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03/04/2018 07:35 CEST | Actualizado 03/04/2018 20:04 CEST

Los policías son imputados con facilidad

Getty Images

Los policías tienen encomendada una difícil tarea, velar por las libertades públicas, para lo cual a menudo tienen que limitar los derechos de otros ciudadanos. De todos, los que peor lo tienen son a menudo los menos reconocidos, el personal de Seguridad Ciudadana. Son el primer contacto entre la sociedad y el Cuerpo; los coches rotulados con sus puentes luminosos y los agentes de uniforme son la imagen que la mayoría de personas imaginan cuando oyen "Policía Nacional". Pocas veces una película o una serie de televisión están centradas en ellos. Casi siempre los protagonistas son sus compañeros de paisano, a menudo investigadores de delitos, policías judiciales, a los que la ficción les ha dotado de un mayor glamour.

Los radiopatrullas son la primera línea de batalla contra el delito, los primeros que acuden cuando hay una llamada al 091, los que se cruzan, sin esperarlo, con un vehículo robado ocupado por dos atracadores o que se encuentran en mitad de una pelea entre vecinos. Cuando están acudiendo nunca saben lo que se van a encontrar.

Tienen que dar una respuesta, a veces en cuestión de segundos, y de su actuación, tanto por exceso como por defecto, va a depender el pan de sus hijos y hasta la entrada en la cárcel, cuando no su propia vida. Eso de que los funcionarios son intocables y no pueden ser despedidos no es cierto, menos aún en el caso de los encargados de hacer cumplir la ley que, si son condenados a un solo día de inhabilitación especial o absoluta, pierden su condición de trabajadores públicos para siempre.

Los radiopatrullas son la primera línea de batalla contra el delito, los primeros que acuden por una llamada al 091 o los que se cruzan, sin esperarlo, con un vehículo robado ocupado por dos atracadores

Los delincuentes profesionales conocen muchas estratagemas que no dudan en usar si piensan que van a salir con bien. Algunos abogados recurren sin tapujos a esos trucos sucios con tal de conseguir una menor condena o la absolución de su defendido. Por eso, antes o después, casi cualquier policía va a ser denunciado y tendrá que dar explicaciones delante de un juez por su actuación, por muy ajustada a derecho que haya sido. Si, además, tiene mala suerte, puede ser víctima de una campaña dirigida por parte de ciertos periodistas que a menudo no tienen ni idea de Derecho ni de realidad policial y sí una intencionalidad política muy clara. Por suerte, es muy difícil influir en un magistrado.

En mi caso, en 2011 quiso denunciarme un individuo que acabó condenado a diecinueve años y medio de prisión por abusar de dos niñas y enviar los vídeos a sus familiares. Ninguna instancia aceptó su alegato, ni el Juzgado de Instrucción ni la Audiencia Provincial en los recursos posteriores. Para entonces ya estaba curtido y sabía que había actuado con un respeto tan escrupuloso de las leyes —mi especialidad me lo permite— que no había un hueco para su ataque. En 2004, sin embargo, yo era un policía que estaba dando sus primeros pasos y verme delante de un juez no era plato de buen gusto.

Estaba asignado a un grupo de seguridad ciudadana de una comisaría de distrito y patrullaba en un zeta —un Citröen Xsara Picasso radiopatrulla— junto con un compañero que todavía era más novato que yo. Por los turnos rotatorios, aquel día me tocaba la noche.

Unas horas antes, sin que lo supiéramos, los compañeros de policía judicial habían detenido a un individuo en unas canchas de baloncesto al identificarlo como un carterista que llevaban ya tiempo buscando. Quedó ingresado en los calabozos a la espera de pasar a disposición judicial. El resto de los que jugaban con él, que no tenían cuentas pendientes, no vieron su libertad ambulatoria interrumpida, así que fueron a contárselo a la familia del arrestado. No se lo tomaron muy bien y, al poco rato, acudió su madre a exigir que lo liberasen. Los funcionarios que realizaban el ingrato trabajo de seguridad le explicaron que eso no se podía hacer. Tendría que preguntar al día siguiente en el juzgado de turno. Después de un buen rato se fue, sin quedar muy convencida.

