Bruselas llevará a España ante la Justicia europea por la contaminación de sus aguas con nitratos

Bruselas llevará a España ante la Justicia europea por la contaminación de sus aguas con nitratos

La Comisión Europea reclama a las autoridades españolas que revisen la situación de siete comunidades autónomas.

Basura acumulada en el río de Guadarrama, en Arroyomolinos (Madrid).Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images

La Comisión Europea ha anunciado este jueves que llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no tomar las medidas adecuadas para proteger sus aguas de la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias, a pesar de que así lo exige la normativa comunitaria y del expediente abierto en Bruselas desde 2018.

Además, la Comisión reclama a las autoridades españolas que revisen la situación de siete regiones y sigan designándolas zonas vulnerables a los nitratos. Se trata de las siguientes comunidades autónomas: Castilla y León, Extremadura, Galicia, Baleares, Canarias, Madrid y Comunidad Valenciana.

También pide incluir todos los elementos obligatorios necesarios en los programas de acción de Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Madrid.

A pesar de algunos avances limitados, España todavía debe adoptar medidas adicionales para evitar la eutrofización en todo el país
Comunicado de la Comisión Europea.

En su examen, Bruselas considera “insuficientes” las medidas tomadas hasta la fecha en Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia y reclama “medidas adicionales” para que todas ellas puedan alcanzar los objetivos fijados por la directiva sobre nitratos.

“A pesar de algunos avances limitados, España todavía debe adoptar medidas adicionales para evitar la eutrofización en todo el país, ya que las establecidas hasta la fecha no han logrado alcanzar los objetivos de la Directiva”, según ha informado el Ejecutivo comunitario.

El origen del expediente

El expediente por el que Bruselas acude ahora a la Justicia europea se remonta a noviembre de 2018, cuando los servicios comunitarios abrieron formalmente el procedimiento de infracción contra España con el envío de una carta de emplazamiento pidiendo más información.