AI denuncia la "traición" de gobiernos y empresas de su promesa de recuperación justa postcovid

Decíamos que saldríamos mejores, más solidarios, más justos, pero no. Desde luego, no en la cúspide del mundo. “En 2021, los países ricos se confabularon con los gigantes empresariales para embaucar a la población con consignas vacías y falsas promesas de una recuperación justa de la pandemia de covid-19 en lo que constituye una de las mayores traiciones de nuestra era”, denuncia sin ambigüedades Amnistía Internacional en la presentación de su examen anual de la situación de los derechos humanos en el mundo.

En Amnistía Internacional 2021/22: La situación de los derechos humanos en el mundo, se concluye que estos Estados, junto con grandes empresas, en realidad “han ahondado la desigualdad global”. El informe detalla las causas fundamentales, como la “perniciosa codicia de las empresas” y el “brutal egoísmo nacional”, así como el “abandono de la infraestructura sanitaria y pública” por Gobiernos de todo el mundo.

“El año 2021 debería haber sido un año de cura y recuperación. En cambio, se convirtió en el vivero de una desigualdad más profunda y una mayor inestabilidad, un legado corrosivo para los próximos años”, ha declarado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

“Un dirigente tras otro prometieron reconstruir mejor con miras a abordar las desigualdades arraigadas que exacerbaron el impacto de la pandemia. En cambio, lo que hicieron fue representar una trágica fábula de traición y codicia en connivencia con los gigantes empresariales. Aunque el mundo entero se vio afectado, quienes soportaron sus peores consecuencias fueron las comunidades más marginadas, incluidas las de primera línea de la pobreza endémica”.

El dossier deja claro que los éxitos de la vacuna “se vieron socavados por el nacionalismo egoísta y la codicia empresarial”. El rápido despliegue vacunal contra la COVID-19 se interpretó como una panacea científica que ofrecía la esperanza del final de la pandemia para todo el mundo. Sin embargo, pese a que había producción suficiente para vacunar totalmente a la población mundial en 2021, menos del 4% de quienes vivían en países de ingresos bajos habían recibido la pauta completa al finalizar el año.

“En las cumbres del G7, el G20 y la COP26, pontificando sobre un escenario global, a los líderes y lideresas políticos y económicos se les llenó la boca de políticas que podrían generar un enorme cambio en el acceso a la vacuna, así como revertir la falta de inversión en protección social y abordar el impacto del cambio climático. Altos cargos de las grandes empresas farmacéuticas y tecnológicas nos regalaron los oídos con sus discursos sobre la responsabilidad social empresarial. En ese momento crucial, el escenario era propicio para la recuperación y para que se produjera un cambio realmente significativo hacia un mundo más igualitario”, afirma Callamard.

“Sin embargo, desaprovecharon la oportunidad y recuperaron políticas y prácticas que profundizaban aún más la desigualdad. Los miembros del club más exclusivo del mundo hicieron promesas en público de las que luego renegaban en privado”, ahonda.

Países ricos como los Estados miembros de la Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos acumularon más dosis de las que necesitaban, mientras miraban para otro lado cuando las grandes empresas farmacéuticas anteponían los beneficios a las personas negándose a compartir su tecnología y permitir una mayor distribución de las vacunas. En 2021, Pfizer, BioNTech y Moderna previeron unos exorbitantes beneficios de hasta 54.000 millones de dólares y, sin embargo, suministraron menos del 2% de sus vacunas a países de bajos ingresos.

Las grandes empresas farmacéuticas no fueron los únicos gigantes empresariales que menoscabaron la recuperación de la pandemia en favor del beneficio. Empresas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter proporcionaron un terreno fértil para la desinformación sobre la covid-19, lo que permitió que floreciera la reticencia a la vacunación. Algunos dirigentes políticos también actuaron como superdifusores de desinformación, alimentando la desconfianza y el miedo en su propio beneficio político. “Las empresas de redes sociales permitieron que sus lucrativos algoritmos difundieran desinformación perjudicial sobre la pandemia, dando prioridad al sensacionalismo y la discriminación frente a la verdad”, abunda la dirigente de Amnistía.

