POLÍTICA
05/11/2019 14:44 CET

Denuncian a Vox ante la Fiscalía y el Defensor por sus vídeos sobre inmigración

Por si pudieran incurrir en un delito de odio.

VOX
Vídeo de Vox que asocia inmigración y delincuencia.

Varias entidades sociales han presentado una denuncia ante el Ministerio Fiscal y una queja en el Defensor del Pueblo para que se investigue si varios vídeos elaborados y difundidos con motivo de la última campaña electoral por Vox en sus páginas y redes oficiales pudieran incurrir en un delito de odio.

Las siete organizaciones que se han unido a esta iniciativa -Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear), Red Acoge, Federación Sos Racismo, Andalucía Acoge, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Elín e Irídia- exigen “la retirada inmediata de los vídeos por poner en riesgo la convivencia y la cohesión social”. 

Según las ONG denunciantes, “en estos vídeos se difunden mensajes claramente xenófobos y discriminatorios que promueven el odio hacia la población migrante”.

“En uno de ellos se criminaliza a un colectivo especialmente vulnerable, como son los niños y niñas migrantes sin acompañamiento familiar, generalizando estas conductas violentas como algo intrínseco a la infancia migrante no acompañada”, añaden.

Estas organizaciones especializadas en migraciones alertan de que “esa generalización puede conllevar graves consecuencias para estos menores, como han sido los últimos ataques a los centros donde están acogidos”, además de dificultar su inclusión en la sociedad a través del acceso a un empleo o a una vivienda.

“Estos discursos provocan un miedo sin fundamento en la población poniendo en peligro la convivencia entre vecinos y vecinas”, denuncian.

Las entidades inciden en que “este tipo de videos, que criminalizan a la población migrante, fomentan reacciones violentas idóneas para generar un peligro cierto e inminente a este colectivo pudiendo incurrir en un delito de odio tipificado en el artículo 510 del Código Penal”.

Ese artículo establece penas de uno a 4 años de prisión y multa de seis a doce meses a quien realice públicamente el fomento, promoción o incitación directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra las personas por motivos racistas o por pertenencia a un origen nacional determinado.

En sus escritos de denuncia, las entidades firmantes instan tanto al Defensor del Pueblo como a Fiscalía General del Estado, a iniciar de forma urgente la investigación de estos hechos.

Además, solicitan a la Fiscalía a que adopten medidas cautelares de retirada de los materiales audiovisuales “no sólo para el total esclarecimiento de los hechos, sino también de cara a la protección de las víctimas y la cohesión social”.

Las ONG solicitan a todos los partidos políticos que concurren en estas elecciones que no utilicen a las personas refugiadas, migrantes y racializadas con fines electoralistas y que centren sus campañas en las propuestas para mejorar la protección de las personas y colectivos vulnerables y los mecanismos para mejorar la convivencia y la gestión de la diversidad.

Ayer lunes, la líder de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, adelantó que su partido se querellará contra Vox y contra la Junta de Andalucía por el acto electoral convocado por este partido frente a un centro de menores inmigrantes en Sevilla capital.

“No cabe mayor crueldad y cobardía que enfrentarse a niños”, denunció Rodríguez en un acto electoral en la capital hispalense.

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