Colombia y la oportunidad definitiva para la paz

Colombia y la oportunidad definitiva para la paz

El proceso actual de La Habana rompe con todo lo anterior y, por primera vez, supone una real oportunidad a la desactivación del conflicto armado con las FARC. La guerrilla sabe que no es posible tomar el poder político por las armadas, y al Gobierno no le interesa mantener ingentes inversiones en recursos militares cada vez con resultados más cuestionables. He ahí el optimismo.

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El presidente de Cuba Raúl Castro aprieta las manos del presidente de Colombia Juan Manuel Santos y el máximo líder de las FARC Rodrigo Londoño, alias Timochenko/EFE.

Llevo varios años recorriendo el intrincado escenario del conflicto armado en Colombia. Tras haber entrevistado a muchos de los actores involucrados -exguerrilleros, exparamilitares, víctimas o miembros de la Fuerza Pública- no me queda la menor duda de que Colombia se encuentra ante una oportunidad única de desactivar su conflicto interno. Los avances en las actuales conversaciones para la paz que tienen lugar entre Gobierno y las FARC en La Habana y la fecha fijada de marzo de 2016 como punto y final para el conflicto armado, me reafirman en mi optimismo.

El conflicto colombiano dura ya más de cinco décadas, y hunde sus raíces, incluso, en los años treinta. Su experiencia más reciente de negociación se encuentra en lo que se conoció como los diálogos del Caguán, en 1998. Un proceso de negociación entre el entonces recién electo presidente, Andrés Pastrana, y la guerrilla de las FARC, y que estuvo desdibujado desde el principio. Como me contaba un general colombiano, entonces próximo a la negociación, "en el Caguán la palabra era un simple obstáculo para las armas". Es decir, no había voluntad alguna de negociar por ninguna de las partes.

Lo que, en inicio, podría parecer una irracionalidad, no lo es tanto. El Gobierno colombiano y las FARC utilizaron entonces ese escenario de diálogo para (re)oxigenarse a la espera de conseguir el golpe definitivo de la victoria militar. En el caso de las FARC, su intención siempre fue tomar el poder político por las armas, de tal manera que desdoblaron frentes de guerra, reclutaron nuevos combatientes y llegaron a su registro máximo histórico de 17.000 efectivos, con presencia en 350 municipios sobre un total de 1.100. A la vez, el Gobierno ponía en marcha un proceso de modernización de la Fuerza Pública que acabaría no solo con las aspiraciones de las FARC de lograr una guerra de posiciones sino que devolvería a ésta una posición de hit and run -guerra de guerrillas-, propia de los años setenta. Asimismo, negociaba el Plan Colombia, igualmente de preponderante dimensión militar, que dejaría otros 8.000 millones de dólares en cooperación estadounidense en favor del Gobierno colombiano.

El proceso actual de La Habana rompe con todo lo anterior y, por primera vez, supone una real oportunidad a la desactivación del conflicto armado con las FARC.

La falta de voluntad política de ambas partes se resume en lo que me diría en una conversación personal la excomandante del Frente 42, Karina: "Cuando nos sentamos con Pastrana estábamos cerca del golpe final. No tratábamos de negociar nada. No era más que un diálogo".

Si a ello se añade un equipo negociador muy beligerante del lado de las FARC, encabezado por comandantes como Raúl Reyes, Fabián Ramírez o Joaquín Gómez; una agenda inabarcable con 16 temas y 48 subtemas; y un escalamiento de la violencia traducido en 1.610 acciones guerrilleras, 3.265 secuestros o 1.457 combates por iniciativa militar, se puede entender el fracaso de 1.139 días de negociación de la paz haciendo la guerra.

El proceso actual de La Habana rompe con todo lo anterior y, por primera vez, supone una real oportunidad a la desactivación del conflicto armado con las FARC. En primer lugar, porque a diferencia del Caguán, hacia 2012 el conflicto armado entra en lo que se conoce en resolución de conflictos como "doble estancamiento doloroso" (mutually hurting stalemate). En el caso de la guerrilla, porque fruto de más de una década de confrontación directa de parte del Gobierno -en ocasiones extralimitando el Estado de Derecho- el pie de fuerza de la guerrilla se reduce a apenas 7.500 guerrilleros y 150 municipios. Las FARC se repliegan en departamentos fronterizos como Nariño (frontera con Ecuador), Putumayo (frontera con Perú), Norte de Santander y Arauca (frontera con Venezuela) o Chocó (frontera con Panamá). A la vez, en el Gobierno se pone fin a los grandes operativos militares exitosos del pasado y las nuevas confrontaciones tienen lugar en enclaves selváticos, montañosos, fronterizos, con alta presencia de minas antipersona, que requieren muchos recursos a la vez que incertidumbres en cuanto a su resultado.

El proceso actual de La Habana rompe con todo lo anterior y, por primera vez, supone una real oportunidad a la desactivación del conflicto armado con las FARC.

Es decir, las FARC nunca más volverán a poder pensar en tomar el poder político por las armadas, y el Gobierno debe mantener ingentes inversiones de recursos militares cada vez con resultados más cuestionables. He ahí el momento de negociar. Y he ahí el optimismo.

Para ambas partes, un resultado con intercambios cooperativos es mutuamente favorable. Más, en la medida en que se añaden las lecciones aprendidas del pasado: reuniones exploratorias en Noruega, negociación en La Habana, agenda de cinco puntos -de los cuales, los cuatro primeros ya han sido acordados- un equipo negociador de cariz más político que militar y una dinámica constante de comunicados conjuntos que confieren fuerza al proceso.

No hay que dejar pasar las palabras de la semana pasada de las FARC cuando reconocían: "Nosotros estamos listos para proseguir la marcha concertada de la voluntad nacional hacia el acuerdo definitivo, punto de partida para las transformaciones democráticas y progresistas. La paz está tocando a la puerta de Colombia y exige que el conflicto armado quede atrás como memoria colectiva de algo que no debe repetirse jamás, de tal manera que aseguremos el futuro de paz y vida digna de las nuevas generaciones de colombianos".

Si a lo anterior se añade la negociación con el ELN, avanzada en las rondas exploratorias durante septiembre, y que invitan a pensar en un escenario de negociación paralelo a partir de enero de 2016, Colombia se encuentra ante la oportunidad más importante de desactivar su conflicto armado. Sin duda, el crimen organizado, el narcotráfico y la violencia de las estructuras que no se desmovilicen -posiblemente las más próximas al negocio de la coca- seguirán siendo una amenaza para la seguridad del país, aunque dentro de un escenario de violencia delincuencial, diferente al actual, lo que permite abrir una nueva etapa en lo que a construcción de paz, reforma estructural y paradigmas de seguridad se refiere.