ECONOMÍA
22/01/2020 17:59 CET | Actualizado 22/01/2020 20:23 CET

El Gobierno, sindicatos y patronal acuerdan subir el salario mínimo hasta los 950 euros

"Es uno de los días más felices de la democracia", ha dicho la ministra de Trabajo.

El HuffPost

El Gobierno, sindicatos y patronal han acordado subir el salario mínimo interprofesional hasta los 950 euros, según ha anunciado la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz

Así lo ha señalado Díaz este miércoles tras una reunión con el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, y el de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Gerardo Cuerva, y con los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez, en la que ha sido la primera reunión con agentes sociales tras la formación del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez.

Se trata de una primera toma de contacto que ha tenido lugar en el Ministerio de Trabajo. Este incremento supone 50 euros más respecto a los 900 euros fijados para 2019, tras un alza histórica del 22,3 %.

Tanto el PSOE como Unidas Podemos, se comprometieron a subir el SMI hasta alcanzar progresivamente el 60% del salario medio en España, tal y como se recoge en la Carta Social Europea, y por lo que previsiblemente se elevaría el SMI hasta los 1.200 euros al final de la legislatura.

El presidente del Gobierno emplazó a acordar en el marco del diálogo social el incremento del SMI en 2020 y también anunció que crearía una Comisión asesora del Ministerio de Trabajo, compuesta por expertos, sindicatos y empresarios, que estudiará la evolución del SMI.

El despido por absentismo

Además, Díaz ha señalado que va a aprobar “en breve” un decreto ley para derogar el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores que permite el despido por absentismo laboral intermitente en un determinado periodo de tiempo, aunque esté justificado.

En la rueda de prensa, la ministra ha explicado que el decreto ley está “redactado y listo”, pero que aún queda por recabar la opinión de los propios agentes sociales y de todos los partidos políticos, dado que se trata de una figura legislativa que requiere de la convalidación parlamentaria.