“La magnitud de las ganancias que obtuvieron gracias a la desinformación y el impacto que eso tuvo en la vida de millones de personas obliga a esas empresas a rendir cuentas”, concluye.

Los marginados, sin respuesta

Mientras muchos países del Sur global sufrían las consecuencias de la connivencia entre los gigantes empresariales y los gobiernos occidentales, la devastación se vio agravada por el desmoronamiento de los sistemas de salud y del apoyo económico y social bajo el peso de decenios de abandono. En ningún lugar se notó esto con más claridad y crueldad que en África, razón por la cual Amnistía Internacional presenta hoy su informe desde Sudáfrica.

Con menos del 8% de la población del continente vacunado con la pauta completa al finalizar 2021, África tiene la tasa de vacunación más baja del mundo, amenazada por suministros insuficientes del Mecanismo COVAX, el Fondo Africano para la Adquisición de Vacunas y a través de donaciones bilaterales. Se dejó a la población expuesta mientras las campañas de vacunación decaían o fracasaban en países cuyo sistema de salud ya era insuficiente.

En Sudáfrica, alrededor de 750.000 niños y niñas habían abandonado las escuelas en mayo, más de tres veces la cifra anterior a la pandemia. En Vietnam, las trabajadoras migrantes sufrieron un impacto particular que provocó inseguridad alimentaria y les impidió satisfacer otras necesidades básicas. En Venezuela, la pandemia empeoró una emergencia humanitaria preexistente: el 94,5% de la población vivía en la pobreza de ingresos y el 76,6%, en la pobreza extrema.

“En muchos países del mundo, poblaciones ya marginadas pagaron el precio más alto por las decisiones políticas deliberadas de una minoría privilegiada. El derecho a la salud y a la vida se violaron a una escala masiva; millones de personas tenían dificultades para llegar a fin de mes; muchas perdieron su casa; niños y niñas fueron excluidos de la educación, y la pobreza aumentó”, prosigue Agnès Callamard.

“El fracaso mundial a la hora de ofrecer una respuesta global a la pandemia también creó un caldo de cultivo para mayores conflictos e injusticias. La pobreza creciente, la inseguridad alimentaria y la instrumentalización de la pandemia por los gobiernos a fin de reprimir la disidencia y las protestas quedaron firmemente arraigadas en 2021, favorecidas por el nacionalismo de las vacunas y la codicia de los países más ricos”, incide.

La “pusilánime” respuesta internacional

En 2021, estallaron además conflictos nuevos y persistieron otros no resueltos en Afganistán, Burkina Faso, Etiopía, Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, Libia, Myanmar y Yemen, en los que las partes enfrentadas violaron el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. A su paso, la población civil se convirtió en un daño colateral; millones de personas se vieron desplazadas; miles murieron; cientos sufrieron violencia sexual, y unos sistemas económicos y de salud ya frágiles llegaron al límite.

“La inacción global a la hora de abordar estos conflictos que se multiplicaban aumentó la inestabilidad y la devastación”, señala el informe de AI. “La ineficacia de la respuesta internacional a estas crisis quedó patente con la parálisis en el Consejo de Seguridad de la ONU, que no actuó en relación con las atrocidades que se estaban cometiendo en Myanmar, ni con las violaciones de derechos humanos en Afganistán o los crímenes de guerra en Siria”, detalla. Esta “vergonzosa inacción, la parálisis continuada de los organismos multilaterales y la ausencia de rendición de cuentas de Estados poderosos” contribuyeron a preparar el terreno para la invasión de Ucrania por Rusia, “que ha violado de forma flagrante el derecho internacional” y que ahora concentra la atención del mundo.

