INTERNACIONAL
16/03/2021 03:41 CET

Bruselas inicia acciones legales contra Reino Unido por violar el acuerdo del Brexit

El Gobierno de Boris Johnson prolonga de forma unilateral el período de gracia a los controles aduaneros en Irlanda del Norte.

Peter Morrison via AP
El primer ministro británico, Boris Johnson, durante una visita a Irlanda del Norte.

La Comisión Europea ha iniciado este lunes un expediente de infracción contra Reino Unido por incumplir el acuerdo negociado para evitar un Brexit traumático, un procedimiento que activa por segunda vez en seis meses contra Londres al considerar que está violando las condiciones de la separación.

Bruselas ha remitido este lunes la carta de emplazamiento que pone en marcha el proceso y que, en última instancia, podría llevar a Reino Unido ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si las partes no acuerdan antes una solución a la disputa.

El Ejecutivo comunitario reacciona así a la decisión del Gobierno de Boris Johnson de prorrogar de forma unilateral hasta el 1 de octubre el “período de gracia” para los controles aduaneros sobre alimentos o productos agrícolas que llegan a Irlanda del Norte. 

Londres y Burselas acordaron que las mercancías que crucen entre la región británica del Úlster, en la isla de Irlanda, y Gran Bretaña, se someterían a controles aduaneros a partir de abril.

Actuación “inaceptable”

La Unión Europea considera “inaceptable” la actuación de Reino Unido e insiste, como ya ocurrió en la ocasión anterior, en que el acuerdo de divorcio es un Tratado cuyo incumplimiento supone también ir en contra del Derecho Internacional.

Por eso, la Comisión ha decidido iniciar el procedimiento de infracción que en su primera fase da un plazo de un mes a las autoridades británicas para responder a la petición de aclaraciones y tomar “rápidamente medidas correctivas para restaurar el cumplimiento del protocolo”.

Si en esta primera toma de contacto no se resuelven las diferencias, el Ejecutivo comunitario daría el siguiente paso que implica un dictamen motivado para insistir en los cambios y que daría un plazo similar a los británicos para reaccionar.

En tercera y última instancia, sin acuerdo previo, el asunto llegará al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aunque fuentes comunitarias insisten en que el lado europeo prefiere una “solución dialogada” que llegue antes de que el caso se elevara a la Justicia europea.

Las mismas fuentes recuerdan que aunque Reino Unido es ya un país tercero la Justicia europea sigue siendo competente para dirimir sobre una eventual ruptura del acuerdo, porque es parte de los instrumentos previstos por el propio acuerdo.

Rectificar y abstenerse

En paralelo a las medidas legales, Bruselas ha optado también por enviar un mensaje “político” a Londres, mediante una carta firmada por el vicepresidente de la Comisión Europea responsable de supervisar el cumplimiento de los acuerdos con Reino Unido, Maros Sefcovic, en la que llama al Gobierno de Johnson a “rectificar” y abstenerse de poner en práctica las normas contrarias al pacto.

En el texto remitido al ministro responsable del seguimiento del Brexit, David Frost, Sefcovic critica que las medidas unilaterales son una “violación de la obligación de buena fe” que recoge el artículo 5 del Tratado de Retirada. Además, invita a su contraparte a reanudar las conversaciones en el marco del comité mixto para buscar “soluciones mutuamente acordadas” antes de que acabe este mes de marzo.

“Juntos acordamos el protocolo como la única forma de proteger los Acuerdos de Viernes Santo. Y juntos estamos obligados a cumplirlos”, ha dicho Sefcovic en un comunicado, en el que también ha avisado de que romperlo de manera unilateral también “socava la confianza” en Reino Unido.

Medidas temporales 

El Gobierno británico, por su parte, sostiene que su decisión de retrasar los controles aduaneros en Irlanda del Norte está dentro de la legalidad. “Hemos dejado claro que las medidas que hemos tomado son temporales”, dirigidas a “minimizar las fricciones en Irlanda del Norte y proteger las vidas cotidianas de la gente que vive allí”, ha indicado a EFE un portavoz del Ejecutivo.

“Son legales y forman parte de una implementación progresiva y de buena fe del Protocolo para Irlanda del Norte”, agrega.

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