El artículo 116: el arma secreta de la Comisión Europea contra los paraísos fiscales

El artículo 116: el arma secreta de la Comisión Europea contra los paraísos fiscales

Una iniciativa que no va a gustar nada a Mark Rutte, primer ministro de Países Bajos.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una rueda de prensa junto a la canciller de Alemania, Angela Merkel, con motivo del inicio de la presidencia rotatoria de la UE de Alemania.JOHN THYS via Getty Images

El artículo 116 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Este es el arma secreta que tiene preparada la Comisión Europea contra los países de la Unión Europea que cuentan con políticas fiscales agresivas para atraer a las grandes multinacionales.

La Comisión Europea —que preside la alemana Ursula Von der Leyen— tiene intención de aplicar este artículo para forzar cambios en los sistemas fiscales de algunos miembros del club comunitario, como Países Bajos, Luxemburgo e Irlanda, al considerar que los bajos impuestos que aplican estos países distorsionan la competencia en el mercado único, según ha publicado este martes el periódico económico británico Financial Times.

El hecho de que grandes empresas como Amazon o Netflix se instalen en países como Irlanda o Países Bajos afecta a la recaudación de impuestos de otros socios del club comunitario en un momento especialmente delicado para la economía por el coronavirus.

Hace un año salieron a la luz los pocos impuestos que pagaba Netflix en España. Las dos filiales del gigante de la producción audiovisual por streaming en el país pagaron únicamente 3.146 euros por el impuesto de sociedades en su primer ejercicio fiscal en España, según desveló Cinco Días.

Este es el artículo 116 que se pretende utilizar:

Artículo 116

En caso de que la Comisión compruebe que una divergencia entre las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de los Estados miembros falsea las condiciones de competencia en el mercado interior y provoca, por tal motivo, una distorsión que deba eliminarse, procederá a celebrar consultas con los Estados miembros interesados.

Si tales consultas no permitieren llegar a un acuerdo para suprimir dicha distorsión, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptarán, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, las directivas necesarias a este fin. Podrán adoptarse cualesquiera otras medidas apropiadas previstas en los Tratados.

Este artículo —que nunca se ha utilizado— permite al Ejecutivo comunitario abrir una ronda de consultas con los Estados miembros si detecta distorsiones en el mercado interno. Si no hay acuerdo entre los diferentes países, este instrumento permite proponer una directiva para corregir esas diferencias.

Esta directiva puede ser aprobada por una mayoría cualificada de los Estados miembros. Es decir, se requiere el voto favorable del 55% de los países, que representen al menos el 65% de la población de la UE. Además, debe contar con el respaldo del Parlamento Europeo.

Esto supone una importante novedad respecto a lo que ocurre en la actualidad con la legislación tributaria, ya que no sería necesaria la aprobación por unanimidad, es decir, con el voto a favor de los 27 países.

Se eliminaría, por tanto, el derecho a veto que tienen los países en la actualidad. Este veto ha ralentizado las negociaciones para poner un nuevo impuesto a las multinacionales digitales —conocido como tasa Google— o una directiva para impulsar una armonización del impuesto sobre sociedades.

La iniciativa se dará a conocer este miércoles por el vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombvrovskis, y el comisario de Economía, Paolo Gentiloni. Ambos expondrán los planes del Ejecutivo comunitario para combatir la evasión fiscal dentro de la UE.

La fecha para anunciar esta iniciativa no es casual, ya que la comparecencia se produce el mismo día que está previsto que el Tribunal General de la UE se pronuncie sobre las ventajas fiscales concedidas a Apple por parte de Irlanda. La Comisión Europea reclamó a Dublín que exigiera a la multinacional tecnológica la devolución de 13.000 millones de euros.

Además, se produce tres días antes de la celebración de la cumbre del Consejo Europeo, en la que los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 países del club buscarán un acuerdo sobre el fondo de reconstrucción para relanzar la economía tras la pandemia.