El acoso a mujeres que se acercan a un centro sanitario para interrumpir su embarazo es “una constante” desde que se aprobó la ley que permitía hacerlo en 2010. A partir de mañana, sin embargo, entra en vigor la ley orgánica que reforma el Código Penal para castigar con penas de cárcel el acoso a mujeres que acuden a clínicas abortivas, tras haber sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este miércoles.

El texto recoge que todos aquellos “actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos” que “menoscaben la libertad de las mujeres”, serán castigados con la pena de prisión de 3 meses a 1 año o bien con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días, y establece que el tribunal podrá imponer, además, la prohibición de acudir a determinados lugares durante un periodo de 6 meses a 3 años.

También incluye que el acoso que se ejerza a los trabajadores y profesionales de las propias clínicas también es objeto de pena, y que no es necesaria la denuncia para la persecución de los hechos.

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó en febrero esta reforma impulsada por el PSOE y con el apoyo de todos los grupos parlamentarios a excepción de PP y Vox, que votaron en contra.