Clase política: cuando el guardián ensancha la brecha

Ocho de cada diez personas piensan que en España, las leyes están hechas para

proteger a los poderosos. El dato -reflejado en el informe de Oxfam Gobernar

para las élites- es tan poco edificante como descriptivo. Por un lado, refleja la

imagen que 37 millones de españoles tienen de las leyes que rigen su

convivencia; un sistema viciado donde unos pocos se enriquecen a costa de

todos. Y por otro, señala una lectura todavía más peligrosa. La clase política

española, esa amalgama de 80.000 representantes sufragada con dinero público,

ha dejado su papel como protector de los más débiles para garantizar el

enriquecimiento de aquellos que, cada vez, son más ricos.

El documento elaborado por Oxfam habla de una percepción. Un sentir ciudadano

que no surge de la nada. Se respalda una y otra vez con un abanico de datos.

Según los Técnicos de Hacienda del Estado, la crisis ha disparado en España la

brecha entre ricos y pobres. El 20% de los contribuyentes más ricos acapara el

44% de todos los ingresos declarados. En el otro extremo, el 20% de los más

pobres recibe solo el 6,6% del dinero que se mueve en el país. Según la misma

fuente, desde 2007, más de dos millones de personas en España han pasado a

vivir por debajo del umbral de la pobreza mientras los millonarios españoles han

crecido un 13%. El empresario Amancio Ortega, dueño del imperio Inditex,

encabeza la lista de los más ricos del país con un patrimonio estimado de 43.000

millones de euros. Según la revista Forbes, el industrial gallego es el hombre que

más aumentó su fortuna en 2012 en todo el planeta, con unas ganancias de

16.818 millones de euros.

En suma, las estadísticas oficiales colocan a España como el país con mayor

fractura económica de toda la Unión Europea por sexto año consecutivo.

Y mientras, los gobernantes de todo signo y color político, al contrario de lo que

cabría esperar, han facilitado con sus políticas que la brecha sea cada vez más

amplia. Un ejemplo: en noviembre de 2008, el entonces presidente José Luís

Rodríguez Zapatero compareció ante los medios de medio mundo tras una reunión

del G-20 en Washington, y anunció una lucha sin cuartel contra los paraísos

fiscales. El 28 de abril de 2008, medio año antes de la reunión extraordinaria del

G-20, su propio Gobierno aprobó con un real decreto una normativa que dejaba

completamente exenta del pago de impuestos la compra de bonos del tesoro y

otros productos financieros públicos desde paraísos fiscales. Si compras desde

España, pagas. Si lo haces desde las Islas Vírgenes, no. Un año después,

mientras el ejecutivo socialista filtraba a la prensa su plan de acción contra los

paraísos fiscales, ofreció un anonimato casi completo para aquellos que invierten

su dinero en deuda pública española desde paraísos fiscales. Además de no

pagar impuestos, los inversores no podrían ser investigados por Hacienda. La

medida resultó tan polémica que fue retirada. Pero solo sobre el papel, ya que el

Gobierno de Zapatero la aprobó sin apenas publicidad un año después, en el

primer día de agosto de 2011. Desde que se publicó en el BOE el Real Decreto

1145/2011, cualquier defraudador que tenga su dinero en paraísos fiscales puede

comprar deuda pública española bajo la cortina más dura del secreto bancario.

Según un informe encargado en 2010 por la OCDE a la consultora Merrill Lyinch,

los españoles esconden 175.000 millones de euros en paraísos fiscales. Más del

presupuesto completo del Estado para todo un año. No hace falta estudio alguno

para entender que ni uno solo de los 4,7 millones de parados del país o de los

nueve millones de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza (el

21,6% de la población española) se han beneficiado de esta medida.

Para incrementar esa brecha y participar en la llamada competencia fiscal, España

se ha convertido de facto en un paraíso fiscal para grandes capitales. Por un lado, 13

las grandes fortunas españolas se acumulan en las llamadas SICAV, supuestas

cooperativas de inversión que en realidad se encuentran solo en manos de las

grandes fortunas nacionales y que tributan sus beneficios anuales en acciones

solo al 1%. Por otro lado, los capitales extranjeros cuentan con las llamadas ETVE

(Empresa de Tenencia de Valores Extranjeros), que tampoco pagan impuestos en

España por los beneficios de sus empresas participadas en el extranjero. Este es,

desde hace décadas, el funcionamiento de cualquier paraíso fiscal del planeta. Y

multinacionales como Pepsi o la petrolera Exxon se benefician de ello. Los

distintos gobiernos nacionales han frenado de forma sistemática los intentos de

poner coto a las prácticas de este tipo de sociedades, con la excusa soterrada de

evitar la fuga de capitales. Por si esto fuera poco, el Ejecutivo de Mariano Rajoy

aprobó en 2011 una amnistía fiscal que permitió a cualquier defraudador repatriar

su dinero a España con una simple multa del 10% de la cuantía. Basta saber que

en el país, el tipo impositivo máximo para una persona alcanza el 56% para

entender la rentabilidad de la operación.

