Del estado de alarma al de brote

“Es más fácil dogmatizar que discutir, vencer que convencer”.

Conde de Romanones 

Como de Santa Bárbara, en esta pandemia, solo nos acordamos de la declaración del estado de alarma cuando truena. Ahora, de nuevo, en la fase de riesgo de descontrol y alerta de la pandemia, al borde del brote permanente, con alguna importante transmisión comunitaria, y quién sabe si inmersos ya en una segunda ola, ha vuelto otra vez el debate sobre si la legislación de salud pública es la adecuada y sobre si existe una alternativa para la restricción de derechos constitucionales al margen del estado de alarma. 

Una declaración esta del estado de alarma contemplada en el texto constitucional (art. 116) para limitar entre otros la circulación o el uso de servicios en caso de epidemias, que continúa siendo rechazada aún hoy por los sectores conservadores, como una medida extrema y con excesivos riesgos, dicen que para los derechos y las libertades democráticas; eso sí, cuando está en manos de un gobierno de la izquierda. Considerada también centralizadora por sectores nacionalistas. Y por contra apoyada desde el ámbito del Gobierno de coalición como una medida no solo eficaz sino garantista y susceptible incluso de ser utilizada a la carta, también a partir de la iniciativa de las comunidades autónomas (CCAA). 

Al principio de la pandemia se recurrió a la declaración del estado de alarma, cuando las medidas de contención simple y luego agravada fueron inútiles frente a la transmisión comunitaria. A los pocos días, fue tal el incremento de la incidencia que la aplicación del estado de alarma, luego tan denostado, fue asumida como inevitable, y contó por ello con la práctica unanimidad de la opinión pública y del Parlamento, incluso de aquellos que unas pocas prórrogas después lo considerarían un estado de excepción encubierto, urdido por el Gobierno socialcomunista con el objetivo de cercenar las libertades, eludir el control de la oposición y encubrir un proyecto eugenésico. Mucho más que una mentira, una calumnia al servicio de sus objetivos conspiranóicos. 

Ya entonces parecía increíble que hubiera alguien que profetizara tal despropósito y más inconcebible aún que una parte de los ciudadanos, entre ellos los económicamente con posibles del barrio de Salamanca, se lo creyeran. Ahora, visto con la distancia que da el tiempo transcurrido, no ha habido un solo dato de la realidad que lo avale, al punto que tan solo podría llegar a calificarse como un relato delirante. 

Porque, en cuanto a la pretensión de hacerlo pasar como un estado de excepción encubierto, al margen de los lógicos debates académicos, entre otros del profesor Angaben, finalmente las limitaciones concretas de la movilidad y el distanciamiento físico lo han sido solo por estrictas razones de salud pública, pero además se ha garantizado en todo caso el control parlamentario semanal, el debate y votación quincenal de las sucesivas prórrogas y la crítica de la opinión pública y las redes sociales, y hasta incluso el ejercicio motorizado del derecho de reunión, si bien con las lógicas restricciones en pleno confinamiento.

En cuanto a la acusación del proyecto eugenésico implícito por las trágicas consecuencias de la pandemia, en particular en las residencias de ancianos y en las UCIs de los hospitales en el momento más duro del colapso, nada permite atribuirlo a la culpa y mucho menos al dolo criminal de los gobiernos, ni al central ni a la de los autonómicos. Ha sido, por el contrario, uno de los principales objetos de preocupación y de blindaje por parte de las administraciones competentes. Así lo ha entendido entre otros la fiscalía del Tribunal Supremo. Eso sí, como toda la gestión está sujeta a control y responsabilidad política. Queda, sin embargo, navegar en el morbo de las víctimas y en la judicialización.

Finalmente, con la llamada desescalada y en el actual período de control de la pandemia, no ha resultado como consecuencia ningún rescoldo de limitación del ejercicio de los derechos y libertades democráticos, y ni siquiera un tic autoritario de los muchos recortes constitucionales que desde la teoría de la conspiración se habían pronosticado. Las comparaciones de Casado con la Hungría de Orban han resultado ridículas.

