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13/11/2012 15:54 CET | Actualizado 13/01/2013 11:12 CET

Se equivocan

Los empresarios siempre hemos optado por abrir nuestras empresas, nuestros negocios y nuestros comercios con absoluta normalidad. Parar el funcionamiento de una empresa, a mi juicio, no es la mejor manera de defender ni un solo puesto de trabajo, sino de favorecer su destrucción. Y no estamos para eso.

Las centrales sindicales UGT y Comisiones Obreras, con el apoyo de otros sindicatos de carácter minoritario, han convocado una huelga general en España como rechazo a la política presupuestaria del Gobierno de la Nación. La segunda en lo que va de año, en este caso coincidiendo con una jornada de movilizaciones acordadas por los sindicatos europeos. Ante esta convocatoria, quisiera hacer una serie de consideraciones más allá de las representativas que me corresponden y que argumentan el claro rechazo de los empresarios a la huelga general.

Vaya por delante que los sindicatos están en su derecho de convocar un paro general al amparo del derecho constitucional a la huelga que recoge nuestra Carta Magna. Y ese derecho no es cuestionable. Pero sí los motivos que generan la convocatoria, sus características, y su utilidad.

En cuanto al ejercicio de los derechos y libertades individuales, valga considerar que todos los ciudadanos españoles debemos poder ejercerlos sin ningún tipo de limitación, más allá de las que establecen las leyes por las que hemos decidido regirnos. Así, pues, durante toda la jornada de huelga todos debemos sentirnos absolutamente libres para secundar o no cualquier convocatoria.

Desde luego, los empresarios siempre hemos optado por abrir nuestras empresas, nuestros negocios y nuestros comercios con absoluta normalidad. Discrepo de quienes opinan que el derecho de huelga está por encima al de acudir al puesto de trabajo. Eso sería tanto como subordinar la libertad y no creo que en la España democrática que afortunadamente tenemos eso lo defienda nadie con un mínimo de rigor. Por lo tanto, todos debemos actuar para garantizar la libertad de los ciudadanos y, en circunstancias no deseables, facilitar la tarea de quienes tienen por delegación la responsabilidad de hacerlo. En este sentido, quiero apostillar que, dando por supuesto el cumplimiento de los acuerdos sobre servicios mínimos en sectores esenciales para la normal actividad ciudadana, estos servicios mínimos no tienen porqué interpretarse como servicios únicos.

Los empresarios creemos que la huelga general tiene un marcado carácter político. En efecto, está planteada contra los acuerdos de nuestros órganos de representación parlamentaria. Es decir, se contrapone a decisiones de la soberanía popular representada en las Cortes Generales. Creemos también que es una huelga general tanto o más inoportuna que las anteriores (recordemos que llevamos dos convocatorias en menos de un año), y que no va a producir más que pérdidas para España en todos los sentidos.

Desde luego, pérdidas económicas que podrán ser cuantificadas con mayor o menor precisión, pero que en cualquier caso serán extraordinariamente cuantiosas si su seguimiento es elevado. Cuando prácticamente seis millones de ciudadanos no tienen trabajo, cuando miles de empresas han echado en cierre por inviabilidad, cualquier parón a la actividad económica -ya de por sí muy deteriorada- es justamente lo contrario que necesitamos los españoles. Parar el funcionamiento de una empresa, a mi juicio, no es la mejor manera de defender ni un solo puesto de trabajo, sino de favorecer su destrucción. Y no estamos para eso.

Y si a las pérdidas de carácter económico sumamos la pérdida de reputación internacional que tiene para España una convocatoria de estas características, la verdad es que la huelga general de hoy no puede ser más inútil y más inoportuna. Poca confianza exterior podemos recuperar ante quienes siguen minuto a minuto la situación española para saber si invierten o no su capital en España, si a la ya crítica situación de nuestra economía añadimos una creciente inestabilidad social y una inquietud institucional que algunos se encargan de sembrar con la irresponsable determinación de poner en riesgo la unidad de España.

Los empresarios estamos convencidos de que la prioridad absoluta que todos debemos tener es la de crear puestos de trabajo. Y para ello, todos tenemos nuestro grado de responsabilidad y nuestras propuestas para hacerlo. Desde las organizaciones empresariales creemos que el diálogo social es un instrumento que ha dado buenos resultados para el conjunto de la sociedad, y estamos empeñados en seguir manteniéndolo.

Por lo tanto, a mi juicio, y como ya vengo repitiendo desde hace más de dos años, tanto los interlocutores sociales como los políticos debiéramos no perder más tiempo y buscar soluciones conjuntas, adecuar las propuestas de cada uno a la dramática realidad de la situación económica española, y poder ofrecer al conjunto de los ciudadanos un compromiso general que sirva para recuperar la senda del crecimiento compatible con las necesarias medidas de contención del déficit público.

Así pues, reitero nuestro llamamiento a la responsabilidad, al diálogo, a la búsqueda de acuerdos. No dudo de que las centrales sindicales que han convocado la huelga general para hoy lo han hecho entendiendo que así defienden mejor los intereses de la sociedad española. Pido para los empresarios esa misma comprensión que en la mayoría de las ocasiones se nos niega, entre otras cosas, y no menor, porque somos los empresarios los que podemos crear puestos de trabajo. Frente a la huelga general, acuerdo general. Porque quienes piensen que intentando parar un país se arreglan las cosas, se equivocan radicalmente.

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