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02/04/2018 15:52 CEST | Actualizado 02/04/2018 15:52 CEST

Las privatizaciones no son para siempre

Vista general del Hospital de Alzira que desde ayer, 1 de abril, ha pasado a ser de gestión pública
EFE
Vista general del Hospital de Alzira que desde ayer, 1 de abril, ha pasado a ser de gestión pública

Nunca se había llevado a cabo en España una desprivatización de esta envergadura. La reversión a la gestión pública de un servicio sanitario, incluido un hospital. Ha sido un camino en el que se han superado todo tipo de obstáculos (incluidos nueve recursos en el TSJ por parte de la empresa, todos ellos desestimados, para frenar la finalización del contrato), pero en el fin de trayecto está la recompensa.

Desde el 1 de abril los valencianos y valencianas han recuperado la titularidad del Departamento de Salud de La Ribera que, durante dieciocho años, estuvo bajo la administración de empresas privadas. Por encima de cualquier motivo, la restitución de la gestión pública en este departamento obedece a la voluntad del gobierno del cambio de fortalecer el sistema sanitario público valenciano para mejorar la atención sanitaria a toda la ciudadanía.

La clave es entender la salud como derecho y eliminar de la ecuación la necesidad del beneficio empresarial en las decisiones de los profesionales sanitarios que prestan los servicios

La clave es entender la salud como derecho y eliminar de la ecuación la necesidad de obtener beneficio empresarial en las decisiones de los profesionales sanitarios que prestan los servicios. Es decir, garantizar un entorno en el que en las decisiones asistenciales solo se tenga en cuenta el resultado para la salud y no la cuenta de resultados. Esto además posibilitará, de hecho ya ha sido así, reinvertir ese beneficio empresarial que ahora escapa del sistema público en ampliar la plantilla (lo hará en 303 profesionales) y en inversiones (casi ocho millones entre este año y el siguiente) para mejorar infraestructuras, equipamientos y tecnología.

La sostenibilidad del sistema sanitario no pasa por medirla con la óptica empresarial del rendimiento económico sino con las mejoras a la salud que aporta a la ciudadanía. No se mide en la rentabilidad económica de un departamento aislado al cual se le adaptan una y otra vez las reglas del juego desde la Administración para que las cuentas les salgan positivas (como ha sido el caso del modelo Alzira en los años de gobierno del PP), sino en la eficiencia del conjunto del sistema sanitario. La sostenibilidad de la sanidad pública pasa por ahorrar en aquellas cuestiones que no afectan ni a la calidad asistencial ni a los derechos de los trabajadores. Las alternativas se deben centrar en una mejor gestión, un mejor control de stock, concesiones y conciertos, eficiencia energética o compras centralizadas (con estos ítems en la sanidad pública valenciana ya se ha conseguido ahorrar más de 240 millones de euros a la vez que se ha garantizado el acceso a tratamientos a todos los pacientes de hepatitis C o las ayudas al copago).

El futuro por el que se apuesta desde el gobierno del cambio, desde el inicio de este camino, es la transformación del sistema sanitario para adaptarlo a la nueva realidad que supone la cronicidad, la creciente necesidad de cuidados o la atención a los problemas de salud mental. Una transformación desde una atención primaria fuerte y con cada vez más y mejores cuidados, enfermeros más cercanos, con la mejor y más avanzada tecnología y con una perspectiva de colaboración y trabajo en red entre centros y equipos sanitarios, precisamente todo lo que a día de hoy es deficiente en el Departamento de la Ribera. Una atención primaria extenuada, la necesidad de profesionales de enfermería y la existencia de equipamientos tecnológicos obsoletos son el resultado de dieciocho años de esta óptica empresarial.

A la decisión de privatizar departamentos de salud, algo inédito que nadie ha imitado en las mismas condiciones, y que se trató de revestir con el manto de la eficiencia, se le vieron las costuras desde el primer momento

Para 270.000 vecinos y vecinas de este departamento el futuro de su salud ya se conjuga en presente. Es por ello que, por ejemplo, desde la gestión pública directa, ya se han abierto los centros de playa de Sueca y Cullera para ofrecer mejor atención sanitaria en fechas de mayor afluencia turística, o que ya se hayan licitado mejor y más moderna tecnología para diagnóstico, seguimiento y tratamiento oncológico (Pet-Tac, acelerador lineal, mamógrafo digital, equipos ecográficos y de radiología). En resumen, sale de escena el beneficio empresarial y se coloca como principal preocupación en el centro del escenario la calidad asistencial, la salud como derecho, no como mercancía.

Sin insistir en exceso en el pasado, ahora que concluye esta larga etapa de privatización, sí parece pertinente recordar cómo se gestó ese acto de generosidad del gobierno del PP con el dinero público. A esa decisión de privatizar departamentos de salud, algo inédito que nadie ha imitado en las mismas condiciones, y que se trató de revestir con el manto de la eficiencia, se le vieron las costuras desde el primer momento. Como sucedió en 2003 al acumular la empresa pérdidas y salir la Generalitat Valenciana al rescate del negocio para, a renglón seguido, mejorar las condiciones del contrato y entregárselo a la misma empresa por 15 años. No se trataba de eficiencia, sino de ideología, de ese "capitalismo de amiguetes". Se trataba de gestar un negocio a la carta que hoy, con un gobierno de cambio que tiene prioridades diametralmente opuestas, toca a su fin en el Departamento de La Ribera. Las privatizaciones, y así queda demostrado, no son para siempre. Solo queda darle la bienvenida a un nuevo departamento, el de la Ribera, a la gestión directa de la sanidad pública valenciana.

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