Sin embargo, la brecha entre ricos y pobres en España no se ha generado

únicamente por las políticas proteccionistas para los grandes capitales. Además, la

clase política nacional ha antepuesto en incontables ocasiones los intereses de los

más poderosos por encima del interés general. Basta poner algunos ejemplos:

tanto PP como PSOE, los principales partidos del país, han rechazado en varias

ocasiones la dación en pago de las personas que no pueden pagar sus hipotecas

a causa de la crisis frente a la banca. Este mismo verano, el Parlamento Europeo

premió el movimiento español antidesahucios por su lucha con este mismo

objetivo. Además, el pasado 17 de diciembre, el Partido Popular rechazó por su

mayoría parlamentaria la propuesta de prohibir los cortes de luz -un bien de

primera necesidad- a las personas que no pueden hacer frente al recibo. Según la

asociación Ecoserveis, cuatro millones de personas en España carecen de fondos para encender la calefacción en invierno. Mientras, el Ejecutivo lleva años

permitiendo un sistema de subasta energética que ha engrosado de forma

millonaria las arcas de las eléctricas españolas. Y que ha permitido la entrada de

grandes especuladores financieros internacionales -Goldman Sachs o Morgan

Standley entre otros- para engrosar la factura. La medida se puede entender

mejor cuando vemos al expresidente Felipe González como consejero de Gas

Natural con un sueldo aproximado de 126.000 euros al año o al expresidente

José María Aznar, como asesor externo de la eléctrica Endesa. Por la misma firma

de energía ha pasado por ejemplo Elena Salgado, exvicepresidenta económica, el

diputado de CIU Miquel Roca, Pio Cabanillas, exministro portavoz del Partido

Popular en la era Aznar, Rodolfo Martín Villa, también exvicepresidente del

Gobierno, e incluso el actual ministro de Economía, Luis de Guindos.

Otro ejemplo: en abril de 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy decidió inyectar

22.000 millones de dinero público para rescatar Bankia. La explicación del

Ejecutivo fue la necesaria intervención para evitar el cierre de uno de los bancos

más potentes del país; si Bankia caía, los pequeños ahorradores perderían su

dinero. Sin embargo, el argumento era una cortina de humo. El Fondo de Garantía

de Depósitos, financiado por los distintos bancos del país, garantiza por ley la

recuperación de los depósitos hasta 100.000 euros. Es decir, solo los medianos y

grandes inversores perderían en realidad sus fondos, mientras los bancos se

hacían cargo del resto. En lugar de eso, la factura del desastre bancario se pasó

uno por uno a todos los ciudadanos, fueran o no clientes de Bankia, por vía de

impuestos. En la actualidad, la entidad financiera, rescatada con dinero público,

ejecuta el 80% de los desahucios que se producen en Madrid, según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

La brecha en los ámbitos más vitales para el ciudadano se ha hecho cada vez más

palpable. Hasta el punto de afectar a los aspectos más elementales de la vida

pública. En el sector sanitario, el Gobierno ha implantado un sistema de copago para medicamentos que afecta mucho más al bolsillo del enfermo más

desfavorecido que al de cualquier acaudalado. En la Comunidad Valenciana, la

falta de fondos obligó este mismo invierno a apagar la calefacción de varios

colegios públicos. Y mientras se frena la inmigración ilegal de los más

desfavorecidos, el Gobierno aprobó el 27 de septiembre de 2013 la concesión del

permiso de residencia para cualquier extranjero que dispusiera al menos de medio

millón de euros para comprar inmuebles en España.

Desde el inicio de la crisis, las medidas se han sucedido siempre en la misma

dirección: la de aumentar la brecha entre unos y otros. Una reforma del mercado

laboral que facilita el despido, bajadas en la prestación por desempleo, rebajas en

el salario mínimo... todo apunta en la misma dirección. En abril de 2011, el

Gobierno dejó de ligar las grandes rebajas fiscales para las multinacionales al

mantenimiento de sus plantillas. Cuatro meses después, Telefónica anunció su

intención de despedir a 8.500 empleados. El año anterior, la multinacional

española, lejos de tener pérdidas, alcanzó los mayores beneficios obtenidos nunca

por una empresa española: 10.167 millones de euros. El pasado mes de enero,

el presidente Rajoy anunció que España saldría de la crisis en 2014. Hay brotes

verdes. El crédito llega a las grandes empresas y hasta Bill Gates invierte en

España. Ese mismo día, 4,7 millones de personas están todavía esperando en la

cola del paro, 9 millones tienen problemas para pagar el recibo de la luz y casi la

mitad de los ciudadanos españoles mayores de 15 años tiene problemas para

comprar comida, ropa o medicamentos.