Desafíos del gobierno de izquierdas en Portugal: las políticas de vivienda
Portugal está de moda en el campo político. El pacto histórico entre las izquierdas, la implementación de políticas públicas que no se ciñen al dictado de la austeridad y sus consiguientes resultados macroeconómicos positivos, han situado al país luso como un caso paradigmático de gobierno de progreso. De las modas se sabe que hasta que no pase cierto tiempo se desconoce cuánto hay de auténtico, el poso que dejan o si su legado se diluye.
El proceso de desmantelamiento de las políticas de austeridad iniciado a finales de 2015 tiene un gran valor político: la resistencia de un país endeudado que es capaz de cumplir con la disciplina fiscal y no ceder a las propuestas de recortes de la Unión Europea, lo hacen aún más meritorio. Lo que no se publica en los medios internacionales es que esta experiencia puede quedar como un paréntesis en la era de la austeridad sino se actúa de una manera más efectiva en algunas áreas claves para el bienestar de la mayoría social. La vivienda es uno de estos ámbitos ineludibles.
Como apuntaba en una reciente entrevista Paula Marques, concejala de vivienda del Ayuntamiento de Lisboa, para llevar cabo una política de vivienda efectiva en Portugal haría falta conjugar los siguientes factores: la ley de alquiler, el alquiler turístico, la vivienda pública y la política fiscal. Al igual que en el resto de los países del Sur de Europa, la vivienda en Portugal no tiene un peso determinante en los pilares de su modelo social.
Así, a diferencia de otros derechos fundamentales que fueron desarrollados en sus respectivas leyes de bases, el derecho a la vivienda refleja en esta ausencia su fragilidad a lo largo de las últimas décadas. En los primeros años de democracia, Portugal tenía un problema estructural para garantizar el derecho a la vivienda: más población que casas. Ahora, sin embargo, hay más casas que personas, hasta el punto de que Portugal es el segundo país europeo con más casas vacías. Esta anomalía se explica en gran parte por los marcos legislativos y tributarios que afectan directamente al patrimonio.
La actual ley de alquiler urbano (NRAU) aprobada en el 2012 por el anterior gobierno siguiendo las recomendaciones de la Troika, permitió la liberalización total del mercado del alquiler, creando una situación de desprotección en los inquilinos que ha elevado el número de desahucios, así, no por casualidad es conocida como "la ley de los desahucios". Por ello, las izquierdas han manifestado su voluntad para que se proceda a acometer la derogación de esta ley o en su defecto un cambio legislativo profundo, ya que las modificaciones que se hicieron en esta legislatura han demostrado ser insuficientes, ya que cada vez son más las familias que no consiguen ni comprar ni alquilar por el aumento exponencial de los precios.
Por otro lado, la política orientada a los beneficios fiscales (vistos gold) para atraer la inversión extranjera se enmarca en el proceso de la globalización neoliberal del mercado inmobiliario de las grandes ciudades, por lo que sorprende que no se quiera tocar nada, especialmente cuando se observa su relación directa con la especulación que gira en torno al negocio turístico.
Y es que, el fenómeno social de la gentrificación, que vive una segunda fase en Lisboa y Porto, está intrínsecamente conectado con el auge del alquiler turístico, llegándose a comprar barrios enteros para este uso o a situarse en cifras significativas de saturación turística en barrios históricos. El problema del alquiler turístico es que ha sobrepasado los principios de la economía colaborativa en que se fundamentaba, encuadrándose en la dinámica del urbanismo neoliberal, de hecho, el sector hotelero e inmobiliario también articulan sus estrategias en torno a esta cuestión por su evidente flexibilidad jurídica. La predisposición del Partido Socialista en la discusión que se está llevando a cabo en estos momentos en la Asamblea de la República para su regulación en torno al punto del sistema de cuotas, tal y como defienden las izquierdas, puede ser clave en el proceso de definir los límites del alquiler turístico.
