Claves para no perderte en el giro del 'caso Dina'

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón sospecha que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, no es un simple perjudicado en el caso que está investigando: el robo del teléfono de la exasesora de Unidas Podemos Dina Bousselham.

El móvil tenía una tarjeta de memoria cuyo contenido, pantallazos de conversaciones de varios chats de Unidas Podemos y, según reconoció el propio Iglesias ante el juez, “fotos íntimas” de Bousselham, fue publicado en parte por Okdiario. Así trascendió un comentario de Iglesias sobre la periodista Mariló Montero, de quien dijo que “azotaría hasta que sangrara”.

La Fiscalía Anticorrupción barajó en un primer momento la idea de que detrás de la sustracción del terminal se encontraba el excomisario José Manuel Villarejo, integrante de la policía patriótica que se formó en Interior cuando el popular Jorge Fernández Díaz ocupaba el ministerio. Pero el caso ha dado un vuelvo en poco más de un año.

El magistrado ha retirado a Iglesias la condición de perjudicado que Bousselham, ahora directora de un medio afín a los morados, sigue manteniendo en la causa. El líder de Unidas Podemos está en el ojo del huracán por guardar durante un año la tarjeta y devolvérsela a su propietaria dañada.

Es más, García-Castellón está intentando averiguar si fue Iglesias quien destruyó la tarjeta del móvil de Bousselham. El jefe de Unidas Podemos la recibió de manos del presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, porque esta llegó a la redacción de la revista Interviú en un sobre sin remite.

El juez ha insinuado que está dispuesto a pedir al Tribunal Supremo que investigue a Pablo Iglesias por supuestos delitos de daños informáticos e incluso de revelación del secretos. Anticorrupción ha decidido que no recurrirá las últimas diligencias de García-Castellón, en las que solicita un informe a la Policía científica para dictaminar quién destruyó la tarjeta.

¿Cómo empezó el caso?

Cuando el departamento de asuntos internos de la Policía detuvo en noviembre de 2017 al comisario jubilado José Manuel Villarejo por orden de la Fiscalía, los agentes encontraron durante el registro unas carpetas en un ordenador con los nombres Dina 2 y Dina 3. En esos archivos estaba parte del contenido de la tarjeta del móvil de Bousselham, que fue robado dos años antes, en noviembre de 2015.

Una vez trascendió todo, el caso encajaba como una operación para perjudicar a Pablo Iglesias y a su partido. Y así lo denunció el propio vicepresidente cuando acudió junto a Bousselham a la Audiencia Nacional para personarse como parte perjudicada. Ambos con la misma abogada, Marta Flor. Sin embargo, el magistrado ha obligado a Iglesias y a Bousselham a dejar de compartir letrada después de que Flor, según adelantó El Confidencial, asegurara a la cúpula de Unidas Podemos en un chat que los fiscales le dijeron que Iglesias podía personarse como perjudicado.

¿Por qué Pablo Iglesias está en el punto de mira?

Bousselham reconoció ante el juez haber hecho las capturas de las conversaciones que publicó Okdiario y en las que se podía a leer a Iglesias diciendo que “azotaría” a Montero. García-Castellón piensa que puesto que Bousselham reconoció que envió a “otros grupos de Whastapp” las capturas antes de que le robaran el móvil, el origen de la filtración a los medios podía ser ella y no Villarejo, como Podemos se afanó en pregonar.

La tarjeta original estuvo en poder de Pablo Iglesias casi un año, desde enero de 2016. Entonces, el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, llamó al hoy vicepresidente, le enseñó la tarjeta en su despacho y se la entregó. El líder morado se la guardó y, según el juez, no entregó la tarjeta a su propietaria hasta 2017. García-Castellón cree que el vicepresidente del Gobierno tuvo la tarjeta demasiado tiempo. Además, este se la devolvió dañada, según declaró Bousselham en mayo de este año.

Al magistrado le sorprende que ni siquiera cuando se publicó parte del contenido de los chats, en julio de 2016, el hoy vicepresidente del Gobierno advirtiera a su exasesora de que él tenía la tarjeta, especialmente si Iglesias conocía el contenido delicado que había en la memoria. García Castellón se pregunta por qué Iglesias lo ocultó y cómo y por qué se destruyó la tarjeta.

¿Qué tiene que ver el excomisario Villarejo en todo esto?

El contenido de la memoria del móvil llegó a Interviú después del robo, pero la revista decidió no publicarlo. Tampoco ha trascendido quién y cómo envió la tarjeta a la redacción. A pesar de que el presidente del grupo editor de la revista le dio a Iglesias la SD, el contenido, no obstante, ya estaba duplicado. Según la investigación judicial, además de Okdiario e Interviú, El Mundo y El Confidencial también tiene una copia del contenido de la tarjeta.

