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14/01/2020 17:26 CET

Dos guardias civiles, denunciados por discriminación lingüística: "A mí me habla en español"

Un joven los saludó con un “bona vesprada”, en valenciano.

Álvaro Ballesteros/Europa Press via Getty Images

La Plataforma per la Llengua ha denunciado a dos guardias civiles de Tavernes de la Valldigna (Valencia) por presuntamente obligar a unos jóvenes a hablar en castellano y retenerlos en un control de alcohol y drogas, además de decirles: “A mí me hablas español, que estamos en España”.

La denuncia, por abuso de autoridad y discriminación lingüística, reclama sanciones para los agentes y está presentada en la Subdelegación del Gobierno en Valencia y en la Oficina de Derechos Lingüísticos de la Generalitat Valenciana, detalla la organización en un comunicado.

Los hechos se produjeron el domingo 29 de diciembre cuando los cuatro jóvenes viajaban en coche al Festivern, un festival que acoge Tavernes en Nochevieja y los días previos. La patrulla de Guardia Civil paró al grupo durante 40 minutos a la salida de una gasolinera, en un control de alcoholemia y estupefacientes.

Según la plataforma, la conversación arrancó con un “bona vesprada” del conductor, a lo que uno de los agentes le contestó directamente: “A mí me habla en español, que estamos en España”. El joven le replico recordándole su derecho a “parlar en valencià” y el guardia civil le advirtió: “Si continúa hablándome en valenciano, no nos vamos a entender y me lo llevaré al cuartel. Me va a hablar en español”.

Si continúa hablándome en valenciano, no nos vamos a entender y me lo llevaré al cuartel

El joven Raúl Diego se desplazó entonces hasta el coche patrulla para realizar las pruebas de alcohol y drogas, mientras el agente lo dejó “aislado y sin permitirle coger una chaqueta a pesar de que estaba temblando por el frío”.

Seguidamente, el guardia civil lo mantuvo “retenido” durante más de 20 minutos, al tiempo que otro conductor “no tardó más de cinco hablando en castellano”. Plataforma per la Llengua asegura que hizo afirmaciones como “si no me habla en español lo llevaremos al cuartel hasta que llegue un intérprete y se les fastidiará la fiesta” o “si no consigue salivar lo suficiente en el test de drogas lo llevaremos al cuartel por negarse a realizar la prueba”.

Mientras tanto, el responsable de la patrulla fue al coche de los jóvenes y se dirigió a Anna, que estaba hablando con una amiga en valenciano, para decirle: ”¿Por qué no habláis español si estamos en España?”, a lo que ella replicó afirmándole que les estaban “reteniendo de forma ilegal por no hablar español”.

Ante esta situación, la joven fue a otro coche para informarles del caso e instarles a hablar en valenciano. El mismo guardia civil le advirtió que “si les incitan a hablar en valenciano están obstruyendo a la autoridad” y serían conducidos al cuartel, a lo que ella le recordó su “derecho a la resistencia” y quejarse.

“Como siga así, se meterá en líos”, le auguró el agente, antes de decirle a Raúl que si su compañera continuaba con esa actitud la detendría por la Ley de Seguridad Ciudadana, que Plataforma per la Llengua recuerda que es más conocida como la ‘ley mordaza’.

“Prejuicio ideológico”

Por todo ello, la organización cree que “los guardias civiles entendieron perfectamente la expresión en valenciano de las personas retenidas en el control de Tavernes, además de considerar como un acto de desobediencia la expresión normal en valenciano”. “Son hechos que hay que considerar como muestras de prejuicio ideológico, impropios de miembros de un cuerpo de seguridad del Estado”, ha recalcado el portavoz Manuel Carceller.

Las fuerzas de seguridad deben garantizar por ley la atención al ciudadano en la lengua que solicite, siempre que sea la oficial en el territorio

“Los guardias civiles y el resto de fuerzas de seguridad deben garantizar por ley la atención al ciudadano en la lengua que solicite, siempre que sea la oficial en el territorio”, como recoge la ley estatal.

Esta normativa, “aunque no obliga a los funcionarios individualmente a saber valenciano, sí que impone a la administración un deber de organizarse, de manera que la atención en esta lengua esté disponible”. “En todo caso, un trabajador público no tiene el derecho de exigir a un ciudadano que no hable su lengua cuando se trata de una oficial, ni puede amenazarlo o intimidarlo en un servicio por esta razón”, ha subrayado el representante de la plataforma.