INTERNACIONAL
25/10/2021 08:42 CEST

Cae 'Otoniel', el narco más poderoso de Colombia desde Escobar

Se le acusa de enviar toneladas de cocaína a EEUU, extorsionar a empresarios y comerciantes, matar a policías y hasta de abusar de menores.

La detención del narcotraficante más buscado de Colombia, Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, abre varias incógnitas sobre el futuro del grupo criminal que dirigía, el Clan del Golfo, y sobre la situación de seguridad en las regiones donde opera.

Otoniel, según las palabras de ayer del presidente de Colombia, Iván Duque, era “el narcotraficante más temido en todo el mundo”, y su captura es “el golpe más duro que se le ha propinado al narcotráfico en este siglo en nuestro país y es solamente comparable con la caída de Pablo Escobar en los años 90″.

Su captura tuvo lugar en la zona rural de El Totumo, que hace parte del municipio de Necoclí, en el golfo de Urabá, en el noroeste de Colombia, donde surgió el Clan del Golfo, que luego se extendió por otras regiones del país.

El narco era buscado intensamente desde 2015 en la región de Urabá por miles de policías y militares participantes en las dos fases de la “Operación Agamenón”, mediante la cual fueron abatidos a capturados decenas de hombres a su mando y se incautaron toneladas de cocaína.

En septiembre de 2017, tras la firma de la paz con las FARC y la apertura de diálogos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), alias Otoniel anunció en un video colgado en las redes sociales su intención de someterse a la justicia, lo que hizo pensar a los colombianos en la posibilidad de alcanzar la paz después de más de medio siglo de conflicto armado en varios frentes internos.

Según el Gobierno colombiano, el Clan del Golfo es responsable del envío de toneladas de cocaína a Estados Unidos, así como de montar una red criminal dedicada a cobrar extorsiones a empresarios y comerciantes en la región de Urabá, fronteriza con Panamá, y en la costa Atlántica principalmente. También se le acusa de asesinar a numerosos policías y líderes sociales como parte de su estrategia de terror en las zonas en las que opera la banda.

Por esa razones, Otoniel tiene más de un centenar de procesos abiertos en la justicia colombiana y la Interpol lo buscaba con circular roja.

Un éxito

Políticos de todas las esferas y analistas han coincidido en reconocer este éxito del Gobierno y en que es una victoria, aunque, como indica a Efe el analista Sergio Guzmán, director de Colombia Risk, una consultora de riesgo político, “esto no cambia la guerra contra el narcotráfico, esto no mueve la aguja”.

Más allá de la captura y rendición de cuentas de los culpables de delitos tanto de narcotráfico y actividades criminales relacionadas, una lucha eficaz contra las drogas debería estar muy focalizada en la demanda de estupefacientes en todo el mundo, según Guzmán, un discurso que resaltó el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, justamente esta semana en su visita a Colombia.

Varios escenarios

Otoniel era hasta ayer el líder del Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), un grupo dedicado al narcotráfico y heredero de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que tiene actualmente unos 2.000 efectivos y presencia en más de 200 municipios.

Con su caída “desaparece la hegemonía de una familia, los Úsuga, fundadores y cabeza del Clan”, explica a Efe el director de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), León Valencia.

Pero no significa necesariamente el fin de este grupo criminal, el más grande del país, sino que puede haber dos escenarios, uno donde se divida y disperse y otro donde algunos de sus subalternos, seguramente Jobani de Jesús Ávila, alias “Chiquito Malo”, coordinador del armamento del grupo, “tome el mando y mantenga la unidad del clan”, expone Valencia, quien se decanta por la primera opción.

El director de Colombia Risk se atreve a predecir que pasarán tres cosas: una lucha interna para saber quién asume el liderazgo del grupo y “quizás un fraccionamiento de ese cartel”, o que se desarrolle un “plan pistola” de asesinatos de policías como cada vez que es capturado o dado de baja algún cabecilla de las AGC.

Por último está el camino que abre la captura de Otoniel a los carteles mexicanos en Colombia, ya que el detenido era “un socio par” de los mexicanos y “su salida puede dar una oportunidad de profundizar su control vertical sobre el mercado de las drogas”.

Más violencia

Otra de las consecuencias directas de este golpe, a pesar de la importancia que tiene capturar con vida a una persona sobre la que pesan 122 órdenes de captura y 6 sentencias condenatorias por homicidio agravado, desaparición forzada y reclutamiento de menores, entre otros, es que muy probablemente aumente la violencia.

“Yo creo que esto va a significar un repunte en la violencia en zonas rurales”, afirma Guzmán, ya que es probable que la banda empiece a buscar a los culpables de que esta captura se haya producido y eso significa que “empiezan los asesinatos y llega un nuevo jefe para imponer un nuevo régimen de terror”.

Las AGC tienen una influencia muy notoria en la parte noroeste del país, sobre todo en el norte de Antioquia y el departamento del Chocó, en el Pacífico, pero sus redes se extienden al suroeste, siempre muy vinculados a los corredores del narcotráfico y otros negocios ilegales.

En su lucha por consolidar su presencia -una pelea que se extiende ya por más de 15 años- han amedrentado a comunidades enteras, exponiéndolas a extorsiones o asesinatos selectivos, provocado desplazamientos masivos y confinado a pueblos, sobre todo indígenas y afrodescendientes.

También, como resaltó el sábado Duque, Otoniel tenía una “demencia que lo llevó a abusar de manera recurrente de niños, niñas y adolescentes”.

Las autoridades trabajan ya en la extradición de Otoniel a Estados Unidos, que llegó a ofrecer hasta 5 millones de dólares por su cabeza y lo solicita por narcotráfico y participación en empresa criminal, pero en Colombia se quedarán muchas cuentas pendientes incluidas el cumplimiento de esas penas que le iban a llevar a 40 ó 50 años de prisión.

Eso significa que “va ir a pagar una condena en EEUU por tráfico de drogas, no por las violaciones a los menores, la reclutación de menores o el asesinato de líderes sociales”, resume Guzmán. 

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