Datos europeos, fronteras e interoperabilidad
La última semana de marzo, el Parlamento Europeo (PE) celebró su Pleno en Estrasburgo. Esta semana sostenemos en Bruselas uno de los llamados “miniPlenos” (jornadas de miércoles y jueves, con sus respectivas votaciones), habitualmente programados para descargar de materia el orden del día y el calendario legislativo sobrecargado de Estrasburgo. Era previsible hace tiempo que llegaríamos a la recta final de esta Legislatura 2014-2019 con una sobrecarga en la agenda, leyes europeas y directivas agolpadas en el último tramo, buena parte de las cuales son flecos del Brexit de nunca acabar (los “Brexit related files”). Algunos de ellos -los más espinosos- podremos todavía discutirlos en la tercera semana de abril, a un mes de las decisivas elecciones europeas del 26-M, en que volveremos a reunirnos en la sede de Estrasburgo para intentar chutar a puerta tantas iniciativas legislativas y asuntos pendientes como resulte política y técnicamente posible, incrementando, in extremis, el balance legislador de este mandato del PE.
Y es cierto -cómo podríamos perderlo de vista- que el interminable y agónico laberinto de tensiones y votaciones fallidas en que ha devenido el Brexit en el Parlamento Británico (House of Commons) continuó consumiéndonos energías, tiempo y recursos en el pasado Pleno de Estrasburgo. Tanto que es inevitable en la recurrencia del debate una sensación de hartazgo, si no de hastío y saturación, ante la incapacidad de la política británica de responder a ninguna pregunta, interpelación o emplazamiento sin un “NO” cada vez más esperpéntico y cada vez más contradictorio con el sentido del “mandato” de abandono de la UE que dimanó del desdichado referéndum de 23 de junio de 2016.
Pero, además de eso, en el Pleno de Estrasburgo debatimos también un importante avance en la seguridad de los ciudadanos europeos, proveniente, por su objeto y contenido, de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior (LIBE), en la que he concentrado la mayor parte de mi actividad durante mi desempeño como eurodiputado. Se trata del, así llamado, “Paquete de Interoperabilidad” de las bases de datos nacionales y europeas en las fronteras de la UE. Esta “interoperabilidad” culmina los ingentes esfuerzos que la Comisión LIBE y el PE en la articulación y desarrollo del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (ELSJ, Título V TFUE). Y lo hace reforzando la capacidad de respuesta conjunta en la lucha contra el terrorismo y el crimen trasnacional mediante las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la comunicación.
El objetivo proclamado de este paquete legislativo no es otro que hacer posible que todas las bases de datos sobre control de fronteras, control de la migración, control de entradas y salidas del territorio de la UE y redes de seguridad en el intercambio de datos de antecedentes penales estén interconectadas entre sí de forma que la información que contienen puedan intercambiarse de manera estructurada. Todo ello con el propósito de una mayor seguridad de la ciudadanía en la UE frente a amenazas compartidas (la entrada y circulación de la criminalidad grave transnacional en el marco de un ELSJ sin fronteras interiores).
Las tres bases de datos actualmente en funcionamiento quedarán, por tanto, conectadas (Schengen Information System (SIS II), Visa Information System (VIS III) y Eurodac, base de dato relativa a huellas dactilares e indicadores biométricos). Además, concurren también en la interoperabilidad las tres bases de datos adicionales, que están actualmente en tramitación, y que también quedarán vinculadas en el futuro, cerrando el círculo de información. Se trata del “Entry-Exit System”, “ETIAS” y “ECRIS-TCN” (interconexión europea para las bases de datos relativos a antecedentes penales de determinados delitos de alcance transnacional y cibercriminalidad).
Se tratará, por tanto, de una potente apuesta por la interconexión de las bases de datos que incluirá cuatro sistemas operativos sofisticados y complejos. Y que afectará, sobre todo, a los ciudadanos nacionales de terceros países en su acceso al territorio de la UE. Pero procede en este punto una reflexión -y advertencia- sobre el que ha sido, sin duda alguna, un significativo escollo en la tramitación del “paquete de interoperabilidad”. Puedo explicarla en tres cautelas: a)- En ningún caso se puede o debe transigir con la extendida (pero falsa) vinculación causal entre la migración y la amenaza terrorista y el control de fronteras: urge luchar en todos los planos contra ese prejuicio, falsable, refutando la estigmatización tóxica de la extranjería en la UE que la extrema derecha reaccionaria y el nacionalismo xenófobo pretenden hacer pasar por axioma indiscutido; b)- El manejo automatizado de datos que la interoperabilidad propicia en modo alguno puede servir de coartada al “minado” de perfiles con el consiguiente impacto que ello puedo suponer en la protección de datos de carácter personal, en su confidencialidad y en el disfrute del derecho fundamental a la privacidad (art.8 CDFUE). c)- Cualquier afectación de derechos de ciudadanía deberá regularse por ley, que en ningún caso afectará a su contenido esencial, con sujeción a los principios de necesidad y de proporcionalidad de la intervención legislativa.
El Grupo Socialista (S&D) ha desempeñado un papel decisivo a la hora de equilibrar la propuesta legislativa de la interoperabilidad de las bases de datos nacionales y europeas, y ajustarla a los principios de proporcionalidad y necesidad (arts.51 a 54 CDFUE). El resultado, con todas sus exigencias desde el prisma del respeto por los derechos fundamentales, merece el apoyo del PE, ya que supone una herramienta -y no nos sobra ninguna- para luchar contra la amenaza terrorista y el crimen transnacional.
