INTERNACIONAL
20/05/2021 21:14 CEST

La crisis de Ceuta o lo que pasa cuando se externalizan las fronteras de Europa

La UE recompensa financieramente a países que le hacen de tapón en materia de migraciones y esa es su debilidad cuando, como Marruecos, se bajan los brazos.

Bernat Armangue / AP
Menores no acompañados, en un hangar de Ceuta, esperando la atención de las autoridades españolas. 

España tiene virtualmente su frontera sur en el Magreb. Gracias a la política de externalización impulsada desde 2004 -gobernaba entonces José Luis Rodríguez Zapatero-, el control remoto de la inmigración comienza en los países emisores y en los de tránsito, de los que Marruecos es la última etapa. El tapón está en el norte de África y si se quita, como ha pasado esa semana en Ceuta, entran personas desesperadas que buscan un futuro mejor o un refugio, ambos derechos humanos reconocidos internacionalmente.

Lo ocurrido en la ciudad autónoma es un claro ejemplo de lo precarias que son las garantías que tiene Europa de que los flancos por los que le llega la inmigración en el Mediterráneo (Marruecos, Libia, Turquía, fundamentalmente) están cubiertos. Depende de países poco o nada democráticos, alimentados con el dinero de Bruselas para hacer de guardianes, que presionan para lograr lo que quieren porque saben de los miedos europeos: no hay más que recordar la crisis de los refugiados del verano de 2015

Ante la presión ejercida por Mohamed VI sobre España, la Unión Europea ha reaccionado recordando que “las fronteras españolas son las fronteras europeas” y anunciando que el Frontex (la agencia europea de fronteras) está dispuesta a prestar ayuda a las autoridades españolas. El problema es que eso es un parche, porque el modelo sigue y no hay visos de que cambie en exceso. “Necesitamos soluciones europeas comunes para gestionar la inmigración. Podemos conseguirlo si alcanzamos un acuerdo sobre el nuevo Pacto sobre Migración”, escribía, afinando, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.  

Lo que se está haciendo

La política de externalización busca “desplazar la gestión de las fronteras exteriores europeas hacia el sur, evitando la llegada de personas refugiadas e inmigrantes”, dice el diccionario de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Lo que empezó haciendo España se extendió a Europa y hoy es apuesta común la de buscar la subcontratación del control migratorio a terceros países. Se hace con varias fórmulas, desde imponer visados más duros a militarizar las fronteras y blindarlas con últimas tecnologías, pasando por la firma de acuerdos de devolución y readmisión de migrantes, por la creación de centros de detención en lugares de paso y, también, por la inversión en cooperación para evitar las migraciones. “Construcción de capacidades”, lo llama la UE.

Hoy hay más de una veintena de países africanos con los que se tienen lazos de este tipo, con acuerdos que incluyen formación policial, la cesión de medios materiales, apoyo con inversiones, tratos comerciales preferentes o, directamente, pago por los servicios prestados, por localizar, frenar y repatriar a los migrantes.

En el caso de España con Marruecos y la costa atlántica centroafricana, donde la colaboración es más intensa, se ha apostado por hacer patrullas mixtas, firmar acuerdos reforzados de cooperación y seguridad y de ayuda al desarrollo. El martes pasado, el Consejo de Ministros dio luz verde, sin ir más lejos, a 30 millones para su gendarmería. Bruselas aporta a Marruecos unos 238 millones, entre otros, de su Fondo Fiduciario para África, que paga 4.200 millones en 210 proyectos. A quien más paga es a Turquía, 6.000 millones por impedir la llegada de refugiados y migrantes desde el oriente. También allí el presidente Recep Tayyip Erdogan amenaza con abrir compuertas cuando algo no le gusta.

Ojos que no ven

¿Hacen lo que sea por desincentivarles o, como defiende Bruselas, lo que se busca es que tengan futuro en su tierra? Las ONG denuncian que, tal y como está diseñada la política común migratoria y ante la escasez de medios dedicados, prima lo primero, en una visión cortoplacista. 

