Ayuso saca adelante la ley de Telemadrid y fulmina a la dirección de la cadena
La Asamblea aprueba la primera norma del Gobierno regional con el apoyo del PP y la abstención de Vox.
El PP ha conseguido sacar adelante este jueves en la Asamblea de Madrid su primera ley desde su victoria del 4-M. La prioridad legislativa de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en la recta final de la pandemia ha sido cambiar el funcionamiento de Telemadrid para fulminar a su director general, José Pablo López, —en el punto de mira junto al responsable de informativos, Jon Ariztimuño— y liquidar la estructura actual de la cadena.
Ayuso se ha anotado el tanto gracias al apoyo de los 65 diputados del PP y a la abstención de los 13 de la ultraderecha de Vox. Los 58 escaños de la oposición de izquierda —Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos— han votado en contra.
La Asamblea regional ha dado luz verde a la proposición de ley con la que los populares cambian la norma, aprobada en 2015, que la propia Ayuso defendió hace años como mejor vehículo para garantizar la independencia de la radio y televisión pública.
El PP ha logrado que el mandato del director de Telemadrid vuelva a ser de cuatro años, en lugar de los seis actuales. Ese lapso, superior al de un presidente autonómico en ejercicio, intentaba asegurar la independencia del máximo responsable de la cadena al desvincular los tiempos de cada uno.
La nueva ley de Ayuso introduce, además, la figura de un administrador provisional que tomaría las riendas de la cadena hasta que los partidos de la Asamblea se pongan de acuerdo para lograr la mayoría de dos tercios que hace falta para elegir al director del ente.
Al PP le han llovido las críticas de la oposición, del comité de empresa, de los sindicatos y de las asociaciones profesionales de periodistas porque ven en la norma un claro intento de “menoscabar” la independencia y “deteriorar” la calidad de Telemadrid. Los populares podrán situar a ese administrador externo solo con la mayoría absoluta que suma con Vox.
Es más, ese administrador no tendrá límite de mando, lo que permite al PP controlar Telemadrid incluso si sale de Sol. Un nuevo Gobierno tendría que seguir haciendo malabarismos para tejer la mayoría de dos tercios que dé la llave de la televisión pública a otro director mientras el administrador del PP continuaría al frente.
La ley de Ayuso para Telemadrid cambiará a cinco de los nueve miembros del consejo de administración procedentes de la sociedad civil, como las asociaciones profesionales de periodistas, por miembros de los partidos con representación parlamentaria —los otros cuatro ya eran políticos de la Asamblea—.
“No queremos cerrar Telemadrid, queremos reforzarla y acabar con el abuso y las disfuncionalidades”, ha defendido la diputada popular Almudena Negro, para quien la reforma corregirá la “rigidez de los sistemas de elección” de los órganos directivos.
Una mentira para justificar el cambio
La propia presidenta ha asegurado en el Pleno de este jueves que Telemadrid es un “servicio público sin público” y que, por eso, “no es un servicio sino un negocio de cuatro”. El problema es que Ayuso ha mentido, porque la audiencia de la cadena no ha hecho más crecer en los últimos cuatro años.
Según El Español, que cita datos de Kantar facilitados por la consultora Dos30, la televisión autonómica ha pasado del 4,1% de share en 2017 a un 5,5% en lo que va de 2021, es decir, un 25% más. Y lo ha logrado en un contexto adverso para la televisión por la competencia de la televisión de pago y el auge de las plataformas de streaming. Y lo mismo ha ocurrido con los informativos. Todos los Telenoticias de la cadena han crecido a un ritmo del 22,4% de audiencia en 2020.
No obstante, Ayuso parece hacer oídos sordos a los índices de la cadena y ha asegurado que su “misión” como gestora es “garantizar el futuro, la audiencia y la calidad de Onda Madrid y de Telemadrid”. “Por eso, reformamos una ley en el Legislativo”, ha zanjado la presidenta.
La presidenta ha cargado contra la dirección de la cadena —señalada también por su jefe de gabinete, el periodista Miguel Ángel Rodríguez— que encabeza José Pablo López: “Estoy obligada a asegurar su viabilidad y me ocupo de cumplir, entre otras cosas, el Contrato-Programa cuando la dirección de la propia cadena ni siquiera lo ha elaborado en el plazo establecido”.
La ley nace con la sombra de un recurso de inconstitucionalidad
Tanto Más Madrid como PSOE estudian presentar un recurso de inconstitucionalidad con el argumento de que no se puede expulsar de la dirección de la cadena a José Pablo López, a quien aún le quedan dos años para cumplir el mandato de seis, porque no se puede aplicar la ley con efectos retroactivos. No obstante, Más Madrid ha pedido que sea el Gobierno central el que represente el recurso ante el Tribunal Constitucional porque cree, según explica a este diario el diputado Hugo Martínez, que sería lo que pararía la ley.
La diputada del PSOE Isabel Aymerich ha dicho que la “celeridad” del PP responde a “la nueva configuración de la Cámara” para ejercer “un mayor control” sobre la cadena, pero que “intentan camuflar con una mayor autonomía... Es un ‘quítate tú para ponerme yo’”, ha remarcado.
Más dura, la portavoz de Unidas Podemos, Vanesa Lillo, ha acusado a la presidenta de tener la intención de que la cadena “vuelva a ser la Telemadrid oscura de (Esperanza) Aguirre, cuando llamaban al presidente a decir que manipularan las informaciones”.
Telemadrid ya respondió alto y claro la semana pasada al plan de Ayuso. La dirección general del ente y el consejo de administración se plantaron ante la reforma del PP: “Parece tener como único fin y motivación sustituir a la persona que actualmente ostenta la dirección general”, aseguró la cadena en una carta que remitieron a los grupos parlamentarios.
La dirección de Telemadrid sostiene que “en el texto [que ha sido aprobado este jueves] no se contempla ninguna medida para mejorar la gestión y dotar de mayor eficiencia al uso de los recursos públicos que se destinan, ni tampoco garantizar la independencia y la neutralidad de la cadena”.
