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05/01/2018 07:22 CET | Actualizado 05/01/2018 07:22 CET

Año nuevo, chantaje viejo

Fachada del antiguo Hospital La Fe (Valencia).
Generalitat Valenciana
Fachada del antiguo Hospital La Fe (Valencia).

Ni el chantaje, ni la irresponsabilidad ni las maniobras para asfixiar las finanzas de la Comunitat Valenciana por parte del Gobierno Central del PP impedirán este nuevo año seguir, con la fuerza que da la convicción de avanzar en una sociedad más justa y solidaria. El recorte adicional de 353 millones de euros decretado por el Ministerio de Hacienda supone, entre otras cosas, un intolerable acto de deslealtad. Una decisión que se asienta sobre la incapacidad del propio Gobierno de Mariano Rajoy para sacar adelante primero un nuevo sistema de financiación que comprometió para antes de que acabara 2017 y, segundo, los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso.

Sin rubor alguno, el departamento de Cristóbal Montoro viene a decir que las consecuencias de su ineptitud política la tienen que pagar las autonomías

De manera explícita, sin rubor alguno, el departamento de Cristóbal Montoro viene a decir que las consecuencias de su ineptitud política la tienen que pagar las autonomías y, muy especialmente, los valencianos y las valencianas. Es decir, los ciudadanos y ciudadanas que, ya sin este recorte adicional, son los peor tratados por el sistema de financiación (informe Fedea). Tanto como para exigir un fondo extraordinario de compensación por 1.325 millones de euros que, obviamente, no ha sido ni tan siquiera tenido en cuenta. Frente a esta política de un Gobierno Central que no cumple, que chantajea en vez de negociar, que recorta en lugar de redistribuir con equidad, este gobierno valenciano del cambio está dispuesto a crecerse ante la adversidad. No se va a suplicar para pedir justicia.

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, tras la aprobación para este año de los presupuestos más altos de su historia, proseguirá con la consolidación de un sistema público sanitario más fuerte, universal, de calidad, solidario y justo. En apenas tres meses, a partir del 1 de abril, el Departamento de Salud de La Ribera pasará de nuevo a lo público tras años de gestión privada. Un hito histórico que irá acompañado de un plan específico de inversión de casi ocho millones y que supondrá un mejor servicio orientado únicamente a la rentabilidad social sin que el beneficio empresarial sea una variable a tener en cuenta. Para este gobierno valenciano la salud está vinculada a los derechos, no a los mercados.

En 2018 se pondrá en marcha uno de los proyectos sanitarios más emblemáticos, el 'Espai de Salut Campanar Ernest Lluch' en las instalaciones del antiguo Hospital La Fe de València

En este mismo año, la previsión es que dos millones de personas se beneficien de las ayudas frente al copago impuesto por el PP al añadir nuevos colectivos como parados o paradas que cumplan determinados requisitos, familias monoparentales y titulares de renta básica garantizada. Se sumarán así a pensionistas, personas con diversidad funcional y menores que ya las perciben con objeto de que la situación económica no sea impedimento para recibir los tratamientos necesarios. Como no lo es para los pacientes de hepatitis C sea cual sea su grado de fibrosis. En la Comunitat Valenciana está asegurada la atención a estas personas al igual que lo está la asistencia integral universal.

Como aspecto específico, este año que entra será clave para la puesta en marcha de uno de los proyectos sanitarios más emblemáticos como será el Espai de Salut Campanar Ernest Lluch a desarrollar en las instalaciones del antiguo Hospital La Fe de València. Un proyecto que solventará el 90% de la atención que se da a los usuarios de esa zona de Valencia. La primera fase incluye las urgencias, el centro de salud y el centro integrado de especialidades. En la actualidad ya está en marcha el concurso de ideas. Y en marcha está, y así seguirá siendo, un proyecto de sociedad equitativo, una gestión decente que busca el bien común, después de años y años de saqueo, recortes y exclusión, frente a un Gobierno Central que pretende asfixiar el futuro de la Comunitat Valenciana.

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