INTERNACIONAL
21/11/2020 10:15 CET

El conflicto del Sáhara para quien nunca se ha preocupado por el Sahara

La ruptura del alto el fuego alcanzado en 1991 entre Marruecos y el Frente Polisario rescata un conflicto con el que España tiene una enorme deuda pendiente.

Andrea Comas / REUTERS
Una mujer y unos niños saharauis pasan ante una bandera, en un campo de refugiados de Samra, Argelia, en 2003.

El Sáhara Occidental sigue sin soluciones. El único territorio colonial que queda sin liberar en África, abandonado por España y ocupado por Marruecos, aguarda un referéndum en el que sus ciudadanos decidan sobre su independencia. Los años pasan, ya van 45 desde que dejó de ser una provincia más de nuestro país, y aún no hay ni consulta ni soberanía ni nada que se le parezca.

Rabat disfruta del statu quo actual, que le permite seguir explotando un territorio económica y estratégicamente muy valioso, y Madrid evita el tema por no tener quebraderos de cabeza con su vecino del sur. La ONU, impotente, tiene desplegada una misión que nunca ha celebrado el refrendo para que el fue creada. 

Estas son las claves para entender un conflicto que afecta a españoles por derecho, que hoy viven bajo la ocupación marroquí o en campos de refugiados, en el exilio argelino, y que parece que nadie tiene interés en resolver. 

¿Cuándo empieza todo?

Para entender lo que pasa hay que remontarse al año 1884, cuando España ocupa el Sáhara Occidental, en el contexto de la Guerra de África. Interesaba mucho esa franja de tierra de 260.000 kilómetros cuadrados, con poco más de medio millón de habitantes, rica en yacimientos de fosfatos y con un riquísimo litoral de pesca. Entre 1958 y 1976, la zona fue considerada oficialmente como provincia española, la número 53. Aquellas fueron décadas de convivencia pacífica entre los españoles desplazados a la zona, los nacidos en ella y los saharauis locales, a los que se expidió su documentación como españoles de pleno derecho, tan válida como la de un ciudadano de Burgos o una ciudadana de Sevilla. 

En los años 60 del pasado siglo se comenzó a fraguar un movimiento que apostaba por la independencia de la metrópoli, en un contexto generalizado de fin del colonialismo en África, Oriente Medio y Asia, apadrinado incluso por Naciones Unidas. Cuajan movimientos políticos y sociales en ese sentido, que obligan a España a reconocer el derecho de los saharauis a decidir sobre su futuro.

Por ejemplo, el 2 de noviembre de 1975, el aún príncipe Juan Carlos de Borbón visitó a El Aaiún, considerada la capital del territorio, y dijo a las claras: “España mantendrá sus compromisos y tratará de mantener la paz (...). Deseamos proteger los legítimos derechos de la población saharaui, ya que nuestra misión en el mundo y en la historia lo exigen”. 

Esa esperanza independentista culmina el 10 de mayo de 1973 con la celebración de un congreso en el que nacería el Frente Popular por la Liberación de Saguia Hamra y Río de Oro o Frente Polisario, que hoy ostenta el Gobierno saharaui. 

El 16 octubre del 75, cuando aún España mandaba en la zona, la Corte Internacional de Justicia de La Haya emitió un dictamen afirmando que no existían vínculos de soberanía entre el Sahara y Marruecos, por más que al calor de los movimientos independentistas el entonces rey alauí, Hassan II (padre del actual monarca, Mohamed VI), hubiera empezado a decir que el Sáhara Occidental “siempre” había formado parte de su nación. También insiste el Alto Tribunal en que “no era un territorio sin propietario” en el momento de ser colonizado por España.

El 6 de noviembre de 1975, Marruecos invade el Sáhara en lo que conocemos como la Marcha Verde, en la que movilizó a más de 350.000 marroquíes, que accedieron a la zona caminando y con pancartas y banderas. Rabat lo vendió como una protesta pacífica, pero en realidad se trató de una entrada forzosa en el territorio, asentada de inmediato con fuerzas policiales y militares. Esa fecha es ahora un festivo nacional y se defiende en el imaginario nacionalista como la recuperación de lo que se había perdido en el pasado. 

