Detenidos los dueños de una residencia de Madrid por la muerte de una anciana por desnutrición
El suceso se produjo una semana antes de que el centro cerrara por una denuncia de la Fiscalía.
La Guardia Civil ha detenido a dos hermanos propietarios de la residencia de mayores de Soto del Real (Madrid) por la muerte de una anciana de 101 años por desnutrición y deshidratación el 7 de julio, una semana antes del cierre del centro tras una denuncia de la Fiscalía al apreciar peligro para sus residentes.
Fuentes próximas a la investigación han indicado a EFE que uno de los detenidos es Carlos P.B., propietario junto a su hermano de la residencia Arzobispo Morcillo y presuntamente responsable de la muerte de una de las residentes, una mujer de 101 años que falleció el pasado 7 de julio en el hospital madrileño La Paz por deshidratación y desnutrición.
Además de un delito de homicidio imprudente, se les acusa de un delito de lesiones y otro contra la salud pública.
Fue un sobrino de la residente centenaria el que denunció que la muerte de su familiar podía estar relacionada con el trato que la mujer recibía en el centro. Les acusó de no suministrar la medicación adecuada a su tía que había sido prescrita en el hospital La Paz, donde había sido ingresada y dada de alta en varias ocasiones anteriores.
La Comunidad de Madrid decidió cerrar durante un año esta residencia de gestión privada, tras comprobar que el centro no estaba garantizando la adecuada atención médica, ni los cuidados básicos a los usuarios, ni la alimentación necesaria.
La decisión la tomó a petición de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, que lo solicitó tras una visita rutinaria hecha por la fiscal de Alcobendas especialista en discapacidades, en la que constató el estado “deplorable” tanto de los ancianos como de las instalaciones.
Además de urgir al cierre de la residencia, que se hizo efectivo el 12 de julio, la Fiscalía solicitó a la Guardia Civil un atestado. Fruto de esa investigación, los agentes han detenido a uno de los responsables del centro.
Uno de los responsables de la residencia explicó a la fiscal que no tenía acceso a los historiales médicos de los sesenta pacientes que se encontraban en una sala, con solo dos auxiliares para atenderlos y presentando alguno de ellos “mal estado físico”
La Fiscalía precisó en su momento que en la sala donde se guardaban los medicamentos no funcionaba la nevera donde deben conservarse aquellos que deben estar a baja temperatura, de modo que se había roto la cadena de frío en casos como la insulina.
También detectaron “bastante suciedad, falta de higiene, comida en dudoso estado de conservación, así como otra habitación que, a modo de almacén, servía para acumular cajas llenas de medicamentos”.
Había riesgo de incendio al no funcionar las mangueras, y el cuarto de calderas tenía una fuga de agua.
Además de decretar el cierre, la Comunidad de Madrid impuso una sanción a los propietarios de 127.000 euros.
El pasado mes de febrero ya había impuesto una sanción de 24.204 euros a la residencia por falta de mantenimiento y limpieza y por tener menús que no habían sido supervisados por personal cualificado.
