POLÍTICA
05/02/2020 07:05 CET | Actualizado 07/02/2020 15:56 CET

De Sri Lanka a Vallecas: los barracones que el Ayuntamiento cederá a refugiados para que no duerman al raso

96 plazas estarán disponibles este mes para contrarrestar el colapso del sistema de asilo, competencia del Gobierno central.

CARLOS PINA
Barracones

Sirvieron para dar cobijo a parte de las familias desplazadas por el tsunami que sacudió a Sri Lanka hace 16 años, y este febrero, 30 de ellos se convertirán en las viviendas provisionales de 300 refugiados que a día de hoy esperan sin techo ser admitidos en España como asilados.

Los barracones que el Gobierno regional ha puesto a disposición del Ayuntamiento de la capital pretenden ser “un paso intermedio” para dar una salida a las pésimas condiciones en las que se encuentran la mayor parte de los migrantes que llegan a nuestro país con una solicitud de asilo pendiente de tramitarse. Pero tanto la naturaleza de estos módulos prefabricados, como su  instalación a las afueras del centro de la ciudad –en un polígono industrial de Vallecas lejos del gentío– despierta, cuanto menos, recelo.

“Estamos desbordados, no somos capaces, no tenemos herramientas”. Desde hace meses, las puertas del número 10 de la carrera de San Francisco –en pleno barrio de La Latina en Madrid, donde se encuentra el SAMUR SOCIAL– han sido testigo de la desesperación no sólo –aunque sí mayoritariamente– de las decenas de personas que se concentraban noche y día reclamando ni más ni menos que el reconocimiento de un derecho humano, sino también de los trabajadores del centro que se mostraban sobrepasados por las circunstancias.

EFE
Samur Social

El año 2019 cerró batiendo récords, en el peor de los sentidos. Más de 107.000 personas (el doble que en 2018) solicitaron asilo en España haciendo visible un sistema de acogida completamente colapsado.

“Ya hemos abierto un centro en Cercedilla y vamos a abrir dentro de poco otro en Casa de Campo y en Los Molinos. Quiero dar a conocer una medida que vamos a llevar a cabo entre el alcalde y yo, con la Consejería de Vivienda y que es donar 20 casas prefabricadas para que 200 personas puedan en muy poco tiempo estar en las mejores condiciones”, anunciaba la presidenta de la Comunidad Isabel Díaz Ayuso en diciembre. Hace apenas unas semanas, se avanzaba que la cifra había aumentado y que finalmente aspiran a convertirse en un total de 30 con el objetivo de acoger a 294 personas, en vez de las que se preveían en un principio.

Tres fases 

CARLOS PINA
Vista del área en obras

Por el momento, son 12 los módulos ya dispuestos en la Avenida del Mayorazgo (Ensanche de Vallecas) que, a falta de ser amueblados por el Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social, ya están pintados, conectados a las instalaciones de agua, luz y saneamiento y cuentan con pavimentos, enchufes y luminarias, mientras que otros 10 están aún en distintas fases de acabado y el Consistorio va a adquirir 6 más para personas con movilidad reducida.

Los trabajos de estos barracones van a ser realizados en tres fases, según explican desde el Área de Obras y Equipamientos que se encarga de la ejecución. “En la primera de ellas se habilitarán 12 de manera que las familias con hijos en situación más vulnerable, puedan entrar a vivir a principios de febrero”, comentan. A partir de este momento, la segunda etapa entrará en funcionamiento a finales de ese mes y terminará en marzo con el objetivo de que para entonces, el centro tenga capacidad para casi 300 solicitantes de asilo”, exponen.

60m², tres habitaciones, cocina, baño y salón

Cada vivienda cuenta con una superficie de 60m², tres habitaciones, cocina (sin equipar), baño y salón, en la que se alojarán hasta 16 personas. “La comida se proporcionará mediante un servicio de catering, por eso la instalación no tiene incorporados ciertos electrodomésticos”, explica el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte.

CARLOS PINA
Vista del interior de la vivienda.

Simultáneamente se va a realizar el acabado den los pavimentos exteriores, la instalación del alumbrado y el remate de las escaleras individuales de acceso a los módulos.

CARLOS PINA
Cocina

En total, la parcela tiene una superficie de 6.500m², de los cuales 2.500m² quedarán libres para habilitar una zona de juegos infantil y otra de esparcimiento y descanso que contará con mobiliario de exteriores y sombras a base de velas. Del mismo modo, una instalación de recepción y apoyo también permitirá crear un área de acceso con despachos, sala de personal, vestuarios y otra zona polivalente. 

CARLOS PINA
Vista del área.

De quince a treinta días de uso por familia

La previsión del Ayuntamiento es que las familias estén un tiempo máximo de 30 días en el centro, momento en el que pasarían a disposición de un recurso del Gobierno. “Ese sería un objetivo razonable, pero estamos en manos de que el Gobierno pueda hacerse cargo”, señalan fuentes del Área de Familias, Igualdad, y Bienestar Social. “Tiene que ser rotatorio y temporal, la situación no la podemos asumir desde el Ayuntamiento como permanente. El Gobierno debe tomar las riendas y encauzarlas”, apuntan.

“No vamos a permitir que se vayan hasta que tengan una alternativa”, señalaba por su parte Aniorte durante la presentación del centro hace unas semanas, junto con la vicealcaldesa Begoña Villacís y la concejala de Obras, Paloma Martín.

CARLOS PINA
Villacís, Aniorte y Martín

Sin embargo, los tiempos de espera para conseguir una cita en el sistema de asilo y obtener una plaza son mucho mayores. El proceso puede dilatarse hasta dos meses y medio, apuntan desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Una medida “cuestionada” y “tardía”

“Deducimos que la situación que veníamos denunciando desde hace semanas, de personas que estaban en situación de refugio en nuestro país y que estaban durmiendo en la calle, era una situación evitable”, exponía el diputado de Más Madrid Pablo Gómez Perpinyá recientemente. ¿Por qué la señora Ayuso y el señor Martínez-Almeida han tenido que hacerles pasar este calvario?”.

“Los refugiados se merecen viviendas dignas y servicios adecuados tanto educativos como sociales que puedan desarrollar su vida en esta comunidad, una vez que está claro que tienen su estatuto como personas refugiadas”, añadía por su parte Purificación Causapié, diputada del PSOE.

Desde Unidas Podemos también cuestionan la medida. Reiteramos que es la Comunidad de Madrid la que tiene competencias en garantizar vivienda, servicios sociales, sanidad y educación a las personas solicitantes de asilo y a los refugiados, lo avala una sentencia del Supremo reciente”, destacaba Isa Serra.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado enfatiza la importancia de escoger una zona adecuada para instalar este tipo de centros, de manera que no se estigmatice aún más la situación de los migrantes y se facilite su integración, cumpliendo con la legislación internacional y el respeto a los derechos fundamentales.

Con esta medida, el Ayuntamiento pretende ofrecer una salida al elevado número de solicitantes de asilo que la ciudad de Madrid recibe a diario, y tratar de frenar el colapso del sistema, que en última instancia depende del Ejecutivo central. La gestión será llevada a cabo por una empresa cuyo nombre aún no ha sido desvelado y el coste total ascenderá a 4,8 millones de euros anuales.

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