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06/03/2018 07:31 CET | Actualizado 06/03/2018 07:31 CET

De parche en parche

EFE/ Javier Lizon

Sin aportar motivo alguno, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha rendido al optimismo que tanto criticaba a los demás cuando ejercía labores en la oposición. Por lo que asegura, el próximo 23 de marzo habrá Presupuestos Generales del Estado sí o sí. Falta saber cómo, pero es de común conocimiento que sin argumentario de Génova, por disparatado que sea, en el Partido Popular pocos se aventuran a explicar estos pequeños detalles. Hasta dónde se sabe las cuentas parlamentarias siguen sin cuadrar. Lo hagan o no en el último segundo de ese plazo anunciado, lo cierto es que el Gobierno Central se ve rodeado de conflictos y provisto de pocas o ninguna solución a ellos. Sin iniciativa política y más preocupado por las encuestas electorales internas que por los problemas externos, esa táctica tan habitual en Rajoy de esperar a que escampe parece definitivamente carente de toda eficacia.

Con los pensionistas en la calle en demanda de sus justas reivindicaciones, la crisis territorial en un callejón sin salida y los constantes incumplimientos con las comunidades autónomas frente al clamor de revisar su injusta financiación (la Comunitat Valenciana da fe de ello), la falta de Presupuestos aboca a un camino con dos únicas direcciones.

Si el viento demoscópico es desfavorable para el partido del Gobierno, y así lo reflejan las encuestas, no ha de ser la sociedad quien lo pague

O el actual Ejecutivo saca adelante la Ley que define cuáles serán las políticas que aplicará o abre la alternativa más propia de un sistema democrático como es la convocatoria de elecciones. Los intereses de la ciudadanía están muy por encima de los vaivenes partidistas. Si el viento demoscópico es desfavorable para el partido del Gobierno, y así lo reflejan las encuestas, no ha de ser la sociedad quien lo pague. La responsabilidad obliga a estar a la altura de las circunstancias.

Lejos de ello, el ministro Montoro se erige en el encargado de parchear los desperfectos con medidas improvisadas de mínimo calado que suelta en su momento y vuelve a recuperar en función del clima social. Ejemplo claro de ello es ese anuncio de beneficios en el IRPF para un colectivo como el de pensionistas que, de manera muy mayoritaria y debido a sus escasos ingresos, está ya exento de la declaración de la renta. Han sido los técnicos de Hacienda quienes ya han advertido del limitado alcance de una medida que, en todo caso, beneficiaría a aquellas personas con percepciones más altas.

Ha sido esta presión social, y no su iniciativa, la que ha obligado a Rajoy a apresurarse a convocar un Pleno monográfico sobre pensiones

Un globo sonda más que se añade al lanzado por la ministra de Empleo, Fátima Báñez, a quien se asignó la tarea de proponer en la Comisión del Pacto de Toledo la ampliación del periodo de cálculo de la pensión a toda la vida laboral de manera voluntaria. Intentos para difuminar que este Gobierno y su presidente han rebasado con mucho las líneas rojas que se marcaba en su programa electoral de 2011. En él aseguraba "estar comprometido con el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones". Ese índice de revalorización del 0,25% que ha sacado a la calle a decenas de miles de pensionistas desmiente con rotundidad ese compromiso.

Ha sido esta presión social, y no su iniciativa, la que ha obligado a Rajoy a apresurarse a convocar un Pleno monográfico sobre pensiones que ahora, con los pensionistas a las puertas del Congreso, califica del más importante de la Legislatura. La contribución de este colectivo, primero durante su vida laboral en la que cotizaron para acceder a sus pensiones y luego como sustento familiar en los tiempos más duros de la crisis, merece una política diametralmente opuesta.

En ese contexto se enmarca la Proposición no de Ley presentada en el Congreso por el Grupo Socialista con objeto, entre otras cosas, de revalorizar la cuantía de las pensiones en función del IPC con un incremento del 1,6% desde enero de este año. Medidas concretas para problemas reales que se han de acompañar de un debate profundo y urgente sobre el futuro del sistema. No invita al optimismo, aunque tampoco sea una sorpresa, que la primera reacción haya sido una de las descalificaciones precocinadas del Ejecutivo, a través este vez de su portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, a quien esta propuesta le parece "populismo puro y duro". Los socialistas lo llamamos justicia.

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