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09/06/2020 13:28 CEST | Actualizado 15/06/2020 11:14 CEST

Así será la vida en la nueva normalidad

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes Real Decreto Ley que regulará cómo será la salida del estado de alarma: a partir del día 21 se podrá circular previsiblemente por toda España.

Con la mitad de España ya en fase 3 y solo una etapa por delante para alcanzar la famosa “nueva normalidad”, el Consejo de Ministros —el primero presencial tras la pandemia del coronavirus— ha aprobado este martes el Real Decreto Ley, que tendrá que ser aprobado este miércoles en el Congreso, y que regulará la salida del estado de alarma.

En palabras de la ministra portavoz, María Jesús Montero, es un “recorrido que tenemos que transitar de forma segura y con todas las precauciones posibles”. “Mientras no tengamos una vacuna o un tratamiento eficaz, el virus sigue siendo una amenaza”, ha recordado antes de hacer hincapié en que no se puede “bajar la guardia”.

21 de junio: fecha clave para la movilidad

Ha sido el ministro de Sanidad, Salvador Illa, el encargado de desgranar cómo regulará el decreto la vida de los españoles, que estará vigente hasta que el gobierno declare “de forma motivada” y “habiendo escuchado a las comunidades autónomas” que la crisis sanitaria ha concluido.

“Si las cosas evolucionan en la línea que están evolucionando, el 21 de junio se van a dar las condiciones para que en toda España se pueda entrar en una nueva normalidad y por tanto se dé fin al estado de alarma y se levanten las restricciones de movilidad tal y como las hemos conocido”, ha añadido.

Estas son las normas que introduce el Decreto:

Uso obligatorio de mascarilla y multas de hasta 100 euros

En espacios abiertos y cerrados públicos siempre que no se pueda garantizar una “distancia mínima de seguridad de 1,5 metros”. Esta distancia, que antes se fijaba entre 1,5 y 2 metros, ha sido a propuesta de Ciudadanos.

Además, se mantiene la obligación de llevarla en los medios de transporte aéreo, marítimo, en autobús o por ferrocarril, así como en los transportes públicos y privados complementarios de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los vehículos de turismo no conviven en el mismo domicilio. En transporte marítimo se adapta la obligación a las particularidades de este modo de transporte.

“El incumplimiento de este artículo será sancionado con multas de hasta 100
euros y serán las comunidades autónomas y las entidades locales a las que les
corresponderá las funciones de vigilancia, inspección y control”, han señalado desde Moncloa.

Enfermedad de declaración obligatoria urgente

El real decreto recoge la declaración expresa del covid-19 como “enfermedad de declaración obligatoria urgente” e introduce el deber de las comunidades autónomas de “suministrar información cuando se produzcan situaciones de emergencia para la salud pública, para garantizar la adecuada coordinación entre las autoridades sanitarias y reforzar el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud”.

Las comunidades deberán continuar facilitando “los datos necesarios para el seguimiento y la vigilancia epidemiológica del covid-19, así como la situación de la capacidad asistencial y necesidades de recursos humanos y material”.

Pruebas a los casos sospechosos

Los servicios de salud tendrán que garantizar en todos los niveles de asistencia, pero especialmente en atención primaria, que a todo caso sospechoso se realizará “una prueba diagnóstica por PCR u otra técnica de diagnóstico molecular, tan pronto como sea posible desde el conocimiento de los síntomas, y que toda la información se transmita en tiempo y forma”.

Para ello, serán las comunidades autónomas las que deban velar para “garantizar un número suficiente de profesionales” para la prevención, control, diagnóstico y atención de la enfermedad, así como de “crear planes de contingencia para asegurar una respuesta rápida y coordinada”.

Coordinación entre administraciones y residencias

En las residencias de mayores o de personas con necesidades especiales, “las administraciones competentes deberán garantizar la coordinación de estos centros y disponer de planes de contingencia por covid-19” para la identificación precoz de posibles casos.

Prevención en los puestos de trabajo

El decreto contempla la adopción de medidas de prevención e higiene en el entorno de trabajo, como “la ordenación de los puestos de trabajo o la organización de los turnos para evitar aglomeraciones, así como en los establecimientos comerciales, en los centros residenciales de carácter social o en las actividades de hostelería y restauración”.

Así, se tomarán las “medidas necesarias para garantizar la disponibilidad de mascarillas quirúrgicas, geles hidroalcohólicos y otros productos sanitarios necesarios para la protección de la salud”.

Controles en aeropuertos y conservación de contactos de pasajeros

“Como gestora de la red de aeropuertos de interés general, Aena pondrá a disposición de Sanidad Exterior los recursos humanos, sanitarios y de apoyo necesarios con el fin de garantizar el control sanitario de la entrada de pasajeros de vuelos internacionales”, ha apuntado el Ejecutivo.

El decreto también añade las disposiciones necesarias para que los operadores de transporte “puedan ir adaptando la oferta de transporte a la evolución de la recuperación de la demanda, con objeto de asegurar una adecuada prestación del servicio, teniendo en cuenta siempre la atención a las medidas sanitarias”. 

Además, los operadores de transporte aéreo y los terrestres cuyos servicios con asientos preasignados discurran por más de una provincia tendrán que conservar la información de contacto de los pasajeros durante un mínimo de cuatro semanas y ponerla a disposición de las autoridades si así se requiere.

El CSD decidirá cómo será el regreso del fútbol y el baloncesto

También se autoriza al Consejo Superior de Deportes (CSD) para pautar las medidas de prevención en el regreso de la ligas profesionales de fútbol y de baloncesto, “previa consulta con los organizadores, las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad”.

“A mi juicio, hay que garantizar la equidad de la competición. Por tanto, no puede ser que en unos sitios se haga de una forma y en otros no”, afirmó Illa.

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