Aborto, volver a empezar

Resulta urgente imposibilitar la utilización de la objeción de conciencia colectiva para impedir el ejercicio de derecho al aborto en fraude de ley.
Cientos de personas participan en una manifestación a favor del Proyecto de ley sobre el Aborto legal.
Cientos de personas participan en una manifestación a favor del Proyecto de ley sobre el Aborto legal.
Juan Ignacio RONCORONIEFE

En un nuevo giro, esta vez desde el espacio conservador directamente de vuelta a la caverna reaccionaria, el PP ha anunciado por boca de su portavoz la voluntad de derogar la actual ley de aborto del sistema de plazos, aprobada hace una década, para con ello retrotraernos parcialmente a la ley de indicaciones de los años ochenta.

Pero, por si no fuera suficiente, el PP se propone además la supresión de una de las tres indicaciones de entonces para la interrupción del embarazo, en concreto la relativa a la malformación del feto. Todo ello con el peregrino argumento de que la sociedad ha cambiado en relación a la de finales del siglo pasado y, en consecuencia, existen más recursos económicos y tecnológicos para el apoyo a los futuros niños que habrán de nacer en mayor número con graves malformaciones y por ende para sus familias.

Con idénticos argumentos, extraídos de algunas organizaciones de discapacidad, que defienden los derechos del no nacido con preeminencia sobre los derechos de la mujer, Alberto Ruiz Gallardón fracasó en su momento en el mismo intento de derogación total de la ley de plazos y parcial de la indicación sobre malformación del feto, lo que culminó finalmente con su dimisión forzada al frente del Ministerio de Justicia del gobierno de Mariano Rajoy. Al final, la pretendida derogación quedó en el permiso paterno en menores de edad.

Son los mismos tópicos que también incluyera el grupo parlamentario popular en sus dos recursos de inconstitucionalidad presentados antes contra la ley de plazos y luego frente a la de indicaciones como expresión de rechazo de la interrupción del embarazo, el primero de los cuales fue refutado por el TC dando por válidos los tres supuestos y el segundo se encontraba hasta hace unos días (después de más de una década) aún en tramitación. Si bien, todo apunta a que la mayoría conservadora del órgano, ensoberbecida con sus recientes sentencias contrarias a la gestión de la pandemia por parte del gobierno, y ante la perspectiva de la negociación abierta para una próxima renovación parcial, parece que ahora se apresta a retomar su tramitación en la que el ponente es un destacado jurista y también exparlamentario del partido popular y de fueres convicciones religiosas que no anuncian buenos vientos para la ley. De nuevo la polarización populista, está vez trasladada al propio seno del tribunal constitucional.

En estas mismas fechas, el gobierno Biden se enfrenta a las leyes de diversos estados republicanos, comenzando por el de Tejas, que a impulso de varios grupos confesionales cristianos y de los aires de la futura candidatura trumpista, pretenden boicotear el derecho al aborto reconocido hace décadas por sentencia del propio Tribunal Supremo, reduciendo al mínimo los plazos y aumentando los requisitos para impedir por la vía de los hechos el ejercicio del derecho.

En el mismo sentido, diversos colectivos pro vida vienen concentrándose a rezar delante de las clínicas privadas españolas acreditadas para la realización de interrupciones del embarazo, como medida de presión frente a las mujeres que allí acuden, lo que a llevado al Congreso de los Diputados a legislar para evitarlo una serie de medidas de protección del ejercicio del derecho de la mujer al aborto sin ningún tipo de interferencias.

En este contexto, se ha conocido recientemente el caso de una médica del hospital San Carlos, que con indicación clínica de aborto como consecuencia de la rotura prematura de la bolsa de líquido amniótico a los cuatro meses de gestación, sorprendentemente se ha visto rechazada la realización de la interrupción del embarazo en el hospital público, donde además ejerce su profesión, debido a la objeción de conciencia colectiva de todos sus colegas del servicio de obstetricia y ginecología, y finalmente ha sido derivada a una clínica privada para la interrupción de su embarazo. Un boicot escandaloso al derecho reconocido de la mujer a la interrupción de su embarazo, realizado mediante una objeción colectiva en fraude de ley, ya que la ley de plazos estipula que el ejercicio del derecho a la objeción es individual, que se encuentra circunscrito a los profesionales directamente concernidos y que la objeción en ningún caso puede suponer el menoscabo del derecho de la mujer.

Con ello, se ha vuelto a hacer público el dato de que la inmensa mayoría de las interrupciones voluntarias ( e incluso de las no voluntarias) del embarazo se siguen realizando, como antes de la aprobación de la actual ley en vigor, en las clínicas privadas acreditadas para ello, quedando en la sanidad pública solo una absoluta minoría, que ni siquiera incluye todos los abortos obligados por indicaciones clínicas.

En conclusión, para los servicios de ginecología y para los gerentes de los hospitales públicos, la nueva ley de la IVE simplemente no existe, aunque lo más grave es que para los gobiernos autonómicos, encargados de cumplirla, tampoco. No parece haberse aplicado como está previsto en el articulado de la ley, el conocimiento de la Interrupción Voluntaria del Embarazo como prestación del sistema sanitario público en el ámbito de la formación universitaria ni de la formación especializada de los profesionales sanitarios, ni por supuesto se ha incorporado en el temario de la educación sexual en nuestras escuelas e institutos tanto públicos como privados, en lo que podríamos denominar como una aplicación preventiva del pin parental propugnado por la ultraderecha.

Es por eso que resulta urgente imposibilitar la utilización de la objeción de conciencia colectiva para impedir el ejercicio de derecho al aborto en fraude de ley, y para garantizar la interrupción del embarazo en los centros hospitalarios de la sanidad pública, así como de la educación sexual en los centros educativos.

En definitiva, no deja de resultar una paradoja y un escarnio que los mismos que afirman que la ley está para cumplirla, cuando ésta se opone a sus convicciones políticas o religiosas, se encarguen no solo de reclamar su derecho a recurrirla como es lo lógico y lo legal, sino que cuando finalmente pierden el recurso, recurran a la instrucción y el boicot con el objetivo de vaciarla de contenido, hasta tanto llega su oportunidad de derogarla desde el gobierno.

Todo ello se ha agravado a raíz de la reciente convención itinerante del partido popular en la que Casado ha confirmado la estrategia trumpista ante el acoso interno de la presidenta Ayuso, pero ante todo para hacerse con parte del electorado de la ultraderecha y preparar un gobierno con un programa compartido. Una estrategia de polarización populista en que ha anunciado no solo la impugnación de la legislación en marcha del gobierno de izquierdas, en especial las relativas a los derechos sociales y civiles, sino que también la extiende a las leyes ya aprobadas y desarrolladas a lo largo de las últimas décadas, que los gobiernos conservadores no se atrevieron a derogar, en particular las de los gobiernos de Rodríguez Zapatero como las relativas a la memoria histórica, la ley de igualdad, de matrimonio homosexual y a la ley de plazos en materia de interrupción voluntaria del embarazo.

Más recientemente, ha sido la propia ultraderecha de Vox, la que ha ampliado el cliché de “derechita cobarde” a la de los gobiernos cobardes que no se atreven a derrotar la legislación progre. Con ello le ha marcado a Casado el camino de la radicalización y la polarización. El populismo trumpista como estrategia de la derecha española a costa de los derechos de las mujeres.

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