A todos los gobiernos de la Unión Europea

En estos días la Unión Europea (UE) y el mundo entero se enfrentan a una crisis sin precedentes que ha puesto en juego nuestra prosperidad económica, nuestro bienestar social y hasta nuestro propio modelo político. La pandemia Covid-19 ya ha causado daños irreparables a nuestras economías, inmenso dolor a nuestros pueblos y nos ha enfrentado a un futuro de incertidumbre, todo ello justo cuando comenzábamos a recuperarnos de los efectos de la crisis financiera de 2008. 

Precisamente por ello todas las administraciones europeas deberíamos actuar de forma coordinada y hacer todo lo necesario para proteger la salud, el empleo de las personas, y garantizar un futuro crecimiento sostenible. En este contexto, hay que acoger con satisfacción las medidas monetarias y presupuestarias ya anunciadas por las instituciones europeas y los Estados miembros para facilitar la recuperación. El acuerdo del Eurogrupo de la noche de este pasado jueves es una noticia que nos sitúa en el camino correcto, refuerza nuestra propia cohesión interna y relanza el proyecto europeo.

En el contexto de la crisis financiera de 2008, la UE hizo posible que el sector bancario recibiera un respaldo público para su sostenibilidad financiera. Para poder hacerlo obligó a la adopción de informes públicos, país por país, para todos los bancos que actuaran en Europa (conocido comúnmente como Country By Country Report o por su acrónimo CBCR, en inglés). Más allá de la opinión que nos merezca políticamente la decisión, lo cierto es que instrumentalmente se dotó de transparencia y controles a la materialización de la misma. Hubiera sido deseable que se hubieran introducido prescripciones similares en el ámbito empresarial y fiscal, lo que probablemente nos hubiera conducido también a la eliminación de cualquier tipo de suspicacia acerca del comportamiento de algunos países miembros.

Hoy se hace aún más evidente la necesidad de que las empresas -especialmente las grandes multinacionales- que se benefician del apoyo de los estados, ya sea mediante exenciones fiscales, aplazamientos de impuestos, préstamos con respaldo público o ayudas estatales directas, cumplan con las normas más estrictas de transparencia. Esta medida debería ser también obligatoria para las multinacionales que operan en la UE, a fin de que la opinión pública pueda supervisar si las empresas contribuyen equitativamente a los esfuerzos de recuperación, invirtiendo en personas y sociedades dentro de nuestros países, al tiempo que nos aseguramos de que esas mismas empresas paguen su parte justa de impuestos en nuestro territorio. No podemos permitirnos, más en un momento como este, cometer el error de dar un cheque en blanco a las multinacionales sin unos requisitos estrictos de responsabilidad y transparencia.

Hace exactamente cuatro años, el 12 de abril de 2016, la Comisión Europea presentó una propuesta para la adopción del CBCR, tras numerosos escándalos fiscales que sacudieron a Europa hasta sus entrañas (recordemos los Panama Papers). Hoy, en el cuarto aniversario de la propuesta, los miembros del Parlamento Europeo responsables de impulsar esta herramienta de transparencia fiscal, nos hemos dirigido a todos los gobiernos de Europa para volver a insistir en la necesidad de desbloquearla. Les hemos pedido que actúen ahora y que hagan todo lo posible para que la aprobación de esta medida vuelva a figurar en el orden del día del Consejo de Competitividad, con el objetivo de lograr un acuerdo largamente esperado.

La naturaleza de esta crisis hace que sea necesario actuar sin demora y la adopción de un mecanismo de informe “país a país” debería estar entre los primeros pasos que se den en un futuro muy próximo.