“Fueron escasísimos los casos que generaron una necesaria respuesta internacional o que se cerraron con justicia y rendición de cuentas. En su lugar, los conflictos se extendieron y, al prolongarse, sus repercusiones empeoraron. El número y la diversidad de las partes implicadas aumentó. Se abrieron nuevos escenarios de conflicto. Se ensayaron nuevas armas. Aumentó el número de personas muertas y heridas. La vida se devaluó. La estabilidad global se llevó al límite”, afirma Agnès Callamard.

Mordaza a la disidencia

En su repaso anual, Amnistía denuncia la tendencia global a amordazar las voces independientes y críticas, que cobró fuerza en 2021, cuando los gobiernos desplegaron un abanico creciente de herramientas y tácticas. Defensores y defensoras de los derechos humanos, ONG, medios de comunicación y dirigentes de la oposición fueron objeto de detención ilegítima, tortura y desaparición forzada, “muchos bajo la cortina de humo de la pandemia”, además.

Al menos 67 países introdujeron en 2021 nuevas leyes que limitaban la libertad de expresión, de asociación o de reunión. En Estados Unidos, al menos 36 estados presentaron más de 80 proyectos de ley que limitaban la libertad de reunión, mientras el gobierno de Reino Unido proponía el Proyecto de Ley de Policía, Delincuencia, Imposición de Penas y Tribunales, que reduciría drásticamente el derecho a la libertad de reunión pacífica, entre otros medios, con la ampliación de las facultades policiales.

“Tecnologías digitales subrepticias se utilizaron como armas todavía más”. En Rusia, el gobierno recurrió al reconocimiento facial para practicar detenciones masivas de quienes se manifestaban pacíficamente. En China, las autoridades ordenaron a los proveedores de servicios de Internet que cortasen el acceso a sitios web que “ponían en peligro la seguridad nacional” y bloquearon aplicaciones en las que se hablaba de temas polémicos como Xinjiang y Hong Kong. En Cuba, Esuatini, Irán, Myanmar, Níger, Senegal, Sudán y Sudán del Sur, las autoridades recurrieron a cierres e interrupciones de Internet para impedir que la ciudadanía compartiera información sobre la represión y se organizara en respuesta a ella.

“En lugar de generar espacios para un diálogo y un debate imprescindibles sobre la mejor forma de afrontar los desafíos de 2021, muchos Estados redoblaron sus esfuerzos para acallar las voces críticas”, prosigue Callamard.

También se apunta que quienes estaban en el poder en 2021 “carecieron de ambición y de imaginación para hacer frente a una de las amenazas más graves para la humanidad”, pero defiende el texto que “no cabe decir lo mismo de las personas a las deberían haber representado”: los ciudadanos han ido dando lecciones a sus mandatarios. Por ejemplo, la gente salió a la calle en Colombia después de que el gobierno decidiera subir los impuestos pese a que la población estaba teniendo dificultades para alimentar a su familia durante la pandemia. En Rusia, las concentraciones de la oposición siguieron adelante a pesar de las detenciones arbitrarias y los enjuiciamientos masivos. Los agricultores indios protestaron contra las nuevas leyes que pretendían dañar sus medios de vida.

Activistas juveniles e indígenas de todo el mundo pidieron cuentas a sus dirigentes por su inacción ante la crisis climática. Las organizaciones de la sociedad civil, incluida Amnistía Internacional, presionaron y lograron que se reconociera el derecho a un medioambiente limpio, sano y sostenible. Las ONG presentaron demandas estratégicas innovadoras y denuncias penales contra multinacionales como Nike, Patagonia y C&A por su complicidad en el trabajo forzoso documentado en la región china de Xinjiang.

En un gran ejemplo de cooperación, el Proyecto Pegasus -una colaboración de más de 80 periodistas que contaba con el apoyo técnico de Amnistía Internacional- reveló que el software espía de la empresa israelí NSO Group se había usado contra jefes de Estado, activistas y periodistas de Arabia Saudí, Azerbaiyán, Hungría, Marruecos y Ruanda.

