El respaldo de la ciudadanía como aliciente
La casualidad resulta incompatible con la acción política. Cada decisión que se toma, cada prioridad que se marca o cada opción que se elige responden, en el mejor de los casos, a principios ideológicos o a maneras de entender la sociedad. No siempre es así. A veces, y de eso la Comunitat Valenciana ha sido testigo en demasiadas ocasiones, atienden a intereses privados que se anteponen al bien común. La gestión de la sanidad del PP fue un claro ejemplo de la distorsión que esto supone en la gestión de lo público. La conjugación verbal en pretérito supone una excelente noticia para la ciudadanía.
Así lo demuestra su valoración del sistema sanitario tanto en la última Encuesta de Salud autonómica como en el Barómetro sanitario del CIS. Tampoco el azar tiene nada que ver en estas apreciaciones que suponen un aliciente añadido para que este gobierno del cambio persevere en la transformación que emprendió hace ahora tres años. No es casual, por ejemplo, que el grado de satisfacción de los valencianos y valencianas con su sistema sanitario haya aumentado de manera progresiva desde la llegada del nuevo Ejecutivo tras la tendencia a la baja anterior. Entonces pasó del 6,54 al 6,23 en 2015. A partir de ese ejercicio se ha elevado de manera paulatina hasta el 6,71. Es la primera vez desde 2010 que supera la media nacional (6,68), según datos del CIS.
El precedente, la reciente Encuesta de Salud de la Comunitat Valenciana, ya arrojó unos resultados muy notables. Cerca del 90% de la población adulta se siente entre satisfecha y muy satisfecha con la sanidad pública. Hay que remontarse a 2001 para encontrar registros similares. Solo el 2,1% considera que el sistema no ha respondido a sus necesidades en el último año. Tampoco es casual, menos aún en una comunidad que el PP utilizó como laboratorio para sus experimentos privatizadores, que casi el 72% de los valencianos y valencianas prefieran el sistema público al privado, también por encima de la media estatal y el dato más alto en ocho años. Una opción que en la Comunitat Valenciana ya tiene rango legislativo a través de la modificación de la Ley de Salud, aprobada en Les Corts el pasado 5 de abril, que establece la gestión directa como prioritaria sin excluir la colaboración con la sanidad privada como complemento. Esa ha de ser su función y no ser sustituta de la pública.
Esta satisfacción con la atención sanitaria es compartida por quien la gestiona, decir lo contrario sería poco creíble, pero nunca será motivo para rendirse a la autocomplacencia. No es una opción cuando queda tanto margen de mejora en la sociedad y lo es menos aún en un ámbito como el sanitario que tiene como función garantizar un derecho fundamental. No se trata de ponerse medallas ni de ensalzar lo que se ha hecho cuando siempre quedará mucho por hacer. Sin duda, se han sentado las bases del modelo, pero su consolidación y fortalecimiento exige más trabajo y más recursos.
Hoy la sanidad pública valenciana es universal porque 27.000 personas han recuperado un derecho que el Gobierno de Mariano Rajoy les había restringido. Hoy los pensionistas, personas con diversidad funcional, menores, desempleadas y desempleados o familias monoparentales cuentan o contarán en breve con ayudas para afrontar el copago farmacéutico que también impuso el PP. Hoy, todos los pacientes de hepatitis C son tratados en la Comunitat Valenciana y los centros de salud y hospitales son infraestructuras más dignas y con mejor tecnología porque se ha acometido un plan de inversiones sin precedentes. La muerte digna es un derecho que plasma los cuidados a la persona desde su nacimiento hasta su final y la lucha contra la violencia de género tiene en la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública un agente activo desde el inicio de Legislatura.
Esa realidad es la que respalda la ciudadanía y que exige, como señalaba, ninguna distracción y todo el esfuerzo. Pero también demanda recursos y, por tanto, una financiación justa que dé a los valencianos y valencianas lo que en justicia les corresponde. La reforma del modelo será pues irrenunciable para el gobierno valenciano. Resulta muy elocuente comprobar cómo quienes ignoran la sustancial mejora en los índices de satisfacción de la ciudadanía con la sanidad pública, que debería ser un común motivo de orgullo, callan o son cómplices de los recortes del Gobierno Central, con su apoyo a los Presupuestos, o del agravio en la financiación que priva de equipamientos y servicios a los valencianos y a las valencianas. Nada raro, por otra parte, cuando prevalecen los intereses partidistas a los intereses generales de la población.
