Casado tiene 'otro' plan B

La prueba para Pablo Casado del fracaso del plan A del Gobierno sería que después del confinamiento continúan aumentando los brotes y se vuelve a incrementar la incidencia de la pandemia, en especial en comunidaes autónomas (CCAA) como Aragón, Navarra, Cataluña y más recientemente Madrid. Una pandemia que en la actual fase vuelve a afectarnos especialmente a España en el ámbito europeo, pero que se ensaña con extrema gravedad en América, Asia y África. 

Tal parece como si ignoraran que la apertura después del largo y duro confinamiento conlleva el riesgo de la convivencia con el virus, en la que se trata de hacer compatible su contención con la paulatina recuperación de la economía, mediante las medidas de responsabilidad personal y la detección de casos y ruptura de la cadena de contagios por parte de la salud pública y la atención primaria. 

Frente a los brotes, algunas CCAA han pasado del engreimiento inicial de quien considera al Gobierno central o a España incompetentes por naturaleza, a un estado primero de nerviosismo y ahora de ansiedad ante el constante incremento de afectados, que les ha llevado a sobreactuar o bien a buscar de nuevo al culpable en el Gobierno central. 

Solo así se entiende la carrera de algunas CCAA por atribuir sus brotes a casos importados y para tomar medidas generalizadas, de dudoso encaje constitucional, como identificar a los turistas y veraneantes de otras comunidades con alta incidencia acumulada. Cuando no a anunciar ocurrencias surrealistas como la llamada tarjeta covid, en una mala reedición del pasaporte serológico, descartado por la comunidad científica hace meses, aparte de por sus problemas éticos, por su ineficacia e inequidad en materia de salud pública. Un verdadero trampantojo. 

Es verdad que en algunos grupos y sectores parece haberse relajado el compromiso ciudadano y la responsabilidad, en particular en el ámbito familiar, en el ocio de los más jóvenes y en el de algunas empresas con condiciones laborales más precarias (o indignas) como ha ocurrido entre las que contratan temporeros. Lo mismo ocurre con respecto al evidente retraso en la adopción de medidas de choque frente al impacto de los recortes, en particular en el ámbito de la salud pública, la atención primaria y la coordinación sociosanitaria. Todo ello a pesar de la dura experiencia de la primera ola de la covid-19 y entre otras de las recientes recomendaciones sanitarias de la comisión parlamentaria de reconstrucción. 

También vuelven de nuevo los viejos asuntos motivo de polémica como la manida comisión de expertos -o de técnicos- que asesoró al Gobierno en el confinamiento. Un auténtico macguffin en términos del genial Alfred Hichcock como un recurso al margen de la trama principal, que solo sirve para acelerar la acción. Pero desde luego, lo que nadie quiere recordar es lo que hizo cada gobierno y cada comunidad autónoma en relación a las etapas del plan de desescalada, cuando, como pollos sin cabeza, algunos corrieron a saltarse las etapas previstas para acceder con prisas a lo que, visto a posteriori, consideraban ingenuamente la vuelta a la plena normalidad. Tampoco les resultará pertinente recordar los compromisos incumplidos del Decreto ley de Nueva Normalidad, que prácticamente todos apoyaron, relativos al personal de atención primaria, el número de rastreadores y de técnicos de salud pública y epidemiología, como tampoco el más reciente plan de coordinación, aprobado en el consejo Interterritorial con las aportaciones de las CCAA, con la denominación de plan de Respuesta Temprana en la actual fase de control de la pandemia. A punto, que siempre que pueden lo ignoran cuando hablan del vacío existente entre el estado de alarma y el respeto a las competencias de las CCAA, que ahora consideran lo mismo que lavarse las manos.

Duele además, y muy especialmente, que sea el PP el que después de haber bloqueado la aplicación de la ley de salud pública, y con ello del desarrollo de los mecanismos que contemplaba de Gobierno compartido, venga ahora a reprochar su inexistencia o la debilidad de los mismos. Y, sobre todo, que utilice la misma denominación de plan B, que le sirvió en su momento para negar el apoyo a las últimas prórrogas del estado de alarma. Cabe preguntarse qué hubiera ocurrido, de haberse interrumpido entonces, en la dinámica de la pandemia.