“Pese a sus promesas y compromisos en sentido contrario, casi a cada paso, dirigentes y grandes empresas optaron por un enfoque no transformativo, eligiendo reforzar las desigualdades sistémicas existentes tras la pandemia en lugar de derribarlas. Aun así, la ciudadanía del mundo entero ha dejado meridianamente claro que lo que quiere es un mundo más justo, basado en los derechos humanos”, concluye Callamard.

“La resistencia palpable y persistente que ofrecen los movimientos populares del mundo entero es un rayo de esperanza. Sin desmayo y sin dejarse atemorizar, es un toque de rebato en favor de un mundo más equitativo. Si los gobiernos no se empeñan en reconstruir mejor -y parecen decididos a hacerlo mal-, no nos quedan muchas opciones. Debemos luchar contra todos y cada uno de sus intentos de acallar nuestras voces y alzarnos contra cada una de sus traiciones. Por este motivo, lanzaremos en las próximas semanas una campaña global de solidaridad con los movimientos populares con el propósito de exigir respeto al derecho a la protesta. Debemos construir y potenciar la solidaridad global aun cuando nuestros líderes no lo hagan”, insiste.

¿Cómo está España?

En España hemos denunciado la mayor violación de derechos humanos de la pandemia: la discriminación sufrida por las personas mayores en las residencias, que ha quedado prácticamente impune. “El año 2021 es el año de la impunidad: ni una sola persona ha sido encontrada culpable por estos hechos y, a pesar de eso, ninguno de los grupos parlamentarios del Congreso ha apoyado de momento la apertura de una comisión de la verdad”, lamenta Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

A eso se suma lo que la organización ha denominado como “la otra pandemia”: la falta de acceso adecuado a la atención sanitaria de personas con enfermedades crónicas, personas mayores, y personas con problemas de salud mental, que ha puesto en riesgo su salud física y mental y ha impactado de manera especial en las mujeres, en el marco de un sistema sanitario cercano al colapso, especialmente en su atención primaria.

Además, con respecto a la situación de las personas refugiadas, la organización lamenta la doble vara de medir: por un lado el gobierno está haciendo esfuerzos por dar una respuesta ágil a quienes llegan a España procedentes de Ucrania o de Afganistán, pero no actúa de la misma manera con respecto a otras personas que también pueden huir de la violencia o la persecución.

“No podemos un día acoger con los brazos abiertos a quienes escapan de la guerra, y al día siguiente golpear con extrema brutalidad a quienes saltan la valla en Melilla. No es coherente exigir una respuesta coordinada y abierta para las personas refugiadas en la Unión Europea, y después llevar a cabo devoluciones en caliente, incluso de menores, y justificarlo todo con el control migratorio. Las autoridades españolas deben tomar una decisión sobre si quieren cumplir con el derecho internacional en sus fronteras, o si solo van a hacerlo cuando interesa más”, señala Esteban Beltrán.

Por último, Amnistía Internacional denunció que la libertad de expresión y el derecho a la protesta siguen amenazadas en España por la falta de reforma de la denominada Ley Mordaza; la aplicación del Código Penal en casos como la condena y entrada en prisión de Pablo Hasel por los delitos de “enaltecimiento de terrorismo” e “injurias a la corona y a las instituciones del Estado”; o el uso excesivo de la fuerza por parte de miembros de las fuerzas de seguridad para disolver manifestaciones, en las que se incluye el uso de pelotas de goma o bolas de foam de forma inadecuada, que provocaron que una mujer perdiera el ojo durante las protestas en Cataluña. La única buena noticia en este ámbito en 2021 consistió en la puesta en libertad de los activistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart después de cuatro años en los que nunca debieron estar en prisión.

Legislaciones pendientes, como el Proyecto de Ley de Garantía de la Libertad Sexual, que sitúa el consentimiento de la mujer en el centro de la ley, o el Proyecto de Ley de Vivienda, un avance histórico que llenaría un vacío normativo de regulación de este derecho a nivel estatal desde la Constitución española, entre otras, podrían avanzar los derechos humanos en España.