INTERNACIONAL
20/03/2019 09:58 CET | Actualizado 20/03/2019 10:01 CET

Tres años del acuerdo UE-Turquía: las ONG denuncian un trato "cruel e inhumano"

Campamentos hacinados, condiciones precarias, trato cruel e inhumano...

MSF/Anna Pantelia
En las afueras del campamento de Vathy (Samos), los refugiados se acumulan bajo carpas y precarias tiendas de campaña, en condiciones lamentables. 

Hace tres años, Europa hizo una de las suyas: firmar un acuerdo con un país amigo con anhelos de entrar en el club, pagarle un buen dinero y echar al olvido un problema que le daba muchos dolores de cabeza, el de los refugiados, para que otro se hiciera cargo.

La Unión que reluce por unos sólidos valores de democracia, solidaridad y respeto a las leyes internacionales dio así un manotazo a la crisis que le amargó aquel verano de 2015, rubricando un pacto con Turquía para hacer de tapón al flujo de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo que venía del este. Se legitimaban las expulsiones a este país y se ofrecía un pago de 3.0000 millones de euros para que las autoridades turcas blindaran su frontera marítima con Grecia, como denuncia la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). De ese acuerdo se cumplen hoy tres años y los datos que arroja son, como mínimo, sonrojantes. 

Como explica Médicos Sin Fronteras (MSF), una de las “piedras angulares” de aquel documento era el principio de que los solicitantes de asilo que llegaran a las islas griegas deberían permanecer en ellas durante el tiempo que demore la tramitación de su registro y el procedimiento de asilo. En este tiempo, las personas han ido llegando, en busca de supervivencia, de libertad, de prosperidad, pero lo que han encontrado son campos masificados, donde los concentran en “condiciones insalubres, inseguras, degradantes y de hacinamiento”, donde tienen que pasar meses o incluso años, hasta que se resuelva su caso. Si logran cruzar desde Turquía, lo que les espera es el confinamiento indefinido. Hoy hay 12.000 civiles atrapados en estas instalaciones.

Los campos se concentran sobre todo en la islas de Grecia, aunque en el territorio peninsular las condiciones no son mucho mejores (pocos recursos, muchos durmiendo en la calle), y no tienen cubierto ni lo esencial. Según CEAR, son 72.000 las personas atrapadas en todo el país.

“Tres años después, la UE y el Gobierno griego siguen sin proporcionar condiciones de vida dignas ni una atención médica adecuada a las personas atrapadas en las islas griegas, aparentemente en un esfuerzo por disuadir a otros de venir a Europa”, denuncia MSF en un comunicado, en el que habla de “confinamiento geográfico”, de “sufrimiento generalizado” por la falta de asistencia médica o la degradación de los lugares donde malviven. 

“Patio trasero”

“Grecia se ha convertido en el patio trasero de la UE para los hombres, mujeres y niños que la propia Unión Europea no ha protegido”, denuncia Emmanuel Goué, coordinador general de MSF en Grecia. “Lo que una vez se proclamó como una emergencia de refugiados ha dado lugar a niveles inadmisibles de sufrimiento humano, tanto en las islas griegas como en la Grecia continental. Las autoridades europeas y griegas continúan despojando a las personas vulnerables de su dignidad y su salud, aparentemente en un esfuerzo por disuadir a otros de venir a Europa. Esta política es cruel, inhumana y cínica, y debe terminar”.

La ONG pone ejemplos concretos de esta situación descorazonadora. Así, en el campo de Vathy, en la isla de Samos, “las condiciones se han deteriorado drásticamente en los últimos meses debido a la masificación”. Hoy, el centro alberga a más de 4.100 personas en un espacio destinado a apenas 648, lo que significa que miles de personas languidecen sin protección en una zona sucia e insegura en el exterior del campo oficial, que ellos mismos llaman “la jungla”. 

Entre aquellos que se refugian fuera del centro hay, al menos, 79 niños no acompañados, mujeres embarazadas, ancianos, personas con enfermedades crónicas –incluidas enfermedades mentales graves, como psicosis– y supervivientes de tortura y violencia sexual.