El Transnational Institute (TNI), en un informe de abril que estudia esta apuesta, denuncia que “provoca que los migrantes sean detenidos y sometidos a violaciones manifiestas de los derechos humanos en países de tránsito en Europa Oriental, los Balcanes, Asia Occidental y África”. “El objetivo principal (...) es impedir que los migrantes lleguen a las fronteras de la UE al convertir a terceros países en puestos de avanzada fronterizos. En muchos casos, ello implica que la UE y sus Estados miembros apoyen o mantengan a regímenes autoritarios”, añade este instituto internacional de investigación, de tendencia progresista, que llega a hablar de una “dinámica colonialista” en su manera de proceder. 

El plan, describe, es el de “contención y disuasión”, “interceptar y detener a los migrantes que intentan llegar a Europa, y así se los disuade de continuar viajando”. Llegan menos migrantes y hay menos muertes en el mar, dicen sus defensores (Ceuta es un buen ejemplo, 770 migrantes el año pasado, 1.900 en el año previo sin pandemia, nada que ver con las 8.000 personas del martes pasado), pero para el investigador Mark Akkerman “este enfoque pierde completamente de vista la cuestión central de que las personas migran para sobrevivir, a menudo huyendo de guerras y otras formas de violencia”. “La UE sigue pasando por alto los motivos estructurales que provocan que las personas huyan y el papel del bloque en provocar esa migración”, escribe. 

Y añade que esa presión en determinados países lleva a que los migrantes cambien de rutas, cada vez más largas y peligrosas, expuestas a más riesgos y a las exigencias de las mafias. En el caso de España, del Estrecho de Gibraltar se ha pasado a Canarias, donde según Interior han llegado sólo entre enero y el 15 de mayo 4.935 personas, un 133 % más que en el mismo período de 2020. Los migrantes están sometidos a condiciones precarias, incluso mortales, en las travesías y que, si los alcanzan en países donde hay acuerdos, son devueltos sin garantías de respeto a sus derechos, porque la UE cataloga como “seguros” países “dudosos”. Ojos que no ven.

La Plataforma Europea de ONGD Condord ha denunciado reiteradamente la “descompensación”, además, en la relación de los estados europeos con los africanos. No hay, dicen, reciprocidad ni claridad. Debería haber “partenariados”, basados en los principios de solidaridad y justicia, hacer contraparte con los países que den garantías y no con los sospechosos de violaciones de derechos. Human Rights Watch habla de “recompensa” para quien haga de guardián, pero sin peinar antes las garantías de un trato digno. 

Por eso, la posición mayoritaria de las ONG es la de reclamar la protección de los derechos humanos en la firma de cualquier acuerdo, hacer un escrutinio serio de los candidatos, evitar que el dinero de la cooperación acabe, con subcontrataciones, dedicado a un sistema de control policial, fomentar realmente el desarrollo local para que los ciudadanos no tengan necesidad de emigrar y fomentar “movimientos migratorios positivos y beneficioso” para los países de origen, tránsito o destino. 

El futuro

Desde la Comisión confían en mejorar todo esto con el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, con el que propone “un nuevo comienzo en política de migración” con la meta de “aumentar la confianza mediante procedimientos más eficaces y lograr un nuevo equilibrio entre responsabilidad y solidaridad”, 
según reza en su presentación, del pasado septiembre. 

Desde entonces, sigue sin haber consenso en la UE para desarrollarlo. Se enfrenta principalmente a las reticencias de los países del sur -España entre ellos, peo también, Italia, Grecia y Malta-, a los que no gusta el mecanismo de solidaridad propuesto actualmente. Es complejo y vago, dicen. Básicamente, este punto tan controvertido pretende acabar con las cuotas obligatorias de reparto de inmigrantes que se establecieron en julio de 2015, cuando la crisis de refugiados que golpeó sobre todo a Grecia, para compartir la responsabilidad entre todos los estados, pero que nunca se han cumplido por falta de compromiso.

De ahí las presiones por parte de los países fronterizos, como el nuestro, que reclaman a Bruselas definir con claridad qué papel jugará cada uno en el nuevo sistema. El acuerdo ofrece a los países que no quieran recibir inmigrantes dos alternativas: o participar en las devoluciones o dar apoyo operativo, logístico o económico, fortalecer la externalización, de hecho.

El procedimiento fronterizo y el patrocinio de retornos es otra de las claves estratégicas del pacto, pese a las denuncias de las organizaciones humanitarias. No hay visos de que Europa vaya a virar por ahora. Los riesgos, los tenemos a las puertas. 

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