Arranca el juicio del tren Alvia, nueve años después del accidente que dejó 80 muertos

Arranca el juicio del tren Alvia, nueve años después del accidente que dejó 80 muertos

Hay dos únicos acusados, que son el maquinista, Francisco José Garzón Amo, y un excargo de Adif responsable de la seguridad en la circulación, Andrés Cortabitarte.

Algo más de nueve años después del accidente del tren que descarriló en Santiago, provocando ochenta muertos y casi centenar y medio de heridos, arranca este miércoles, 5 de octubre, el juicio del Alvia en la Ciudad de la Cultura de la capital gallega.

Hay dos únicos acusados, que son el maquinista, Francisco José Garzón Amo, y un excargo de Adif responsable de la seguridad en la circulación, Andrés Cortabitarte.

Se les imputan ocho decenas de fallecimientos por imprudencia grave profesional, 145 lesiones por el mismo motivo y un delito de daños, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

El Ministerio Fiscal solicita para cada uno de ellos cuatro años de prisión y demanda la inhabilitación del maquinista para su oficio durante el tiempo de la condena, y la del cargo de Adif para cualquier profesión que implique gestión, seguridad o responsabilidad en este tipo de infraestructuras. La reclamación total de daños y perjuicios en materia de responsabilidad civil asciende a 57.686.635,93 euros.

El expediente principal está conformado por 44.460 folios, los cuales están divididos en 95 tomos, como ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. El juzgado ha admitido las declaraciones de 522 testigos, 21 testigos-peritos y 126 peritos (669 testificales en total), con el matiz de que las partes puedan desistir de alguna, ya sea antes o durante el juicio.

El despliegue al que obligó la vista oral por la marea negra del petrolero Prestige, catástrofe de la que están a punto de cumplirse dos décadas, es lo único comparable a lo que acontece ahora con el Alvia. En la mayor causa jamás instruida en España por un delito medioambiental habían sido diez los años de investigación judicial y nueve los meses de juicio.

Las defensas

El abogado que defiende a Francisco Garzón, el conductor del tren aquella jornada, solicita la libre absolución, al entender que “la clave” para que se produjera el siniestro está en la “carencia de un análisis de riesgo y medidas de seguridad” en la línea entre Ourense y Santiago.

Garzón estuvo de baja por accidente laboral desde que se produjo la tragedia, el 24 de julio de 2013, hasta 2015, cuando se reincorporó a Renfe en tareas de gestión en talleres de material rodante. Recientemente se ha prejubilado.

También rechaza responsabilidades la defensa del otro acusado, Andrés Cortabitarte, que estaba al frente de la Dirección de Seguridad en la Circulación de Adif cuando se puso en servicio la línea (lo estuvo de 2006 a 2013).

Después, Cortabitarte fue reubicado por la empresa pública, pero se mantuvo en puestos de dirección hasta mayo de 2021, cuando presentó su renuncia y pasó a tener la categoría de técnico especialista, con la que accedió a su plaza.

En declaraciones a Europa Press, el abogado que ejerce la defensa de Garzón, Manuel Prieto, señala por su parte que confía en que “se aclare toda la verdad” y “se determinen las causas del accidente”. “Que era una línea carente de análisis de riesgo y sin sistemas de seguridad es la esencia y la causa principal”, subraya.

Prieto presentó escrito de defensa en la que pide la libre absolución de su representado y aspira a que esta solicitud pueda mantenerse tras la celebración del juicio de manera definitiva.

Una larga instrucción

En abril del año pasado, la Audiencia Provincial de A Coruña ratificó el cierre de la instrucción por parte del juez Andrés Lago Louro, que heredó la causa de Luis Aláez -quien en su día imputó a la cúpula de Adif-.

Lago Louro dio por primera vez carpetazo a esta larga investigación, con múltiples retrasos, en octubre de 2015 y lo hizo con el maquinista como único imputado.

En medio de una larga lucha de las víctimas (que llevaron sus reivindicaciones a las calles y a las instituciones comunitarias durante todo este tiempo), los magistrados de la Audiencia marcaron al juez instructor otro camino y en diciembre de 2018 volvió a cerrarla ya con Garzón y Cortabitarte como presuntos responsables.

Más tarde, una denuncia de un extrabajador de Talgo obligó a reabrir la causa, que el instructor concluyó, ya de manera definitiva, en septiembre de 2020. De julio de 2021 es el auto de apertura de juicio oral.

¿Qué esperan las partes?

Por parte de la plataforma de víctimas, Jesús Domínguez, el portavoz de la asociación, hace hincapié en que lo que buscan es “que la gente conozca la verdad” de lo sucedido, “a mayores de depurar responsabilidades”.

De hecho, este lunes se concentraron ante el Congreso de los Diputados para exigir la dimisión de la exministra de Fomento, Ana Pastor, “por sus mentiras y maniobras de ocultación”, después de que trascendiese la carta con la que la actual vicepresidenta segunda de la Cámara Baja advirtió en su día a la comisaria de Transportes Violeta Bulc en relación con la “gravedad” de la publicación de un informe europeo crítico con la investigación oficial del Estado español -que solo señala al maquinista-.