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06/04/2020 11:07 CEST | Actualizado 06/04/2020 11:07 CEST

Ahora es el momento –excepcional– para que el Gobierno regularice a todas las personas migrantes

Si conseguimos que se apruebe esta medida tendremos varios centenares de miles más de conciudadanos y conciudadanas con derechos plenos.

SOPA Images via Getty Images
Migrantes subsaharianos tras ser rescatados por Salvamento Marítimo, en Málaga, hace dos meses. 

No se conoce la cifra, pero en España podemos hablar de varios centenares de miles de personas migrantes en situación de irregularidad administrativa. Estos “inmigrantes irregulares” son parte de nuestra comunidad, de “nosotros”. Son conciudadanos, compatriotas, que como consecuencia de su estatus administrativo tienen limitados sus derechos (a tener un contrato de trabajo, a cotizar a la seguridad social, a la protección social,...).

Resulta muy difícil obtener desde el país de origen la “autorización inicial de residencia” y, de esta manera, migrar legalmente a España. Por esta razón, muchas personas que se encuentran en una urgente necesidad de migrar, lo hacen irregularmente, bien entrando por medios de transporte regulares (por ejemplo, por avión, con estatus de turista), bien a través de la contratación de otros transportistas de fortuna (los engañosamente llamados “traficantes de personas”). 

Una vez en España, en situación irregular, y si no concurren circunstancias excepcionales (protección internacional, víctimas de trata,…), la manera de obtener el permiso de residencia es, fundamentalmente, a través:

  • Del arraigo laboral, si se ha permanecido en España al menos dos años y se puede acreditar una relación laboral de duración no inferior a seis meses.
  • Del arraigo social, si se ha permanecido en España al menos tres años y se acredita un contrato de trabajo firmado para un periodo no inferior a un año (también si se tienen “vínculos familiares” en primer grado con otros extranjeros residentes o con españoles).

El problema es la exasperante flema y complejidad burocrática con la que se realizan muchos de estos procesos, así como la dificultad para conseguir cumplir con algunos de estos requisitos. Por ejemplo, hay inmigrantes subsaharianos que llevan mucho más de tres años trabajando irregularmente en España, como temporeros en la agricultura o como vendedores ambulantes, que no consiguen acceder al requisito de contar con un contrato de trabajo para un período no inferior a un año, y que se eternizan, en un agobiante círculo vicioso, en esta situación de irregularidad.

¿Quiénes son? ¿De qué viven estas personas durante los tres años que hay que esperar para solicitar el arraigo social o, en muchos casos, y una vez superado este plazo, durante los años adicionales que se necesitan para poder solicitar o resolver sus peticiones de residencia? Entre otros grupos sociales, estamos hablando de personas que trabajan irregularmente en el campo (temporeros itinerantes en Huelva, Jaén, Almería, etc.), de vendedores ambulantes (“manteros”), de decenas de miles de mujeres extranjeras que son prostituidas en España (algunas, víctimas de trata), de mujeres que trabajan como empleadas de hogar, de personas que sostienen el cuidado en nuestro país (de niños/niñas, de personas con discapacidad y, cómo no, de los mayores), o de parte del colectivo de personas sin techo que existen en todas nuestras ciudades. Por otro lado, entre las personas que no tienen permiso de residencia están también las correspondientes a los más de 100.000 expedientes de asilo (o protección internacional) pendientes de resolución.

Si conseguimos que se apruebe esta medida tendremos varios centenares de miles más de conciudadanos y conciudadanas con derechos plenos.

Obsérvese que, en conjunto, se trata de un grupo muy amplio de personas en situación de vulnerabilidad, situados probablemente en el escalafón social más bajo. Son, además, en gran medida, personas emprendedoras y jóvenes respecto de las cuales, con frecuencia, circulan bulos (hoy también llamados “fake news”) tan absurdos como injustos. En Maldita.es puedes encontrar y desmontar muchas de esas filfas.

En el contexto actual –excepcional– de emergencia sanitaria mundial provocado por la COVID-19 los grupos sociales más desfavorecidos son particularmente vulnerables y quedan sujetos a un alto riesgo de desprotección. Este es el caso, evidente, de las personas migrantes en situación administrativa irregular. Estos días no han faltado ejemplos, como el de las mujeres prostituidas que fueron expulsadas, literalmente a la calle, del hotel-club en el que estaban haciendo el confinamiento, o el de los subsaharianos que viven en los asentamientos de chabolas de Lepe, que siguen deambulando por las calles vacías de esta localidad. 

Los momentos de excepcionalidad como el que estamos viviendo dejan al descubierto contradicciones y situaciones sociales que sabíamos que eran injustas e insostenibles, pero que preferíamos no mirar de frente. Sin embargo, ahora, no nos queda más remedio que hacerlo, y ello propicia la adopción de una serie de medidas necesarias y valientes para abordarlas.

Así que, ahora, con más fuerza que nunca, se justifica la propuesta de que el Gobierno realice un proceso extraordinario de regularización de todas las personas migrantes que están en España en situación administrativa de irregularidad.  

Esto supondrá, además de un avance en términos de justicia y derechos humanos, un avance en términos de capital humano productivo que hará posible una salida de la crisis más vigorosa y duradera.

La salida de una crisis sanitaria, económica y social como la que estamos sufriendo no va a ser sencilla. Para facilitarla, necesitamos contar entre nosotros con una ciudadanía libre, empoderada (por ejemplo, con el permiso de residencia en la mano, para muchas mujeres prostituidas será más fácil abandonar la prostitución), optimista y hacendosa. Si conseguimos que se apruebe esta medida tendremos varios centenares de miles más de conciudadanos y conciudadanas con derechos plenos. Esto supondrá, además de un avance en términos de justicia y derechos humanos, un avance en términos de capital humano productivo (muchas más personas trabajando más productivamente y cotizando a la seguridad social) que hará posible una salida de la crisis más vigorosa y duradera.

No, no puedo cerrar este breve artículo en defensa de la regularización de los migrantes sin insistir en el argumento de justicia (en tiempos en los que, además de los sentimientos de temor y desazón, afloran los de solidaridad y amor). Lo voy a hacer apelando a Amartya Sen (premio Nobel de Economía y filósofo moral). Según este pensador, el desarrollo económico y social consiste en ampliar la libertad o capacidad de elección de un número cada vez mayor de personas. Si el gobierno aprueba esta regularización extraordinaria, una vez superada la crisis, podremos mirar atrás y ver que no nos hemos olvidado de este grupo vulnerable y sin protección social; y también podremos mirar hacia delante y ver que hemos conseguido ampliar la capacidad de agencia (la sensación de tener libertad de elegir el modo en que se quiere vivir) de centenares de miles de personas. Habremos avanzado en desarrollo humano.

 

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