Esa entrada masiva de marroquíes obligó a que una gran parte de la población civil saharaui, sobre todo mujeres, ancianos y niños, tuvieran que escapar a Argelia, el país vecino, poco amigo de Marruecos. Allí se instalaron en el desierto, en la zona de Tindouf. Desde entonces, se encuentran en los campamentos unas 170.000 personas. En este imaginario, tan distinto al de los marroquíes, destaca la esperanza de que algún día recuperarían su tierra, que no era de nadie más.

La marcha de España

Visto que permanecer en la zona daba ya más problemas que beneficios, el 14 de noviembre, España firma su marcha del Sáhara Occidental, en un documento llamado los Acuerdos Tripartitos de Madrid, con Marruecos y Mauritania. Por este articulado, a ambos países se les entrega la tierra que había sido colonia española, a Rabat se le cedió el norte y centro del Sáhara Occidental y a Mauritania, el sur. 

Este acuerdo nunca fue reconocido por la ONU, que hasta lo declaró nulo en 2002, por eso cataloga aún hoy al Sáhara como “territorio a la espera de su descolonización” -uno de los 17 que quedan en el mundo- y entiende que la potencia administradora es España. Una etiqueta ratificada por el entonces juez de la Audiencia Nacional y hoy ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en 2014.

Traicionados, abandonados, los saharauis decidieron reaccionar y el 27 de febrero de 1976 proclamaron formalmente la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), actualmente reconocida por 82 estados. El Uali Mustafa Sayed fue proclamado su primer presidente. Formalmente, ese día entró en guerra con Marruecos y Mauritania, con el apoyo de Argelia, Sudáfrica y Cuba. 

Al día siguiente, el teniente coronel Valdés, último gobernador español en la zona, arrió por última vez la bandera.

En noviembre de ese año, la Asamblea General de Naciones Unidas reafirmó el derecho a la libre autodeterminación e independencia del pueblo saharaui. En su resolución, deplora la gravedad del estado del pueblo, por la persistente ocupación de Marruecos, y reclama a Rabat que le pide ponga fin. 

La guerra y las promesas

El 5 de agosto de 1979 se firmó un acuerdo de paz entre la RASD y Mauritania, en Argel. Eso implicó la retirada de tropas mauritanas y el fin de la ocupación por parte de este país. Marruecos no sólo no toma ejemplo, no accede a la paz, sino que acomete con una segunda invasión del territorio.

Justo ese año, por cierto, comienza en España el programa de Vacaciones en Paz, impulsado por el Partido Comunista, que cada verano lleva niños a nuestro país, tratando de evitarles los peores meses del verano en los campamentos del desierto.

Pasan los 80, años en los que Marruecos inicia la construcción de seis muros defensivos, que miden más que 2.700 kilómetros de largo, con la intención de bloquear aún más a los saharauis: además de frenar las incursiones del Polisario, hacen que la población esté dividida con un estancamiento físico imposible de superar. Rabat no sólo trata de afianzarse en la zona, sino que responde enfadada, por ejemplo, al primer gran reconocimiento internacional de la causa saharaui, cuando en febrero del 82 la RASD comienza a formar parte de la Organización para la Unidad Africana, con el aval diplomático de 26 países. Marruecos se va de este organismo. 

La guerra se mantuvo vigente entre saharauis y marroquíes hasta 1991, cuando el 6 de septiembre se logró un alto el fuego y fue creada la Misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental, conocida como Minurso. El acuerdo entre ambas partes incluye, además de ese cese de hostilidades, el intercambio de prisioneros, la repatriación de los refugiados y un refrendo para que los saharauis pudieran elegir libremente su futuro, una consulta que se haría con la supervisión de la Minurso. A día de hoy no se ha llevado a cabo.

MINURSO / ONU
Mapa de la misión de la ONU en el Sáhara Occidental (MINURSO).

