Defender el Ingreso Mínimo Vital es defender el principio de igualdad de la Constitución
Este ingreso existe desde hace décadas en todos los países europeos.
El relator especial de Naciones Unidas para la Extrema Pobreza, Philip Alston, puso de manifiesto la situación de pobreza y desigualdad que afectaba a nuestro país en su visita a principios de año. Entonces constató que en 2018, el 26,1 % de las personas y el 29,5 % de la infancia se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social y señalaba sus causas: desempleo juvenil elevado, empleos precarios mal pagados, a tiempo parcial o temporales.
Además, apuntó la necesidad de dotarnos de un Ingreso Mínimo Vital que, después de la crisis COVID-19, se hace imprescindible para abordar las consecuencias sociales y el desamparo que sufrirá una gran parte de la ciudadanía
El Ingreso Mínimo Vital existe desde hace décadas en todos los países europeos, y garantiza un mínimo de rentas para las personas en situación de necesidad que carecen de medios para subsistir, formando parte de la última red de protección del Estado del Bienestar. A diferencia de la Renta Básica, una prestación universal, incondicionada e independiente del nivel de riqueza, esta ayuda se dirige a personas vulnerables sin ningún tipo de prestación o subsidio, con carencia de recursos. Solo la percibe quien acredita estar por debajo de un umbral de ingresos.
En los últimos años, organismos como el FMI, la OCDE, la Airef y la Comisión Europea señalaban que el programa de rentas mínimas autonómicas incumplía los objetivos de reducción de la pobreza porque no llegaba a los que más la necesitaban, con coberturas e importes insuficientes.
El actual sistema de ingresos mínimos en España se encuentra fraccionado y presenta disparidades territoriales, desigualdades que afectan a la equidad y provocan que el número de beneficiarios, 310.000 hogares en 2016, sea muy inferior al de hogares sin ingresos.
Así, defender el Ingreso Mínimo Vital es amparar el principio de igualdad que figura en nuestra Constitución para procurar una red de seguridad que proteja a los más necesitados. Puede ser el esqueleto que cohesione la estructura de rentas mínimas, para lo cual son precisas la simplificación y la coordinación entre la administración central y las autonómicas
El Ingreso Mínimo Vital, ampliamente demandado por expertos y profesionales de los servicios sociales, debe ser una medida permanente, compatible con el empleo y complementaria con las rentas mínimas de las distintas comunidades autónomas.
Además, no hay que olvidar los retornos económicos que procura en el territorio, ya que potenciará la actividad económica, al reforzar el consumo para satisfacer necesidades básicas. No desarrollarlo supondría un coste en gasto público futuro.
Se estima que beneficiará a un millón de hogares, el 50% con menores a cargo, y tres millones de personas. Sería una prestación gestionada por la Seguridad Social y abonada con cargo a Presupuestos Generales de Estado como las prestaciones no contributivas.
El Ingreso Mínimo Vital no es ninguna extravagancia, pero sí que es apremiante, sólo hay que ver las largas colas de gente que se forman ante ONGs y parroquias.
Se trata de una cuestión de justicia social y supone una inversión a futuro porque trata de paliar la pobreza y evitar la exclusión social en la que pueden caer un gran número de ciudadanos de nuestro país, sobre todo, tras la pandemia por el COVID-19
