los magistrados designados por el partido contrario a la segunda ratificación de la primera negociación) no sentenciara la inconstitucionalidad de todo, devolviéndonos a la casilla de salida.

Entonces, como lo anterior es un sinsentido, y además ya vivimos un episodio parecido con el Estatut de 2006, ¿únicamente queda el escenario de ruptura? El Gobierno de Mariano Rajoy sospecha que Artur Mas utiliza la hipótesis de la independencia solo como instrumento de presión para negociar desde una posición de fuerza el "nuevo modelo de relación". La independencia no sería un objetivo, sino un instrumento al servicio de una estrategia negociadora. En consecuencia, no conviene alterarse. Cuando los catalanes hayamos acabado nuestros aspavientos, ya comunicaremos qué queremos concretamente, y en su caso se aplicará la ley, como se hizo con el Plan Ibarretxe, el Estatut de 2006 o la propuesta de pacto fiscal de 2012.

Precisamente estas dos últimas experiencias alientan en Cataluña una sospecha paralela: una oferta española de "nueva relación" solo aparecerá si el independentismo (clásico) se convierte en una amenaza creíble. Si vamos por las buenas, nos torean. Si se percibe titubeo en el proceso, el fracaso será rotundo. En consecuencia, se impone una cierta sobreactuación: ¡España nos roba, vivimos sin libertad, independencia ya!

En esta estrategia de tensión, los ciudadanos somos carne de cañón para una guerra demoscópica, consumidores de mensajes contra el enemigo: los españoles, los catalanes, los nacionalistas, los unionistas, los independentistas... Gracias a Dios, disponemos de enemigos para todos. Las encuestas sirven para modular las propuestas de nuestros dirigentes, cuya función es a un tiempo alentar nuestra indignación y navegar sobre ella.

En la batalla política y mediática, en general cada cual se dirige a los suyos, y el resultado es un juego un poco absurdo de darnos la razón por grupos. Así, en Cataluña ha acabado por abrirse paso la idea de que los catalanes tenemos derecho a decidir entre el actual autogobierno, otra fórmula más autonomista y la independencia. Una vez lo hayamos decidido, comunicaremos al Gobierno español la relación que va a mantener con nosotros. Esa decisión será acatada, y el nuevo modelo será incorporado a su Constitución. Todo esto, el año que viene. Sin rupturas. En el caso de que España no deseara este escenario, que podría conllevar tensiones desagradables, estamos dispuestos a escuchar ofertas.

Honestamente, creo que nos estamos engañando.

El "derecho a decidir" ataca el fundamento de la Constitución. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de España. A cambio de ese fundamento, la Constitución "reconoce el derecho de autonomía". Ese fue el pacto de 1978, guste más o menos. Podemos romperlo, pero no podemos desconocer que la tradición española sobre rupturas de pactos constitucionales no apunta en buena dirección. Nadie parece considerar en Cataluña que, planteado el pulso, pueda revisarse también desde otro punto de vista el pacto constitucional.

¿Podemos los catalanes decidir la pertenencia a España mediante un referéndum? Sí, siempre y cuando rompamos la Constitución, con las consecuencias que eso tenga. ¿Podemos los catalanes decidir la relación con España? No, no podemos dictar la Constitución de todos los españoles. ¿Tiene salida este callejón? Sin que los catalanes aparquemos, aplacemos o suspendamos el "derecho a decidir" y, a cambio, el Gobierno español admita la posibilidad de un "nuevo modelo de relación", no será posible salir del bloqueo.

RECONOZCAMOS LO BUENO