El ‘statu quo’

El saharaui sigue siendo en 2020 un pueblo dividido. Sus ciudadanos están bajo ocupación marroquí o en los precarios campos argelinos. Unos sufren violaciones constantes de derechos humanos, denunciadas por ONG internacionales y por la ONU, o sometidos a una vida miserable en el desierto. 

Durante años se han acumulado resoluciones de Naciones Unidas sobre su derecho de soberanía y el derecho al refrendo. “Seguimos esperando de forma pacífica a que se cumpla la legalidad internacional y lo decidido en 1991”, es una de las frases que más se repiten en los comunicados del Frente Polisario. 

Aunque esos derechos están ahí, reconocidos, no se han aplicado nunca, en una dinámica de papel mojado y olvido que recuerda a la de la causa palestina. En 2001 se acordó la última resolución del Consejo de Seguridad que mostraba su “pleno apoyo” a los acuerdos adoptados por las partes para la “celebración de un referéndum libre, justo e imparcial sobre la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental”. Sin embargo, desde entonces, durante prácticamente todo el reinado de Mohamed VI, los llamamientos posteriores han sido blandos, incompletos y hasta olvidadizos con el tema de la consulta, lo que indigna a los saharauis.

La ONU animó en 2006 a las dos partes a iniciar conversaciones directas, sin condiciones previas. En 2007, unos y otros presentaron sus propuestas a Nueva York: el Polisario seguía proponiendo, obviamente, un referéndum de autodeterminación, mientras que Marruecos mencionó por primera vez la concesión de una autonomía para el territorio, aunque bajo su mando, claro. En esa propuesta, el Estado marroquí se guarda una jurisdicción exclusiva en cuestiones religiosas, constitucionales y que guarden relación con la figura del rey, con la seguridad nacional, relaciones exteriores y el poder judicial. El Polisario consideró que aquella oferta era aún peor que el plan de autonomía que le presentó el Estado español, en 1974, que quedó también en nada. No se ha avanzado con estas propuestas. 

Desde entonces, las resoluciones de la ONU no hacen mención siquiera a la autonomía, pero sí recogen siempre una frase que encanta a Rabat: “Los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos para hacer avanzar el proceso hacia una solución”. Un aplauso, una palmadita en la espalda, que unida a la inacción perpetúa la situación actual de parálisis. 

Francisco Seco / ASSOCIATED PRESS
Protesta en favor de los saharauis en Madrid, el 12 de noviembre de 2016. 

¿Y por qué no se ha avanzado con el referéndum en estos años? Pues por dos razones, básicamente. Una política, que es la presencia en el Consejo de Seguridad de la ONU de dos miembros permanentes como Francia (antigua potencia colonial en Marruecos, con excelentes relaciones con Rabat) y EEUU (socio económico y defensivo de los marroquíes). A ello se suma la influencia de Marruecos en su continente, porque ha ido tejiendo una red económica, diplomática y religiosa de primer orden, apuntalada por su regreso, hace tres años, a la Unión Africana, justo para poner palos en la rueda a la causa de su adversario. Por contra, el Frente Polisario sólo tiene apoyos de Argelia, Sudáfrica y Rusia.

Y hay otra razón económica: a la bondad de la posición geoestratégica del Sáhara Occidental, con sus 1.100 kilómetros de costa, se suman sus recursos naturales (en tierra, los fosfatos, básicos en la elaboración de fertilizantes; en el mar, la pesca). Desde 1975, Marruecos ha ido invirtiendo en las infraestructuras de lo que considera sus “provincias del sur”. En la actualidad administra y controla el 80% del territorio. El Frente logró en 2018 que el Tribunal de Luxemburgo de la UE sentenciara que el acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos no se aplicara al Sáhara, porque ese territorio “no forma parte de Marruecos”. Sin embargo, en 2019 el Parlamento Europeo aprobó el acuerdo de pesca con Marruecos que incluye al Sáhara Occidental. Idéntico error. 

