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16/04/2021 12:41 CEST | Actualizado 16/04/2021 14:11 CEST

Condenados tres de los cuatro acusados por la violación múltiple de Sabadell con penas de hasta 31 años

Los hechos ocurrieron en febrero de 2019.

EUROPA PRESS
El abogado Jorge Albertini, que representa a la víctima de la violación múltiple de 'la manada de Sabadell', antes del juicio en la Audiencia de Barcelona, el 6 abril de 2021

La Audiencia de Barcelona ha condenado a penas de hasta 31 años de cárcel a tres de los cuatro acusados de la violación múltiple de una menor en una nave abandonada de Sabadell (Barcelona) en febrero de 2019 y ha absuelto a otro por no estar acreditado que estuviera en el lugar de los hechos.

En su sentencia, la sección sexta de la Audiencia de Barcelona impone 31 años de cárcel a uno de los acusados, como autor material de una agresión sexual y cooperador necesario de las otras dos violaciones que sufrió la menor por parte de un hombre que no ha sido identificado y de otro que está huido de la justicia.

Asimismo, condena a trece años y medio a dos de los procesados que presenciaron las violaciones, por no evitarlas y por contribuir al clima de terror que propició la agresión sexual múltiple como si de una “banda violenta” se tratara.

Hechos de 2019

Los hechos se remontan a la madrugada del 2 al 3 de febrero de 2019 cuando la joven fue abordada por un hombre que no ha podido ser identificado a la salida de un local de ocio de Sabadell, que la agarró del cuello, la puso contra la pared y la agredió sexualmente para conducirla después a una nave ocupada y que había albergado en su día una sucursal bancaria.

Una vez allí, el primer agresor la llevó a un habitáculo donde la violó y fue obligada a mantener relaciones sexuales por turnos con otros dos hombres, hasta que, una vez fuera de la nave, logró huir con la ayuda de una familia que salía en coche de un garaje cercano.

La sala, que impone también a los acusados el pago de una indemnización de 60.000 euros, considera que el relato de la víctima es “creíble” y ha quedado confirmado tanto por las pruebas toxicológicas y periciales como por la declaración de la mayoría de testigos.

“Este tribunal tampoco apreció durante la vista signo alguno de insinceridad en la declaración de la víctima para dudar de su credibilidad derivada de sus convicciones, prejuicios o influencias o enemistad con los procesados, a los que no conocía de nada previamente”, subraya la sentencia.

“Escenario de temor ambiental en todo el local”

La Audiencia señala además que todos los condenados, más allá del que fue autor material de la violación, “participaron en la creación de un escenario de temor ambiental en todo el local, a modo como lo habría hecho una banda violenta”, por lo que “facilitaron así las agresiones sexuales” y contribuyeron “en la creación del miedo” que le causó a la joven, la cual se llegó a orinar encima.

″(Los dos cómplices) participaron al levantarse y estar junto a la víctima cuando ésta entró en el local junto al individuo no identificado en la creación del clima intimidatorio, lo que era perceptible fácilmente por la situación en la que se encontraba la denunciante y que se refleja en los hechos probados de esta resolución y si bien no participaron materialmente en las violaciones reiteradas cometidas”, remarcan los magistrados.

Polémica actuación del fiscal

El juicio, que se celebró la pasada semana, levantó polémica después de que el fiscal Eduardo Gutiérrez sometiera a la joven a un ríspido e incisivo interrogatorio, que volvió a poner en el centro del debate el dilema sobre la revictimización de las víctimas de delitos sexuales.

Las constantes interrupciones del ministerio público y sus cuestionamientos a la víctima sobre si estaba segura de lo que narraba provocaron críticas de diversos sectores, a las que salieron al paso varias asociaciones de fiscales, que consideraron la intervención de Gutiérrez una estrategia para apuntalar el relato de la joven, que consideró “perfectamente verídico y creíble” en su informe final.

Por último, la sala ha decidido que será en fase de ejecución de sentencia cuando se aborde la posibilidad de que los condenados, de nacionalidad marroquí, sean expulsados del territorio español, donde residen de manera irregular, tal como solicitaba la Fiscalía, que solicitaba inicialmente hasta 40 años y medio de cárcel y proponía conmutar una parte de la misma por la expulsión del país

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