El partido más importante

El partido más importante

Rafael Correa, quien pese a declarase progresista y de izquierda es más bien bastante conservador, ha sido claro desde el principio: jamás aprobaría la despenalización del aborto. Sui géneris progresismo, que a sus aliados más radicales no les ha causado el menor escozor.

El 11 de octubre pasado fue una fecha más de las eliminatorias para el Mundial de Fútbol Brasil 2014 y Ecuador se jugaba un partido trascendental con Uruguay, del que dependía en mucho la clasificación directa al torneo. Luego de un juego sufrido, en el que abundaron las ocasiones perdidas, finalmente Ecuador pudo concretar y ganó el partido 1 a 0, lo que lo dejó prácticamente clasificado, lo que confirmó en el partido con Chile el 15 de octubre siguiente. Uruguay por su parte, pese a ganarle a Argentina, quedó relegado al repechaje y deberá jugarse su clasificación frente a Jordania.

Pero mientras esto acontecía, días antes, el 10 de octubre, cuando la expectativa por la suerte de la selección ecuatoriana subía, en la Asamblea Nacional (como se denomina el legislativo ecuatoriano, al más puro estilo del socialismo del S XXI), se jugaba otro partido sin duda más importante: el debate del proyecto de nuevo Código Orgánico Integral Penal, actualización necesarísima puesto que el Código vigente data de 1938. Estaba claro que entre los temas a tratarse, uno de los más encendidos y que más polémica generaría sería el de la despenalización del aborto.

El actual Código prevé penas de uno a cinco años de prisión para las mujeres que se sometan a abortos. Los médicos que realicen abortos están expuestos a penas aún más rigurosas. El Código contempla solamente tres excepciones a la penalización del aborto: 1) en caso de amenaza a la vida de la mujer embarazada, cuando el peligro no pueda ser evitado por otros medios, 2) en caso de amenaza para la salud de la mujer embarazada, cuando el peligro no pueda ser evitado por otros medios, o 3) si el embarazo proviene de una violación o estupro cometido contra una mujer "idiota o demente". Está totalmente prohibido el aborto en caso de violación sexual, aun cuando en una encuesta llevada a cabo en 2011 se estimó que una de cada cuatro mujeres ecuatorianas había sido víctima de violencia sexual.

La posición de Rafael Correa, quien pese a declarase progresista y de izquierda es más bien bastante conservador, ha sido clara desde el principio. Él jamás aprobaría la despenalización del aborto más allá de lo que ya se encuentra estipulado en el Código vigente desde 1938. Sui géneris progresismo, que sin embargo, a sus aliados más radicales no les ha causado el menor escozor, al menos hasta ese jueves 10 de octubre.

El artículo 149 del proyecto prohibe la práctica del aborto con una única excepción: "Si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental". El debate empezó con sorpresas cuando más de la mitad de la bancada oficialista, que cuenta con una cómoda mayoría de más de 100 asambleístas de un total de 130, recibió con sonoros aplausos las expresiones del primer asambleísta que tomó la palabra, el opositor Ramiro Aguilar, que realizó una inteligente y entusiasta defensa de la necesidad de permitir el aborto en casos de violación.

Luego, varias asambleístas del Gobierno, autoidentificadas con la defensa de los derechos de las mujeres, empezaron una vehemente defensa del derecho a abortar. Soledad Buendía, exministra Coordinadora de la Política y actual asambleísta, decía apasionadamente y con lágrimas en los ojos: "Las mujeres ecuatorianas todavía tenemos una batalla que librar", sucribiendo incluso peticiones de reformas al proyecto presentadas la víspera por los colectivos de mujeres que fueron recibidos por la Asamblea como la incorporación de la violencia sexual como figura penal o sanciones a clientes de redes de trata de personas para explotación, entre otras. Poco a poco, se fueron sumando más asambleístas, tanto de la oposición como oficialistas, a la tesis de despenalizar el aborto en caso de violación. Incluso la oficialista Betty Carrillo habló de la "cláusula de conciencia" mediante la cual era posible que el bloque del Gobierno votara dividido en este tema. Curiosamente, otros asambleístas, tanto del Ejecutivo como oficialistas asumían la defensa del Art. 149 y su inclusión en el Código. Incluso el líder de la oposición, Guillermo Lasso, llamaba mediante carta al bloque de asambleístas de su movimiento CREO a oponerse a la despenalización del aborto.

