Crónica de un fracaso anunciado
"Hay una diferencia fundamental entre servicio y negocio. Un servicio se basa en el humanitarismo, mientras que el negocio se basa en el interés propio. Los que han intentado reducir el coste del Sistema Nacional de Salud usaron los métodos de negocios y el resultado ha sido el fracaso". Este párrafo del editorial de la prestigiosa revista científica The Lancet es ajeno al tiempo y al espacio. Fue escrito a raíz de la desastrosa privatización de la sanidad británica de de años atrás, pero su vigencia se ha reactivado estos días en la Comunitat Valenciana. El informe de la Intervención General 2003-2012 sobre las concesiones a empresas privadas que hiciera el Gobierno del PP, analizado por el Consell en su reunión del pasado 20 de octubre, ha puesto negro sobre blanco el fracaso generalizado del sistema.
El documento destaca irregularidades como contratos elaborados sin cálculos previos en perjuicio del interés público (no estaba motivado el importe de la cápita), la dejación de funciones de control por parte de la administración del PP (por ejemplo al no supervisar las inversiones) o malas prácticas en la toma de acuerdos en órganos no competentes, como las comisiones mixtas, sobre las liquidaciones. Un caos. Nada nuevo por otra parte. Desde su llegada, el gobierno del cambio, al que la ciudadanía le encomendó la reversión a lo público de este modelo, ya advirtió con insistencia sobre la opacidad, la ausencia de control e incluso la connivencia de los anteriores gobiernos del Partido Popular con las empresas adjudicatarias por la falta de fiscalización de su actividad. Es la crónica de un fracaso anunciado.
No hay marcha atrás. La apuesta firme por la gestión pública directa se materializará en el Departamento de Salud de La Ribera a partir del 1 de abril del 2018 una vez finalizado el contrato con la concesionaria. Sus profesionales seguirán en sus puestos de trabajo y los usuarios tendrán la misma cartera de servicios. La diferencia es que se contará con una mejor planificación asistencial por parte de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ya que se elimina de la ecuación el beneficio empresarial que, a través de la gestión indirecta, escapa del sistema sanitario público. Si algo cambia será a mejor. Así, en los Presupuestos del próximo año se asignará una inversión de 6,9 millones a La Ribera para un plan específico de inversiones urgentes destinado a la Atención Primaria y a la Especializada. No hay mejor modo de defender la sanidad pública que con hechos concretos.
Devolver a los valencianos y a las valencianas lo que les pertenece también implica proceder a las liquidaciones con las concesionarias privadas. Hay que recordar que tras 19 años de vigencia del llamado modelo Alzira, tan solo se habían realizado las liquidaciones de Alzira (2003-2008) y Torrevieja (2006-2012). Nunca se había cerrado ningún ejercicio de Dénia (inaugurado en 2009) o Elx–Crevillent (2010) y Manises (2009) se encuentra en proceso judicial.
Con el informe de la Intervención de la Generalitat se validan las últimas liquidaciones de Alzira realizadas a finales de 2015 y correspondientes a los ejercicios 2008-2012. De este modo, en lo que resta de este año y el siguiente se llevarán a cabo todas las que quedan pendientes. Las estimaciones apuntan a una cifra superior a los 300 millones de euros que se reasignarán a mejoras de la sanidad pública valenciana.
