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07/05/2018 07:34 CEST | Actualizado 07/05/2018 11:40 CEST

Ayudas frente al copago: suma y sigue

Getty Images/iStockphoto

Las peores previsiones sobre los efectos de los copagos farmacéuticos impuestos por decreto por el Gobierno del PP en 2012 han sido respaldadas, de manera progresiva, por los informes y estudios sobre la economía de la salud. Dos de ellos, uno de 2014 de las Universidades Pompeu Fabra y de Las Palmas y otro de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), inciden en que esta medida llega a afectar el doble a los pensionistas que a los trabajadores en activo.

Como ejemplo, se rebajó casi el 7% el uso de anticoagulantes o el 8,3% el de estatinas en pensionistas que habían sufrido un infarto y que tomaban estos fármacos para prevenir la posibilidad de otro. Esta negativa repercusión sobre la salud era tan evidente como para que el nuevo gobierno valenciano, nada más iniciar su Legislatura, habilitará en primer lugar ayudas frente al copago para este colectivo y para las personas con diversidad funcional.

Al igual que los resultados perniciosos de la medida del PP no se hicieron esperar, tampoco los beneficios de las subvenciones destinadas a neutralizarla. De este modo, en 2017, casi 1,3 millones de personas se acogieron a ellas. En porcentaje más de un 39% de disminución de la tasa de abandono en pensionistas y casi un 30% en personas con diversidad funcional.

Desde 2016 y siempre en colaboración con las oficinas de farmacia, se han ampliado las ayudas a menores adscritos a una tarjeta sanitaria cuyo titular percibiera menos de 18.000 euros anuales, y a desempleados

Desde entonces, año 2016 y siempre en colaboración con las oficinas de farmacia, se han ampliado las ayudas a menores adscritos a una tarjeta sanitaria cuyo titular percibiera menos de 18.000 euros anuales y, desde este mismo mes, también a desempleados. Se trata, en síntesis, de hacer de la gestión de lo público un arma de construcción masiva de una sociedad más justa y solidaria. Para ello, sin duda, el apoyo a las personas más vulnerables es imprescindible y el gobierno valenciano del cambio actúa en consecuencia. Esa traslación de las palabras a los hechos se concreta en unos presupuestos que ponen negro sobre blanco las verdaderas prioridades.

Así, hace unos meses, a cargo de las cuentas de 2018, se anunció un aumento de 35 millones de euros para combatir la pobreza farmacológica. En volumen total en torno a 90 millones de euros destinados a garantizar los derechos de casi dos millones de personas socialmente vulnerables. Los ciudadanos y ciudadanas sin empleo lo son y, por tanto, a partir de ahora se sumarán 223.000 personas. El importe de esta medida será cercano a los diez millones de euros.

La filosofía que inspira estas decisiones es que garantizar la salud como derecho universal es un principio irrenunciable

Las ayudas recién aprobadas se destinarán a personas que perciben la prestación por desempleo, que la han agotado y no han empezado a trabajar ni cobran subsidio o que sí lo perciben. En los tres supuestos el nivel de renta también ha de ser inferior a los 18.000 euros. Cabe recordar que en la Comunitat Valenciana este colectivo presentó en 2017 una tasa de no adherencia del 13%, lo que significa que más de 244.700 tratamientos se abandonaron o no se iniciaron. Estas personas hasta ahora costeaban el 40% de sus tratamientos con un desembolso variable en función de su carga de enfermedad y, por tanto, de la necesidad de unas u otras medicinas.

La filosofía que inspira estas decisiones es que garantizar la salud como derecho universal es un principio irrenunciable y que, por tanto, el acceso a los medicamentos es piedra angular de una política sustentada en la eliminación de obstáculos económicos. Nunca debe ser un lastre cuando están en juego los derechos fundamentales. Y el de la asistencia sanitaria lo es al menos para el gobierno valenciano. No para un Gobierno Central del PP que lo restringe e impone filtros económicos a los tratamientos. No contento con ello recurre ante los tribunales para que su insolidaridad con quienes más necesitan de todo lo contrario sea norma y no excepción. Mientras, el gobierno valenciano seguirá un camino trazado a través de firmes principios y claras prioridades. Construir una sociedad más justa es un fin demasiado elevado como para dudar de seguir adelante con aquello en lo que se cree.

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