Las juntas de tratamiento imponen el segundo grado penitenciario a los presos independentistas

Las juntas de tratamiento imponen el segundo grado penitenciario a los presos independentistas

La decisión no se ha tomado por unanimidad; se rechaza el grado de semilibertad.

  Imagen de archivo del juicio del procésGTRES

Las juntas de tratamiento de las cárceles de Lledoners (Barcelona), Puig de les Basses (Girona) y Mas d’Enric (Tarragona) han impuesto el segundo grado penitenciario a los presos independentistas, aunque la decisión se ha tomado sin unanimidad, y se ha rechazado otorgar el tercer grado -el de semilibertad-.

El secretario de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Generalitat, Amand Calderó, ha comparecido ante los medios para informar sobre la decisión de las tres cárceles catalanas en las que están los presos.

El segundo grado es un régimen ordinario que no prevé salidas aunque puede flexibilizarse con la aplicación de artículos del reglamento penitenciario que les permitiría ir a trabajar o ejercer voluntariado.

Esto ocurre si se aplica, en virtud del reglamento penitenciario, el artículo 100.2, como a Oriol Pujol, o el 117 (caso de Iñaki Urdangarin) que autorizarían a los presos a salir de la cárcel durante el día, principalmente para participar en actividades de voluntariado o trabajar.

La decisión no es firme todavía

Ahora se abre un plazo de dos meses para que la Consellería de Justicia ratifique la resolución de las juntas, un órgano integrado por psicólogos, educadores, trabajadores sociales y juristas y por un representante de la administración catalana que cuenta con voto de calidad, pero insuficiente para imponer su criterio.

También va a ser clave el papel de la Fiscalía si decide recurrir los beneficios penitenciarios, una posición que despierta recelos en el Departamento de Justicia por la beligerancia con que el ministerio público ha criticado su gestión de los políticos presos en anteriores ocasiones.

De hecho, en su memoria del año pasado, la Fiscalía cuestionó la imparcialidad de las autoridades penitenciarias catalanas para evaluar a los presos una vez condenados, al tiempo que criticaba la “anormal” presencia de políticos catalanes en la cárcel de Lledoners y las asiduas manifestaciones alrededor del centro.