Asturias también solicita al Gobierno que declare el estado de alarma para aplicar el toque de queda
Se suma así a País Vasco, Castilla y León, Extremadura, y Melilla.
El Principado de Asturias también solicita al Gobierno central la declaración del estado de alarma para restringir la movilidad nocturna de la población para hacer frente al avance de la segunda ola de la pandemia de la COVID-19.
El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha anunciado este viernes que se va a decretar el cierre perimetral de las tres grandes ciudades asturianas; Oviedo, Gijón y Avilés.
Además, el Ejecutivo también va solicitar una valoración jurídica del Tribunal Superior de Justicia para poder establecer el del toque de queda entre las 0.00 y las 6.00 horas.
La petición del estado de alarma por parte del Principado se suma así a la trasladada este mismo viernes por el lehendakari, Iñigo Urkullu, quien ha solicitado esta medida para todo el Estado por un período inicial de 15 días con el mando y la gestión en manos de los presidentes autonómicos, de manera coordinada.
Barbón y el consejero de Salud, Pablo Fernández, han comparecido este viernes tras participar en una nueva reunión de la comisión interadministrativa para el seguimiento de la nueva normalidad en Asturias.
En el encuentro se ha analizado la evolución de la incidencia de la pandemia en los distintos concejos asturianos para analizar posibles cierres perimetrales.
Asturias sumó ayer 323 nuevos contagios por la COVID-19, cifra que supone un nuevo récord diario de casos desde el inicio de la pandemia en una jornada en la que la tasa de positividad se elevó hasta el 6,8 por ciento, frente al 5,6 por ciento del miércoles, con lo que sigue por encima del umbral fijado por la OMS para considerar que la expansión de la covid se encuentra bajo control (5%).
El Gobierno del Principado ya aprobó el pasado 14 de octubre nuevas restricciones que se concretan en la prohibición de consumir en las barras de los establecimientos hosteleros y en limitaciones de aforo en los centros comerciales.
Castilla y León, Extremadura, y Melilla también lo han solicitado.
