El Congreso promete arduos debates económicos para discutir entre 23 partidos

El Congreso promete arduos debates económicos para discutir entre 23 partidos

Si finalmente prospera la investidura de Pedro Sánchez y el Gobierno de coalición con Unidas Podemos, muchas de estas iniciativas se verán forzosamente enmendadas tras ser sometidas a negociación.

Congreso de los DiputadosEFE

El nuevo arco parlamentario compuesto por 23 partidos promete arduos debates para poder sacar adelante políticas económicas que necesariamente tendrán que ser negociadas por un Gobierno de coalición en minoría, entre ellas, los Presupuestos de 2020 que incluirán una subida de impuestos.

Los diputados del PSOE, PP, Vox, Podemos, Ciudadanos, IU, Galicia en Común, En Comú Podem, PNV, ERC, JxCAT, EH Bildu, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Partido Regionalista Cántabro (PRC), Teruel Existe, Navarra Suma, Compromís, Foro Asturias, Más País, Equo, BNG, y la CUP tendrán que debatir -desde posiciones políticas antagónicas- sobre la derogación o no de la reforma laboral, la subida de las pensiones y el salario mínimo o el nuevo impuesto a las transacciones financieras y la ‘tasa Google’.

Si finalmente prospera la investidura de Pedro Sánchez y el Gobierno de coalición con Unidas Podemos, muchas de estas iniciativas se verán forzosamente enmendadas tras ser sometidas a negociación.

Los diferentes posicionamientos económicos se reflejarán en las votaciones pero antes se habrán tenido que negociar los apoyos y, en algunos casos, a cambio de dar prebendas a los regionalistas.

El primer debate de envergadura será el de las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado de 2020, que se prevé para el año que viene.

Sánchez intenta atar ya los apoyos de ERC, tal como dejó entrever recientemente la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, que dijo que la ‘música global’ del proyecto de Presupuestos para el próximo año debería formar parte de las negociaciones con ERC de cara a la investidura.

Todavía queda tiempo para echar cuentas, aunque en ese debate quedarán patentes dos posicionamientos: el de la derecha en contra de subir impuestos y aumentar el gasto público en un momento de desaceleración económica, y el de la izquierda a favor de aumentar la recaudación a través del endurecimiento de la fiscalidad a las grandes empresas.

Superado este primer trámite presupuestario, el Pleno del Congreso también tendrá que discutir otras leyes económicas de peso, toda vez que en el preacuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos aparece como clave la lucha contra el cambio climático.

El Ejecutivo socialista tiene pendiente aprobar cuanto antes la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

El anteproyecto propone avanzar hacia una fiscalidad verde y que a partir de 2040 todos los nuevos vehículos sean de cero emisiones.

Estos planteamientos chocan con los de partidos como Vox, que tacha de alarmista la crisis climática y avisa de que algunas medidas podrían poner en peligro el empleo de algunos sectores.

Así, mientras Vox rechazará en el Congreso acabar con los vehículos diésel, Unidas Podemos defenderá crear un Banco de Inversión público para la Transición Tecnológica y Económica (BITTE) o acelerar el cierre de las centrales nucleares.

A su vez, los 350 diputados deberán discutir sobre un nuevo Estatuto de los Trabajadores, sobre la revalorización de las pensiones o sobre la reforma del régimen especial de autónomos para que este colectivo cotice por sus ingresos reales.

El PP ha ofrecido al PSOE pactos de Estado en grandes asuntos como las pensiones o los Presupuestos, pero habrá que esperar a la Comisión del Pacto de Toledo para comprobar si los nuevos debates parten de las recomendaciones casi cerradas hace un año o si van a empezar de cero.

Por otra parte, al enfrentamiento entre izquierda y derecha podría sumarse el debate interno en materia laboral que puedan tener los socialistas con sus socios de Gobierno -Unidas Podemos- .

La formación morada ha asumido que tendrá que ceder en temas como el impuesto a la banca, la conversión de Bankia en un banco público, o en medidas para regular los precios de los alquileres, pero queda pendiente ver cuál será su discurso cuando estos temas salgan a debate en el Pleno de la Cámara Baja.

Subir o no el salario mínimo en los próximos cuatro años o volver a debatir la renta mínima de 426 euros para desempleados -planteada por iniciativa popular y que vuelve a activarse con la nueva constitución de las Cortes- son otras polémicas que enfrentarán a izquierda, derecha, regionalistas e independentistas.