El Polisario reclama desde hace años que, al menos, la misión de la ONU se haga cargo de vigilar el cumplimiento de los derechos humanos básicos en la zona. No hay nadie que vele, que examine y que denuncie esas violaciones que denuncian, que van desde arrestos masivos y sin justificar y maltrato policial. No es una exigencia extraña, ya que entre las 16 misiones de paz que tiene la organización, sólo la Minurso carece de poderes para evaluar esta situación.

El último choque

Toda esa historia nos ha llevado hasta el último choque: civiles saharauis se afruparon en la zona de Guerguerat, en el suroeste de la franja, un enclave en el que no hay dominio de nadie y que Rabat había empezado a usar para transportar bienes hacia Mauritania, haciendo negocio. Cansados, los saharauis que viven en la zona bloquearon una carretera e impidieron pasar a los camiones, lo que provocó la reacción del Ejército y la Policía. 

El Ejército de Marruecos penetró el 13 de noviembre en la zona desmilitarizada de Guerguerat y trató de expulsar al grupo, de unas 50 personas. Esta vez, el Frente Polisario intervino y ambas fuerzas intercambiaron disparos, aunque no se registró ningún herido. Se entendía desde el lado ocupado que se trataba de una agresión a civiles en una protesta pacífica, un episodio más grave de lo diario. 

Días más tarde, esta misma semana, el Frente ha asegurado que ha atacado diversas bases militares marroquíes, causando víctimas mortales. Rabat lo niega, dice que no hay baja alguna. El Polisario ha roto el alto el fuego y decretado el estado de guerra, pero tampoco sobre eso quiere decir nada Marruecos, aparentando normalidad. Por el momento, ha evitado la palabra “guerra”. El lunes, el rey Mohamed VI aseguró que su país mantenía su “compromiso” con el alto el fuego en el Sáhara Occidental, aunque lanzó una advertencia: “Reaccionará con la mayor severidad a toda amenaza contra su seguridad y la quietud de sus ciudadanos”.

La situación no sólo es ahora distinta, tras décadas de aguante, porque se haya roto formalmente el acuerdo, sino por el hastío acumulado que hay detrás y que ha despertado. Los jóvenes saharauis, que han crecido con el ansia del retorno, apuestan por dar pasos que rompan la situación de estancamiento. Por eso se entiende que muchos de ellos se hayan alistado estos días, dispuestos a luchar también con las armas. 

El futuro de la zona es, hoy, incierto. 

¿Qué dice España?

La potencia administradora, España, no se mete. Decir que se ha puesto  de perfil es suave. El país se ve dividido: por un lado, está lo que late en la calle, donde hay un claro sentimiento de cariño y cercanía a la causa saharaui, por memoria y por lazos. Por otro, los intereses como socio de Marruecos que tiene el Gobierno, de un enorme peso.

Defender el refrendo o la inspección de derechos humanos, que son pasos intermedios sin llegar a pedir la autodeterminación del Sáhara Occidental, no está en los planes de Moncloa, porque puede enfadar a su aliado en Rabat. Y hay muchas cosas en juego: en estos momentos, con el aumento de las llegadas de migrantes a las Islas Canarias, el papel de Marruecos como vigilante es esencial. Ellos pueden abrir o cerrar el grifo de las pateras, justo con el Sáhara como uno de los principales puntos de partida de las barquillas hacia el oeste. Lo mismo sucede con el control del tráfico de drogas, hacia Canarias y, sobre todo, hacia el estrecho de Gibraltar. 

Por el momento, tras las últimas hostilidades, el Ministerio de Exteriores ha asegurado “apoyar los esfuerzos del Secretario General de Naciones Unidas para garantizar el respeto del alto el fuego en el Sáhara Occidental acordado y supervisado por Minurso”. El Gobierno ha destacado “la importancia de la estabilidad en esta región estratégica, eje clave entre África y Europa” y ha instado a las partes a recuperar las negociaciones hacia una solución “mutuamente aceptable según los parámetros que establecen de forma reiterada las resoluciones”.

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