El Gobierno suspende al pueblo
Según el Gobierno el país está repleto de funcionari@s que trabajan poco, profesores que no enseñan, profesionales de la salud que gastan medicinas en sus pacientes, parad@s que no buscan empleo y padres y madres que enseñan a sus hijos las técnicas batasuneras de protesta.
Ya es una verdad oficial: el Gobierno de Rajoy, tras casi un año en el poder, suspende al pueblo en su valoración. No se han hecho públicos los datos oficiales, pero fuentes bien informadas advierten de que la valoración que el Ejecutivo tiene de la ciudadanía es muy decepcionante y que se apunta un acusado desplome en la nota final. Según estas fuentes, y utilizando los métodos tradicionales de la demoscopia, el pueblo soberano no obtiene más de un 3 sobre 10 en la nota final y los datos de estas últimas semanas predicen una caída vertiginosa en la confianza del Ejecutivo en sus ciudadanos.
Normalmente tendemos a pensar que lo importantes es la valoración que la ciudadanía hace de sus Gobiernos, pero el efecto piramidal y jerárquico de la crisis ha venido a ponernos sobre la mesa una nueva realidad: lo realmente importante no es la opinión de los de abajo, sino la de los de arriba. Las agencias de calificación, los Gobiernos central y europeo, ponen nota a nuestro comportamiento y a nuestras actitudes. La prima de riesgo, las diletantes medidas europeas, los decretos ley del Gobierno no son sino la expresión de la pésima opinión que tienen sobre nosotros.
Al Gobierno de Rajoy se le nota especialmente la decepción que sienten por la actitud del pueblo al que gobiernan. Antes de llegar al poder tenían una idea muy distinta del comportamiento de la ciudadanía. Posiblemente se trate del efecto Aguirre, que les hizo concebir una idea distorsionada del valor y de las ideas de sus compatriotas. No es de extrañar. A mi también me ocurre que tras unos días de estar en Madrid, después de escuchar a unos cuantos taxistas de la capital del reino y oído los comentarios de unas cuantas cafeterías de la Gran Vía, me parece estar en un país extranjero, una especie de ciudad-Estado que ha dado refugio a todos los partidarios acérrimos de la desigualdad social. No hay una ciudad que posea por metro cuadrado un número tan elevado de habitantes dispuestos a solucionar los problemas de España en cinco minutos, a base de expulsar a los inmigrantes, endurecer todo tipo de leyes, alejar del sistema educativo a los más débiles o decretar trabajos forzados para los parados. Claro que hablo del Madrid que vocifera, del que ha creado planetas paralelos en sus pueblos limítrofes para no tener que convivir con el que le sirve el café o quienes fabrican sus productos. El Madrid que ha expulsado a la periferia a la mayor parte de su población activa, el que presume de tener un salario medio de 2.400 euros, aunque la inmensa mayoría de sus trabajadores apenas alcanzan 800 euros mensuales; el Madrid que despotrica de las autonomías, de los vascos, de los catalanes, de los andaluces y se queja amargamente de que la calle se les pueble de manifestaciones y mareas reivindicativas, porque solo creen en las manifestaciones si en la primera fila se sitúan sotanas y gentes de bien vivir. Ya sé que no todo el pueblo de Madrid es así, pero no me negarán que gritan más fuerte, hablan con más convicción y se sienten más dueños de la capital los que se rebelan contra la herida de la desigualdad, extranjeros en su propia ciudad.
El Gobierno ha cometido el error de forjarse una idea de España a través del aguirrismo, del cospedalismo, del campismo y del arenismo; de las procesiones de Castilla la Mancha y de las conversaciones en los clubs de campo de las ciudades. Ha confundido el desconcierto que el segundo Gobierno de Zapatero produjo en la ciudadanía con un cambio de la sustancia social; los titulares de la prensa sensacionalista con las demandas populares; ha confundido España con Castilla. Esa es la razón por la que no les gustamos y por la que, sin necesidad de ser vascos o catalanes, cualquier persona que conteste sus políticas o sus decisiones se encontrará con el estigma de no ser suficientemente español, o ser radical a la manera batasuna, que es el radicalismo favorito del poder.
Cada ministro ha colocado sus peores notas a los sectores que les son más hostiles y alguien debería advertirles de que están agotando el catálogo profesional. El ministro Wert ha sido el más severo de todos y ha dado un cero patatero a toda la comunidad educativa, desde rectores hasta escuelas infantiles. Pero no es el único, según el Gobierno el país está repleto de funcionari@s que trabajan poco, profesores que no enseñan, profesionales de la salud que gastan medicinas en sus pacientes, parad@s que no buscan empleo y padres y madres que enseñan a sus hijos las técnicas batasuneras de protesta privándoles de ir a la escuela y colocando a sus infantes al frente de las manifestaciones. Ya lo advertía Valle Inclán: este país es ingobernable. Por eso, el Gobierno está pensando la fórmula para cambiar al pueblo. Mientras tanto, aplicarán la estrategia del desprestigio social, de la desunión y de la confrontación territorial. A ver si mordemos el anzuelo.