Fueron el exdirector de la revista y exresponsable de Información Nacional de Moncloa, Alberto Pozas —quien dimitió en 2019 por este asunto— y el periodista Luis Rendueles quienes remitieron la copia de la tarjeta a José Manuel Villarejo.

En abril de 2016 el excomisario creó los archivos del ordenador y las carpetas Dina 2 y Dina 3. Y, en julio, Okdiario publicó las conversaciones del chat de Podemos que estaban en la tarjeta del móvil de Dina Bousselham. En aquel año, apareció el informe policial apócrifo que trató de tumbar a Unidas Podemos en pleno auge de la formación y en que se vinculaba al partido de Iglesias con el Gobierno de Irán.

Esos folios, con el nombre de informe Pisa (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) fueron la base que usó la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la policía para llevar el caso al Tribunal de Cuentas y para que se presentaran, tras su difusión en los medios de comunicación, dos denuncias en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo contra la cúpula de la por aquel entonces tercera fuerza política del país.

¿Quién robó el teléfono?

Los investigadores del caso no han podido esclarecer aún quién fue el autor del robo en noviembre de 2015. Pero cuando Bousselham recibió la tarjeta dañada de manos de Iglesias, la exasesora recurrió a una empresa para recuperar el contenido. La empresa trasladó a la policía que era “extremadamente complejo” recuperar los archivos.

La firma explicó a la policía que tras el análisis de la tarjeta descubrió que esta estaba tan deteriorada que no podía recuperar la información “con técnicas normales” y que era necesario un estudio más exhaustivo en su sede en Reino Unido, donde enviaron la tarjeta.

¿Y ahora qué pasa?

Ahora, Manuel García Castellón está esperando una comisión rogatoria del Reino Unido para que la compañía explique qué hizo, en qué condiciones recibió la tarjeta SD, si llegó a hacer algo con ella y si ha podido detectar el motivo del daño.

El magistrado cree que solo entonces conocerá más detalles sobre qué le pasó a la tarjeta. Si los técnicos concluyen que la destrucción se produjo mientras estaba en poder del vicepresidente del Gobierno, el caso tiene muchas papeletas de acabar en el Supremo, por la condición de aforado de Iglesias al ser parte del Gobierno de España.

¿Cómo se ha utilizado políticamente?

El ‘caso Dina’ está siendo utilizado políticamente. Primero lo hizo Pablo Iglesias, porque gracias a él se personó ante la Justicia como perjudicado y pudo denunciar el robo del móvil como un complot de “policías corruptos y periodistas” para dañar a su partido durante las negociaciones para formar gobierno con Pedro Sánchez en 2016 que, finalmente, fracasaron.

Ahora, es el partido de extrema derecha Vox el que se agarra a este caso para desgastar a Iglesias y al Gobierno de coalición. La formación de Abascal presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el vicepresidente, Dina Bousselham, la abogada de ambos, Marta Flor, y uno de los fiscales de la causa, Ignacio Stampa, a quienes atribuye seis delitos por el contenido de un chat privado entre abogados de Podemos en los que Flor comenta que Iglesias podía personarse como perjudicado, una información que obtuvo, supuestamente, del representante del Ministerio Público.

¿Qué dice Unidas Podemos?

Entre los morados no hay inquietud aparente por el caso. La estrategia del partido pasa por ignorar las contradicciones en las que haya podido incurrir su jefe. El partido ha movido en redes una campaña con el ‘hashtag’ #NoTodoValecontraPodemos para señalar a algunos informadores como cómplices de una trama contra el partido.

El ‘caso Dina’, sin embargo, ha dado otra vuelta que apunta directamente al papel de Podemos. Según avanzó El Mundo, la formación entregó al juez un teléfono móvil que no era el mismo que se denunció como robado y que pertenecía a la exasesora de Iglesias. El partido pidió al juez de guardia de Alcorcón que rastreara un número que empezaba por 677, pero en la Audiencia Nacional denunció un número 665, por lo que las indagaciones se centran ahora en descubrir el porqué de este cambio.

El vicepresidente segundo del Gobierno insiste en que en lo que respecta al ‘caso Dina’ es ”evidente quién es la víctima”. “De ese móvil se ha intentado buscar un delito (...) Tenemos una estructura policial y mediática que se ha dedicado a perjudicar a Podemos”, ha recalcado. “Ahora estamos en un nuevo intento de debilitar al Gobierno, pero pueden saber que vamos a seguir combatiendo las cloacas”.