Llegó la hora del relevo. Los de la tarde se fueron a dormir y nosotros nos pusimos nuestro uniforme. Empezamos a recorrer el sector asignado y a atender a las llamadas que los ciudadanos hacían al 091. A pesar de que eran fiestas en el barrio, las horas transcurrían tranquilas.

La familia del carterista tenía otras ideas. Se había reunido un número bastante grande y, a eso de la una de la mañana, intentaron entrar por la fuerza a sacar del calabozo al sospechoso. Los dos agentes que estaban en la puerta en ese momento, que no sabían de qué iba el asunto, reaccionaron a tiempo por los pelos y pudieron contener la primera embestida. A los gritos, acudió el resto del personal, los tres muchachos de la Oficina de Denuncias. Uno de ellos utilizó el transmisor para pedir ayuda:

—Todos los indicativos de este canal, solicito apoyo urgente en Comisaría.

Por eso me sorprendió cuando, meses después, recibí una citación judicial «en calidad de participante». Era un juicio de faltas (los actuales delitos leves), que son más sencillos que los de delitos.

Hasta que llegasen los refuerzos, eso era todo con lo que podían contar y tuvieron que emplearse a fondo. Hubo bastante violencia pero las lesiones no pasaron de enrojecimientos y algún rasguño. Las tornas cambiaron a medida que los zetas, hasta un total de cuatro, empezaron a llegar. Los ocho policías extra no solo acabaron de rechazar el asalto, sino que consiguieron detener a dos de los familiares antes de que el resto emprendiese la huida.

¿Y qué hacíamos mi compañero y yo entre tanto? Estábamos en una intervención en la que incautamos casi medio kilo de hachís y teníamos el equipo de transmisiones con el volumen al mínimo, así que, cuando volvimos a la base nos encontramos con los restos de la batalla, en la que no participamos. Pasamos el resto de la noche llevando a los detenidos al hospital, dado que pidieron asistencia médica en uso de sus derechos.

Como el tiempo se hacía largo, surgió la charla con ellos y así conocí su versión: estaban convencidos de la injusticia del arresto de su familiar y, en su país, esas cosas se resolvían así. Una vez fracasada la intentona no parecían guardar animadversión hacia mis compañeros ni mucho menos hacia nosotros, que ni siquiera habíamos intervenido. Por eso me sorprendió cuando, meses después, recibí una citación judicial «en calidad de participante». Era un juicio de faltas (los actuales delitos leves), que son más sencillos que los de delitos.

Como no teníamos ninguno claro lo que era participante, acudimos sin letrado que nos defendiese. Lo habíamos asimilado a testigo, que era lo más habitual para un policía. La familia asaltante, que se había preparado mejor, estaba allí con una abogada que les aconsejó que eligieran todos a uno como el agresor y le acusasen de todos los males. Y el elegido fue... ¡mi compañero! —que, recordemos, no había estado presente—.

El juicio duró una media hora en la que tuve que dar mi versión de los hechos. El Ministerio Fiscal pidió la absolución para ambas partes. Los atacantes se ciñeron a su estrategia de acusar al chaval que esa noche estuvo conmigo. Era suficiente ver la cara del juez para entender que no les estaba creyendo.

Así fue: semanas después nos llegó la sentencia: ninguna condena para nadie. Por un lado sentimos alivio. Por el otro, una cierta indignación de que un asalto así contra una instalación oficial y los agentes que la custodiaban quedase sin castigo. Lo cierto es que nadie recurrió y desde entonces hasta hoy, que he acudido a cientos de juicios y he sido objeto de ataques de abogados desde el estrado, muchos bastante torpes y alguno más preparado, nunca ha vuelto a ser como acusado, sino como testigo o perito.

Pero, como policía que soy, estoy más expuesto que el resto de ciudadanos honrados a que cualquier día esto cambie.

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