Lo que sí se ha demostrado, por el contrario, han sido la utilidad y la eficacia de la declaración de estado de alarma, y de otras declaraciones de emergencia, calamidad o alerta infecciosa en Europa, para garantizar el confinamiento y con ello doblegar la curva y reducir al mínimo la incidencia de la pandemia. De hecho, no ha sido hasta su precipitada relajación, en comparación con nuestros vecinos, en la fase de llamada de desescalada y nueva normalidad, cuando ha repuntado la transmisión de la pandemia.

Cabe preguntarse ahora, por qué si no se ha cumplido ninguna de las profecías apocalípticas, y por el contrario se ha comprobado la eficacia de la declaración de alarma, no solo ya la extrema derecha, sino también sesudos dirigentes y profesores de la derecha más moderada enarbolan de nuevo el estigma y el veto al estado de alarma para exigir una batería de reformas legales que lo reemplacen, sin decir qué ventajas les atribuyen.

Porque tampoco se han cumplido los vaticinios sobre las consecuencias catastróficas de la inacción legislativa de la que han acusado al Gobierno central. Por el contrario, las medidas parciales de las leyes de salud pública adoptadas por las respectivas CCAA en Lleida, Zaragoza, Barcelona y en otras localidades, al igual que en su momento el confinamiento total, han demostrado también su utilidad para reducir la incidencia y doblegar la curva ascendente de contagios. Es cierto, sin embargo, que con los mismos mimbres legales, unos y otros no han obtenido hasta ahora los mismos resultados.

Los únicos incidentes, con más protagonismo público como excepciones que como norma, han tenido lugar con el rechazo minoritario de algunos jueces a las medidas restrictivas, algo que finalmente se ha resuelto. Al parecer, este ha sido el motivo esgrimido para modificar la legislación contencioso administrativa, para con ello trasladar el papel de control individual de los jueces a los tribunales superiores de justicia. Pero manteniendo siempre el control judicial.

Lo que no se ha hecho, porque tampoco se podría hacer, por ser inconstitucional, es imponer cualquier medida de restricción de derechos fundamentales sin el amparo del estado de alarma y sin el consiguiente control parlamentario, mediante la modificación propuesta de cualquiera de las dos leyes específicas de salud pública: la ley de medidas especiales y la ley general de salud pública de 2011.

En definitiva, que de este relato delirante no ha quedado pues casi nada, solo humo. Es por eso que la oposición se ha quedado tan solo con el estigma del estado de alarma cómo un procedimiento gubernamental, sin control y solo destinado al confinamiento total. Una imagen deformada que no se corresponde con la realidad de la norma y que es una débil excusa para el desentendimiento del PP de su corresponsabilidad en el momento decisivo de la pandemia, en que hubieran sido necesarias nuevas prórrogas con unas condiciones graduales y pactadas que luego ellos mismos han echado de menos en la llamada nueva normalidad. La famosa gobernanza.

Pero esta insistencia en el veto formal demuestra que el PP, tanto en la oposición como desde los gobiernos autonómicos, tampoco tiene entre sus previsiones futuras ningún tipo de colaboración, sino que sigue decidido a la confrontación frente a la gestión de la pandemia. En definitiva, para la derecha no se trata de mejores o peores leyes, sino de quién tiene el poder. No se trata tampoco de razón sino de emoción. Y el PP ha decidido pescar en el caladero de las emociones negativas del miedo, el morbo, el malestar y la culpa.

Por eso no hay que dejar de reivindicar nuestro actual marco legal y, en consecuencia, de utilizar cabalmente la legislación en materia de salud pública, así como la declaración del estado de alarma para dar cobertura legal a las limitaciones de movilidad y las medidas de confinamiento, desde las más laxas a las más estrictas, que por afectar a derechos fundamentales, requieran a propuesta de las CCAA de aprobación del Gobierno y del control periódico del Parlamento.

Porque seguramente que a la luz de la experiencia de esta pandemia, como también ya ha ocurrido en el pasado, surgirán evidencias científicas y experiencias en epidemiología y salud pública que impulsarán las reformas legales que modernicen la futura legislación de salud pública y, en su caso, de la legislación de emergencia. Hasta entonces, se trata de arar con viejos bueyes, que dicho sea de paso, mantienen todo su vigor.