En el capítulo de las culpas ha continuado el fuego graneado a discreción, primero fue la sanidad exterior y la escasa consistencia de las medidas de filtraje en los aeropuertos y exigir de nuevo ‘test para todos’ antes del embarque, para volver después al lugar común de un Gobierno que no defiende al sector turístico y darle la razón a la decisión británica de cuarentena, no sin antes gritar ¡Gibraltar español!

Al parecer, para el PP, el secreto del plan B estaría en el virtuoso punto medio: ni estado de alarma, que asimila a la paralización total, ni nueva normalidad, que considera sinónimo de pasividad y que según su opinión deja a las CCAA inermes en manos de la arbitrariedad de los jueces rasos y con una más que frágil coordinación central. Por eso donde dijo digo dice Diego, y reclama ahora la vuelta al antes denostado mando único del Estado de Alarma. Olvida con ello que ya la propia ley general de salud pública considera al Ministerio de Sanidad como la autoridad sanitaria en situación de pandemia.

Su propuesta, aparte de los tópicos del demediado plan Cajal, contiene una batería de reformas legales que el PP piensa que podrían hacerse mediante una tramitación exprés antes del quince de agosto. Entre los tópicos de este plan estarían la aplicación inmediata de alertas internacionales, la protección de los sanitarios, limitar su temporalidad, el refuerzo de la asistencia sanitaria en centros de mayores, la transparencia de datos de fallecidos y contagiados y un plan de vacunación y tests. Tópicos que están ya ampliamente desarrollados en el mencionado plan de respuesta temprana. En cuanto a las reformas legales que, según Casado, garantizarían la vuelta al mando único, se trata de deslindar la limitación de la privación en materia de derechos fundamentales, modificando la actual ley de jurisdicción contencioso administrativa, para trasladar a la ley de medidas espaciales en materia de salud pública la potestad de limitar la movilidad por razones de salud pública, cosa que hoy solo se puede hacer en el marco de la declaración de estado de alarma. Una interpretación en exceso extensiva de dudosa constitucionalidad, pero también que no aporta ninguna ventaja apreciable con respecto a la legislación actual.

Porque lo prioritario hoy sigue siendo la respuesta a lo que nos queda todavía de pandemia, fundamentalmente en la contención de los brotes, como también en la colaboración internacional, tanto de terapias efectivas y en especial en la investigación de las futuras vacunas. Eso no quiere decir que la experiencia de la pandemia no deba servir de base a medio plazo para modificaciones legales en materia de salud pública y también para la reforma o el cambio de modelo sociosanitario, aunque para ello al menos debemos darnos el tiempo necesario para una evaluación rigurosa al término de la pandemia.

Lo que no tiene sentido es continuar obcecado en el prejuicio con respecto a la legislación sobre el estado de alarma, excepción y sitio, cuando esta fórmula u otra similar ha sido la habitual en los países europeos, y todavía en estos días, varios de ellos las mantienen o las han prorrogado hasta octubre, como es el caso de Italia. Una obsesión incomprensible, si no es como subordinación al relato del 155 sanitario o del estado de excepción sanitario, ambos compartidos por el dextropopulismo, tanto el independentista como el de la extrema derecha.

Parecería que ni el reciente fiasco electoral de la estrategia de desestabilización ni el fracaso del ‘cuanto peor mejor’ en Europa ni la anunciada moción de censura reversible de la extrema derecha, hayan sido capaces, por ahora, de mover a Pablo Casado hacia el amplio espacio templado de la moderación.

Todo apunta, y no solo en las encuestas de Tezanos, que los ciudadanos esperan de la oposición más aportaciones constructivas y menos planes B contra el Gobierno. Sería bueno tenerlo en cuenta, por el bien de todos.