POLÍTICA
20/01/2020 13:03 CET | Actualizado 20/01/2020 13:49 CET

Rosell plantea la posibilidad de aplicar el 155 en Murcia por la 'censura parental'

Matiza posteriormente en Twitter que era una "ironía".

CARLOS PINA
Victoria Rosell

La nueva delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha planteado la opción de aplicar el artículo 155 de la Constitución al Ejecutivo de Murcia ante la implantación de la ‘censura parental’, impulsada por Vox y avalada por PP y Cs.

En declaraciones a la Cadena SER, Rosell (Unidas Podemos) ha aseverado que “hay cauces jurídicos que no tienen por qué ser judiciales y puede ser administrativos”, por lo que se podría aplicar el 155.

Rosell ha comentado que si “falla el diálogo político”, habría que seguir “un camino similar al de Cataluña con la actuación unilateral para quebrantar el ordenamiento jurídico”.

Dice luego que era una “ironía”

Después de sus declaraciones y el revuelo causado por sus plabras, Rosell ha publicado un tuit en el que dice que sus declaraciones eran una “ironía”. En el msenaje, señala: “Si te molestaras en oír el audio, la frase empieza ’¿se imaginan?”. 

A lo que agrega: “Y termina con una carcajada. Se llama ironía”.

El Gobierno da un mes para retirarlo

Esta misma mañana la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha dado un mes de plazo al Gobierno de Murcia para “restaurar la legalidad” y retirar el “veto parental” antes de que el Ejecutivo recurra esta medida en los tribunales de Justicia.

En una rueda de prensa en la localidad alavesa de Llodio para presentar el saneamiento del Alto Nervión, la ministra se ha referido a la decisión del Gobierno de Murcia -a propuesta de Vox- de permitir a los progenitores no autorizar la asistencia de sus hijos a charlas y talleres extraescolares, el mal llamado “pin parental”.

El Gobierno envió el viernes un requerimiento al Ejecutivo murciano para instarle a retirar una medida que constituye “una censura previa, que va incluso contra la libertad de cátedra”. A día de hoy no hay respuesta a ese requerimiento y Celaá entiende que el plazo razonable para tomar medidas adicionales como la vía judicial es de un mes.

La ministra ha recordado además que fue la última reforma educativa, la llamada “ley Wert”, impulsada por el entonces Gobierno del PP, la que limitó la capacidad de decisión de los padres en los consejos escolares, y ha reprochado al presidente del PP, Pablo Casado, su “desconocimiento de cómo funciona el sistema educativo” en España.

 

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