El derecho a la vivienda entró en la agenda de la ONU como un asunto de urgencia global en la lucha contra las desigualdades. En este sentido, la visita de la relatora de vivienda en diciembre de 2016 a Portugal tuvo un fuerte impacto por los avances que comentó de su informe sobre la situación del derecho de la vivienda, activándose en el parlamento la cuestión de la vivienda. En este sentido, la noticia más esperanzadora la representa el visto bueno del Gobierno para que Helena Roseta, diputada independiente del Partido Socialista, diseñe la primera Ley de Bases de Vivienda de Portugal. Hay muchas expectativas con esta ley.
Asimismo, el pasado verano, António Costa afirmaba que las políticas de vivienda eran una nueva prioridad para el Gobierno, al mismo tiempo que calmaba a los mercados afirmando que, la liberalización del mercado no estaba en riesgo. El primer ministro reconocía que la infravaloración de las políticas de vivienda había sido una realidad en los últimos tiempos y, por tanto, requería un nuevo impulso. Para ello, enfocaba el objetivo de las políticas públicas en el acceso a la vivienda de las clases medias y los jóvenes, queriendo dejar atrás la política de crédito bonificado para la compra y la congelación de las rentas del alquiler.
Así, antes de que se iniciara las elecciones municipales, a sabiendas del papel central de la vivienda en la campaña electoral, António Costa creó la nueva Secretaria de Estado de Vivienda como gesto principal de su estrategia política. Su creación fue aplaudida por las izquierdas y los movimientos sociales. Desde este nuevo organismo, en octubre se lanzó una consulta pública para conocer los problemas que se debían afrontar en la denominada nueva generación de políticas de vivienda. Sin embargo, en la primera prueba de contacto, el Gobierno no generó un punto de inflexión en el presupuesto anual –el presupuesto en políticas de vivienda en Portugal está prácticamente estancado desde 1974, exceptuando los repuntes de los programas del SAAL y el PER. Por ello, al comienzo de este año, el grupo parlamentario socialista pidió que el próximo presupuesto tuviera más dotación financiera, así como que el dinero público fuera dirigido menos al crédito a la compra y más hacia el realojamiento.
El salto que se pretende para que Portugal pase de un modelo residual a un modelo generalista en la vivienda social necesita más financiación, de lo contrario, existe el riesgo de que este programa de medidas sea un mero paquete más. Desde el punto de vista social, es interesante que la nueva generación de políticas de vivienda tenga una visión más alargada del derecho a la vivienda, pero siempre y cuando los colectivos más vulnerables no acaben siendo desprotegidos. El documento requerido por la Asamblea de la República mostró que hay más de 25.000 familias con carencias graves en todo el país. Por tanto, el nuevo programa específico de realojamiento tiene que ser más ambicioso, puesto que la realidad supera al mito de la erradicación de las infraviviendas.
De tal manera, la centralidad de la vivienda en el "milagro económico portugués" sitúa la regulación de los factores antes nombrados como una cuestión que el gobierno prefiere no abordar de una manera clara por su posible impacto en el crecimiento. Pero, este milagro sustentado en gran parte por la burbuja inmobiliaria puede explotar y tener un coste mayor para toda la economía. Por lo que, más que hacer un ejercicio de equilibrios, el gobierno debe equilibrar la balanza poniendo más peso en el derecho a la vivienda frente a los intereses de las entidades financieras e inmobiliarias.
El informe de Estabilidad Financiera del Banco de Portugal alerta de la tendencia de los bancos a los malos hábitos del crédito fácil para la vivienda. Así pues, si el gobierno de izquierdas quiere tener continuidad ha de tener presente aquello que se dice sobre la moda: la moda es de izquierdas, pero el shopping de derechas. La renovación del PSD apunta a una política más amable con los socialistas, que no sólo amenaza a la reedición del pacto con las izquierdas, sino al giro a la izquierda del Partido Socialista.