Lo que una vez se proclamó como una emergencia de refugiados ha dado lugar a niveles inadmisibles de sufrimiento humano, tanto en las islas griegas como en la Grecia continental. Las autoridades europeas y griegas continúan despojando a las personas vulnerables de su dignidad y su salud, aparentemente en un esfuerzo por disuadir a otros de venir a Europa. Esta política es cruel, inhumana y cínica, y debe terminarEmmanuel Goué, coordinador general de MSF en Grecia

No es el único caso sangrante, el de Samos. El centro de Moria, en Lesbos (uno de los lugares que no se borra de la memoria por los naufragios que vimos hace tres años y medio), alberga a 5.200 personas en un espacio destinado a un máximo de 3.100, mientras que el campo Vial en Quíos trata de asistir a 1.361 personas, cuando su capacidad es de 1.014.

Eso hace que se multipliquen las enfermedades relacionadas con sus malas condiciones de vida, pero no sólo son físicas, sino también mentales, las que genera el horror del que se escapa, sumado a la espera, los trámites, el encierro. MSF aporta documentos de algunos de los refugiados en los que se ven claramente las fechas de sus procesos abiertos: algunos tienen la última entrevista para ver si logra el estatus de refugiado en 2021. Lo que dice el acuerdo con Turquía es que, hasta entonces, tienen que estar recluidos en estos centros.

Evros, la nueva ruta mortal

“Cuando una frontera se cierra, otra ruta más larga y peligrosa se abre”. Es lo que suele pasar cuando se trata de taponar una vía de escape. Y es lo que está pasando en Grecia ahora. Como han constatado sobre el terreno CEAR y el Consejo Griego para los Refugiados (GCR), el blindaje en el mar está haciendo que muchas personas opten por por la vía terrestre para acceder a Europa y traten de cruzar el fronterizo río Evros.

“El creciente número de personas que llegan a través de Evros –entre ellas muchas familias y niños– pone de relieve la ineficacia y los riesgos asociados con las políticas de cierre de fronteras, especialmente cuando están destinadas a detener la necesidad fundamental de las personas de buscar protección. Ayer se trataba de los peligrosos viajes marítimos, hoy se está convirtiendo en un viaje cada vez más peligroso por tierra a través de Evros. Después de haber permanecido en una ruta fuera de radar, es también el lugar de algunas de las violaciones más horrendas de los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo. Mañana debe haber una Europa que respete los derechos humanos y sus responsabilidades legales hacia los refugiados”, explica en un comunicado el coordinador de la Unidad Jurídica del GCR, Vasilis Papadopoulos. 

“La situación en esta frontera es una muestra más de que la política de externalizar fronteras puede servir a corto plazo para reducir el número de llegadas en una zona determinada pero desde luego es un fracaso para las personas que huyen de conflictos como el de Siria y para los propios valores de la Unión Europea”, lamentan, a su vez, desde CEAR.

Si bien el número total de llegadas ha disminuido considerablemente desde 2016, más de 6.000 hombres, mujeres y niños han llegado a Grecia desde principios de 2019, añade Médicos Sin Fronteras.

La gran mayoría de las personas proceden de países devastados por la guerra y generadores de refugiados, como AfganistánSiria e Irak y la República Democrática del Congo; y más de la mitad son mujeres y niños. “Esto demuestra que el enfoque de contención y disuasión de la UE para gestionar la migración ha fracasado a la hora de crear vías alternativas hacia un lugar seguro para quienes se ven obligadas a huir”, denuncia MSF.

Ilegal

Y es que, como repite la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, el tratado del que ahora se cumplen tres años no es, para empezar, ni legal. En mayo de 2016, CEAR presentó una denuncia a dicho acuerdo ante la Comisión Europea, el Consejo de Europa y el Defensor del Pueblo Europeo, por la vulneración de los derechos de las personas refugiadas, con el apoyo de 294 organizaciones y más de 12.000 firmas individuales. A raíz de esta queja, la Defensora del Pueblo recomendó a la Comisión Europea evaluar el impacto del acuerdo en materia de derechos humanos.

Desde entonces, la entidad ha mantenido la ilegalidad del acuerdo UE-Turquía, ya que su aplicación práctica vulnera la normativa europea e internacional, y ha venido alertando del riesgo que corre la vida de muchas personas refugiadas si finalmente son devueltas a Turquía. 

Pero así, al menos, no los vemos llegar, ni naufragar, ni caminar por bosques y caminos en busca del sueño europeo... 

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