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17/08/2020 11:45 CEST | Actualizado 17/08/2020 11:45 CEST

El acuerdo sobre remanentes es una bicoca para los ayuntamientos

En caso de no acogerse, tendrán que explicar a sus ciudadanos la renuncia a una subvención tan importante.

Europa Press News via Getty Images
Imagen de archivo del líder del PP, Pablo Casado. 

Denuncio que el PP, que hace gala de constitucionalista, demuestre a la primera de cambio que los principios constitucionales, como el de autonomía municipal, son para este partido papel mojado. El presidente del PP, Sr. Casado, se ha permitido dar instrucciones a sus alcaldes y alcaldesas para que no presten el remanente al Tesoro Público y que rechacen la participación en el fondo de 5.000 millones de euros de financiación extraordinaria para luchar contra la crisis social y económica provocada por la pandemia de la covid-19. ¿No cree el PP en el principio de autonomía municipal? ¿No ve razonable que cada ayuntamiento haga sus cálculos para decidir al respecto? ¿No deciden los alcaldes del PP, sino que decide el partido?

Aparte de esta cuestión, el PP, además de otros partidos, ha manifestado su voto en contra a la convalidación del Real Decreto Ley de Medidas Financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales. Si no saliese convalidado este real decreto significaría que los ayuntamientos no podrían acogerse a una batería de medidas de financiación local como son: la utilización del destino del superávit de 2019, la prórroga del superávit del 2018, la participación en un fondo de 5.000 millones de euros por la colocación del remanente en el Tesoro Público, quedar libres del cumplimiento de la regla de gasto en el 2020, el apoyo a los municipios con problemas de liquidez, el fondo de hasta 400 millones de euros para el transporte público colectivo urbano, el mantenimiento de las entregas a cuenta del año 2019 en el 2020, la participación de las entidades locales en el Fondo Europeo de Reconstrucción o la reforma del sistema de financiación local, entre otras. Por ello, es necesario que la convalidación salga adelante, independientemente de que luego los ayuntamientos se acojan o no a una de las medidas, de carácter voluntario, como es poner a disposición del Tesoro Público el remanente para gastos generales. Si no se aprueba la convalidación en el Congreso de los Diputados, se ocasionaría un extraordinario perjuicio a las haciendas locales, puesto que son muchas y muy diversas las medidas de financiación que en él se integran.

La alternativa es utilizar el remanente para amortizar deuda municipal, lo que significa ir en dirección contraria a la política que la UE y el Gobierno están llevando a cabo.

Con relación a la movilización de los remanentes de tesorería, una de las medidas, de carácter voluntario, considero que es una auténtica “bicoca” para los ayuntamientos, y que la única razón para no acogerse es de carácter meramente partidista y de desgaste al Gobierno progresista de Pedro Sánchez.

Esta medida significa poner solución a un problema que desde el año 2012 se viene produciendo en las haciendas locales como consecuencia de la aplicación de la ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, también denominada “Ley Montoro”. Los Ayuntamientos han ido acumulando remanentes líquidos de tesorería positivos (RLTGG) de hasta 14.000 millones de euros, por no poder utilizarlos en gastos generales, debido al corsé que esta ley supuso para su utilización. El acuerdo al que ha llegado el Ministerio de Hacienda con la FEMP respeta el principio constitucional de equilibrio presupuestario de las entidades locales y ofrece una solución para  poder utilizar los remanentes, ya que hay interés político en que estos remanentes se aprovechen para luchar contra la pandemia y la crisis.

Las ventajas de los ayuntamientos para acogerse a esta movilización de sus remanentes son de mucha consideración. En primer lugar, dejarán de pagar el interés a los bancos por los saldos en sus cuentas (muchos de ellos están pagando hasta 0,4% de interés anual). En segundo lugar, van a poder disponer de un fondo de 5.000 millones de euros durante los años 2020 y 2021, para gastos sociales, agenda urbana y movilidad, lucha contra el cambio climático, actividad cultural e infraestructuras deportivas. La aplicación de este fondo significará para un ayuntamiento conseguir una subvención, no reintegrable, de entre el 35% y más del 50% del remanente que transfiera, y su aplicación no computará a efectos de la regla de gasto. En tercer lugar, sus remanentes los transferirán al Tesoro Público como un préstamo remunerado que le será devuelto en 10 años y un máximo de 15 años con intereses ventajosos. En cuarto lugar, los reintegros de este préstamo podrán utilizarse en gastos municipales sin computar tampoco en la regla de gasto.

En el caso de Madrid, el remanente supera los 1.000 millones de euros y podría tener una subvención de hasta 500 millones a fondo perdido.

Por ser una medida voluntaria, las entidades locales deberán hacer sus cálculos y tomar su decisión. La alternativa es utilizar el remanente para amortizar deuda municipal, lo que significa ir en dirección contraria a la política que la UE y el Gobierno de España están llevando a cabo de inyectar el máximo de liquidez a la economía y a las administraciones para abordar la recuperación a esta crisis social y económica. Los ayuntamientos, en caso de no acogerse, tendrán que explicar a sus ciudadanos la renuncia a una subvención tan importante. En el caso de Madrid, el remanente supera los 1.000 millones de euros y podría tener una subvención de hasta 500 millones a fondo perdido, Málaga tiene un remanente de 78 millones de euros y podría obtener una subvención de hasta 39 millones, Almería tiene remanentes de 35 millones de euros y podría obtener hasta 18 millones o Córdoba con un remanente de 19 millones de euros podría obtener una subvención de hasta 9 millones.

Considero una irresponsabilidad no aprovechar esta oportunidad histórica de movilizar los remanentes ociosos en los bancos. Por responsabilidad y por interés general, las entidades locales deben hacer sus cálculos con rigor y no someterse a consignas partidistas, porque es mucho lo que todos nos estamos jugando.

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