Así, por una vez los asambleístas no se dividieron entre oficialistas y opositores, sino entre aquellos que creen que la Asamblea Nacional debería legislar para que todas las mujeres y jóvenes víctimas de violación sexual puedan acceder a servicios integrales de salud, incluido el aborto en caso de que lo soliciten; y, aquellos que conciben ese delicado tema desde el dogma y las concepciones religiosas, poniendo en peligro la vida de miles de niñas y mujeres.

Pero la fiesta duró poco. Inmediatamente Rafael Correa salió al paso de lo propuesto por los asambleístas oficialistas y planteó la posibilidad de renunciar a su cargo ante la promoción de la despenalización del aborto, calificándolo de traición. "Si siguen estas traiciones y deslealtades, si mañana se evidencia algo, muy lamentable que está ocurriendo en el bloque de País, yo presentaré mi renuncia al cargo", manifestó. "Que hagan lo que quieran, yo jamás aprobaré la despenalización del aborto", aseguró.

Ese viernes, mientras los ecuatorianos estábamos pendientes de lo que acontecía en el Estadio, la asambleísta gobiernista Paola Pabón, quien hasta el día anterior habían hecho una encarnizada defensa de la despenalización del aborto en casos que conlleven riesgos para la embarazada y por efecto de violaciones sexuales, retiraba su propuesta de despenalización con estas palabras dirigidas a Correa: "Con el inmenso cariño que te tenemos, te decimos que esta vez te estás equivocando. Pero por la unidad de esta bancada, por la unidad de mis 100 compañeros asambleístas, retiro mi moción para que este bloque no tenga la posibilidad de evidenciar una ruptura", terminando con el sueño de miles de mujeres de poder optar por abortar en determinadas circunstancias, mientras que, como ovejas descarriadas, las asambleístas oficialistas volvían al redil y ponían de lado sus principios.

Y así, sin más debate, a través de una aprobación masiva y no artículo por artículo, con la votación mayoritaria de los asambleístas de Alianza País, se aprobaron la mayoría de libros del nuevo Código, incluyendo la prohibición del aborto.

Por su parte, después del partido, los uruguayos se retiraron cabizbajos a los camerinos puesto que su clasificación al mundial quedó en riesgo. Sin embargo, en realidad deberían estar muy satisfechos porque en políticas públicas progresistas ganan por goleada. No sólo porque en 2013 aprobaron el matrimonio igualitario y la regulación del consumo de marihuana, sino porque desde 2012 cuentan con una ley que despenalizó el aborto, lo que los pone a la vanguardia de todos los países latinoamericanos.

Su presidente, el Pepe -así llamado por sus compatriotas- un verdadero hombre de izquierda, dice enfáticamente: "La cosa es sencilla y de sentido común, creo que nadie puede estar a favor del aborto como cuestión de principios, pero hay un cuadro de mujeres en toda la sociedad que se ven en la amargura de tener que tomar esa decisión contra viento y marea... y ese mundo vive en la clandestinidad y la explota y se juega la vida y toma las decisiones más allá de las discusiones que puedan tener los políticos o los filósofos... yo creo que hay que reconocer la existencia de este hecho, ponerlo arriba de la mesa lo que nos da la oportunidad de poder obrar... Lo otro es dejarlas aisladas en el medio de su drama, me parece que es hipócrita y tenemos que hacernos cargo y tratar de salvar la mayor cantidad de vidas posibles".

Así, en políticas públicas, Uruguay nos está goleando 3 a 0 y en la tabla de posiciones continental seguro tiene el primer lugar. Para Ecuador, mientras Rafael Correa sea presidente, tengamos asambleístas y funcionarios que por cuidar un cargo y un sueldo son capaces de dejar de lado principios y convicciones, y se legisle desde las creencias personales y no desde la ciencia, la razón y los derechos humanos, el marcador en nuestra contra seguirá aumentando.