EEUU juega con la vida de una mujer para finalmente ejecutarla en 24 horas

El asalto y la violencia que vimos en el Capitolio el seis de enero no han sido las últimas voluntades del todavía presidente de los Estados Unidos Donald Trump. Siete días antes de dejar el cargo, la administración Trump ha ejecutado a Lisa Montgomery demostrando una vez su desprecio por la vida. La ejecución se pospuso dos veces, primero por COVID-19; luego por un juez del estado de Indiana, hasta que un fallo de la Corte Suprema despejó el camino para que tuviera lugar en las primeras horas del miércoles 13 de enero. Recibió una inyección letal en la prisión de Terre Haute, Indiana y fue declarada muerta a la 01:31, hora local.

Lisa Montgomery nació con daño cerebral, padecía una enfermedad mental y sufrió graves abusos cuando era niña. Había aceptado la responsabilidad total por su crimen y que nunca saldría de prisión, pero según palabras de sus abogadas, “el Gobierno no se ha detenido ante nada en su celo por matar a esta mujer. La ejecución de Lisa está muy lejos de lo que es la justicia, todas las personas que han participado en esta ejecución deberían sentir vergüenza”.

Por supuesto, las personas cercanas a la víctima del terrible crimen cometido por Lisa Montgomery tenían todo el derecho a ver cómo rendía cuentas, pero en un juicio justo y sin recurso a la pena de muerte. Además, ejecutar a personas con graves discapacidades mentales e individuales constituye una violación del derecho y las normas internacionales. A la administración Trump no le ha importado, una vez más, ignorar los derechos humanos. Y no ha sido la primera vez: después de diecisiete años, la administración Trump reanudó las ejecuciones federales el año pasado. En seis meses, once personas han sido ejecutadas en virtud de la legislación federal, más que todo el país en todo el año 2020. Todos estos casos, además, han estado marcados por el sesgo racial, las condenas a personas con graves discapacidades mentales e intelectuales y la inadecuada asistencia letrada, factores que caracterizan a la pena de muerte en Estados Unidos

El caso de Lisa Montgomery es un ejemplo más del sinsentido que es la pena de muerte. Tan solo un día antes, el juez federal James Hanlon ordenó la suspensión de la ejecución, con el objetivo de que pueda tener lugar una audiencia de competencia sobre el caso. Sin embargo, tan solo unas horas después, la Corte Suprema de Estados Unidos levantaba la suspensión dictada por el juez Hanlon. Antes, numerosas personalidades, como las actrices Scarlet Johansson o Susan Sarandon habían habían pedido clemencia al presidente. Una clemencia que no llegó.

La semana pasada vimos hasta dónde puede llegar el presidente Trump y su administración en su desdén por la justicia y el estado de derecho. El presidente Trump alentó a la violencia y al desorden a sus simpatizantes, y horas después, cientos de personas irrumpieron en el Capitolio, tomándolo al asalto y dejando unas imágenes que pesarán para siempre en la historia de los Estados Unidos.

Este Gobierno se suma a la larga lista de personas e instituciones que han fallado a Lisa Montgomery y ha demostrado con la ejecución, no solo de Lisa, sino de todas las personas ejecutadas anteriormente, cómo está fuera de sintonía con el impulso general de la abolición. En todo el mundo, los países se están alejando cada vez más de la pena de muerte. En los Estados Unidos, veintidós estados han abolido la pena de muerte, mientras que en los cincuenta estados la gente lucha incansablemente para poner fin a este castigo totalmente fuera de época.

Kelley Henry fue una de las abogadas de Lisa Montgomery. Contrajo COVID-19 en uno de los viajes para visitarla en la prisión de Terre Haute, en Indiana. Durante más de ocho años intentó que Lisa abandonara el corredor de la muerte. Tras la ejecución dijo: “debemos reconocer la ejecución de Lisa Montgomery por lo que fue: una muestra del vicioso e ilegal ejercicio innecesario del poder autoritario. No podemos dejar que esto vuelva a suceder”. Y no dejaremos de trabajar para que no vuelva a suceder. Aún quedan dos personas en riesgo de ser ejecutadas antes de que la administración Trump deje sus cargos. Corey Johnson el 14 de enero; y Dustin Higgs, el 15 de enero. Sus abogados han subrayado que los defectos y arbitrariedades que desde hace tanto tiempo afectan al uso de la pena capital en Estados Unidos están presentes también en sus casos.

Todas las personas estamos de acuerdo en que la tortura es una práctica cruel, inhumana y degradante y estamos en contra. La pena de muerte es igual de cruel, inhumana y degradante, razones suficientes para estar, igualmente, en contra de algo que solo debería aparecer en los libros de historia como una mancha de nuestra sociedad; una más en estos tiempos oscuros que vivimos.

*ACTUALIZACION: Una nueva ejecución federal tuvo lugar en la noche del 14 de enero. Corey Johnson, quien sufría una discapacidad intelectual, fue ejecutado mediante inyección letal, a pesar de que sus pulmones habían quedado dañados por una infección provocada por COVID-19 en diciembre de 2020.″